De la Espriella ordena revisar y trasladar a los presos que están en guarniciones militares y estaciones de Policía
El presidente afirmó que quienes no cumplan los requisitos legales para permanecer en esas instalaciones deberán ser trasladados, en el marco de su política contra los privilegios para condenados por corrupción.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que ordenó revisar la situación de las personas privadas de la libertad que permanecen en guarniciones militares o estaciones de Policía, con el fin de proceder a su traslado cuando no cumplan las condiciones legales para permanecer en esos lugares.
La instrucción fue presentada por el mandatario durante el séptimo punto de su alocución presidencial de este domingo 13 de septiembre, dedicado a lo que denominó el fin de los privilegios para los corruptos. De la Espriella sostuvo que las personas condenadas por corrupción no deben recibir un trato especial durante el cumplimiento de sus penas por el cargo que ocuparon o por sus relaciones.
Durante su intervención, el presidente señaló que la revisión deberá realizarse conforme a las disposiciones legales y estará dirigida a quienes actualmente permanecen privados de la libertad en instalaciones de la Fuerza Pública.
«He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía, sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí», afirmó.
De acuerdo con lo expresado por el mandatario, la instrucción contempla dos acciones: revisar las condiciones bajo las cuales permanecen estas personas en esas instalaciones y proceder con los traslados correspondientes cuando no exista fundamento legal para que continúen allí.
En su alocución, De la Espriella no entregó un número de personas que serían objeto de la revisión ni identificó casos particulares. Tampoco precisó un plazo para el cumplimiento de la orden ni las entidades encargadas de ejecutarla.
El presidente cuestionó los privilegios para condenados por corrupción
El mandatario centró su intervención en los casos de personas que, según sus declaraciones, utilizaron posiciones dentro del Estado para apropiarse de recursos públicos.
«La corrupción no es un delito sin víctimas», afirmó De la Espriella, antes de referirse a las consecuencias que, según explicó, tiene el desvío de recursos destinados a diferentes servicios.
El presidente mencionó específicamente los dineros destinados a alimentación escolar, educación, salud, agua potable, carreteras, hospitales y colegios. En cada uno de esos casos, sostuvo que la apropiación de recursos públicos termina afectando a ciudadanos que dependen de esos servicios.
Su argumento estuvo dirigido a cuestionar que una persona condenada por corrupción pueda posteriormente acceder a condiciones que calificó como privilegiadas durante el cumplimiento de su pena.
«Me niego a aceptar que quienes utilizaron posiciones privilegiadas dentro del Estado para saquear los recursos públicos, que son del pueblo, pretendan después convertir el cumplimiento de una condena en una estadía privilegiada», manifestó.
«Los delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior»
En otro momento de su intervención, De la Espriella se refirió a los llamados «delincuentes de cuello blanco» y rechazó que puedan recibir un tratamiento diferente frente a otras personas condenadas.
«Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior», afirmó el presidente.
El mandatario agregó que el daño causado por hechos de corrupción puede afectar a un número amplio de personas, debido a que involucra recursos que estaban destinados a programas y servicios públicos.
De la Espriella insistió en que el cumplimiento de las penas debe darse en igualdad de condiciones y sin consideraciones asociadas al cargo previamente ocupado por la persona condenada o a su entorno.
El anuncio se suma a los demás puntos expuestos por el presidente durante la alocución, en la que presentó un conjunto de decisiones e instrucciones de su administración. La Casa de Nariño no ha informado hasta el momento si se expedirá un acto administrativo adicional para reglamentar la orden ni cuándo comenzarían los eventuales traslados.