🚨 DENUNCIA: funcionario público se habría apropiado de vehículo oficial para un uso irregular

El pasado 5 de abril de 2025, a las 2:00 a.m., en el centro de Popayán, se registró un accidente que involucra a un alto funcionario municipal. La camioneta JOU‑324, propiedad de la Personería Municipal, fue colisionada por una motocicleta, y al volante estaba Diego Fernando Rodríguez Alegría, jefe de Control Interno de la Alcaldía de Popayán, y dirigente del Partido MIRA, según el acta de inmovilización emitida por la Secretaría de Tránsito local.

Este incidente no es un accidente de tránsito cualquiera: revela una alarmante mezcla de roles y probable uso indebido de recursos públicos. Rodríguez Alegría, cuya función debería ser el control y vigilancia del uso del erario, aparece usando un vehículo perteneciente a otra dependencia, la Personería, en plena madrugada.

¿Quién autorizó este préstamo del vehículo? ¿Por qué un funcionario de la Alcaldía estaba conduciendo fuera de su horario laboral, y con un automotor que no le pertenece administrativamente? Estas preguntas exponen vacíos graves en los mecanismos de control institucional. En particular, sorprende que la camioneta, asignada a la Personería Municipal, estuviese en manos de un funcionario externo a esa dependencia .

La acción de Rodríguez Alegría tiene implicaciones muy serias. Como jefe de la Oficina de Control Interno, su función es supervisar el correcto uso de bienes públicos… pero él mismo viola esa confianza. Esta situación podría derivar en una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, e incluso de la Fiscalía, por posible malversación de bienes públicos y abuso de funciones.

Además, el hecho deteriora la percepción ciudadana sobre la transparencia y la gestión municipal. Si quien vigila el correcto uso de los recursos incurre en irregularidades, ¿qué mensaje se transmite a los ciudadanos? ¿Cómo se restaurará la confianza en la institucionalidad local?

En redes sociales y medios locales, el caso ha llovido críticas. Un lector en un grupo de noticias preguntaba: “¿Por qué un vehículo de la Personería, que debe velar por las conductas de los funcionarios, está prestado a un directivo de la Alcaldía a esa hora?”. Otros denuncian una práctica sistemática de apropiación de bienes oficiales sin justificativo ni control.

El accidente del 5 de abril no debe verse solo como un hecho aislado, sino como la punta del iceberg de un sistema institucional débil y permisivo con los funcionarios. La Alcaldía de Popayán y la Personería Municipal deben responder con claridad: presentar las autorizaciones, justificar el uso del vehículo, y tomar acciones jurídicas o disciplinarias si se comprueba el uso indebido. La ciudadanía espera respuestas firmes y acciones ejemplares.

Este caso no es un simple choque, sino una señal de alarma sobre la falta de control en el manejo de bienes públicos por parte de quienes deberían ejercer vigilancia. La prioridad ahora: abrir investigaciones transparentes y garantizar que la legalidad rija por igual funcionarios y ciudadanos.