Denuncian presunta red de contratación irregular y falsedad en domicilios en la Alcaldía de Puracé
Una queja anónima radicada ante los entes de control advierte sobre un supuesto esquema para restringir la competencia mediante el "factor territorial".
favoreciendo a contratistas con direcciones presuntamente ficticias y sobrecostos millonarios en maquinaria y suministros.
Una grave denuncia ha puesto bajo la lupa la gestión contractual de la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, correspondiente a las vigencias 2024 y 2025. El documento, allegado a los entes de control, detalla presuntas irregularidades en aproximadamente 26 procesos de obra y consultoría en los que se habría vulnerado la libre competencia y la transparencia administrativa. A este panorama se suma la situación disciplinaria del alcalde Jorge Armando Andrade Molano, quien enfrenta una investigación de la Procuraduría por presunta violencia de género
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Según la denuncia, la administración municipal habría incorporado un "factor territorial" como requisito excluyente, exigiendo que las Mipymes participantes tuvieran domicilio dentro del municipio, una maniobra que, según los hechos descritos, buscaba favorecer a oferentes específicos mediante información falsa.
El esquema de los "falsos locales"
El eje central de la denuncia recae sobre dos contratistas recurrentes: los ingenieros Edinson Acosta y Deby Muñoz^4. De acuerdo con la investigación ciudadana, estos proponentes justificaron su participación bajo la modalidad de Mipymes locales presentando direcciones en el municipio de Puracé que no corresponderían a sus sedes reales.
La dirección carrera 2 #1-20, barrio Santa Mónica, presentada por la contratista Deby Muñoz, no cuenta con oficina ni establecimiento comercial. Peor aún, verificaciones en terreno indican que este domicilio pertenecería a un familiar de la gestora social del municipio, Angie Hool. Una situación similar ocurre con la dirección en el barrio Nuevo Coconuco, vinculada al ingeniero Acosta, donde tampoco existiría vínculo real con el proponente.
Lo paradójico del caso es que plataformas oficiales como el SIA Observa evidencian que estos mismos contratistas registran su domicilio real en el municipio de Sucre, Cauca, para otros procesos, lo que contradice la información jurada ante la administración de Puracé.
Maquinaria amarilla y sobrecostos en la calamidad pública
Otro de los capítulos más alarmantes del documento se refiere a la adquisición de maquinaria amarilla bajo la figura de calamidad pública. Se trata del contrato CD-094 de 2025, cuyo objeto era la compraventa de maquinaria para la gestión del riesgo.
Las presuntas irregularidades detectadas incluyen:
- Extemporaneidad: El contrato se registró con fecha del 20 de mayo de 2025, a pesar de que la declaratoria de calamidad pública había finalizado el 16 de mayo, cuatro días antes.
- Cotizaciones dudosas: Las cotizaciones presentadas no eran ofertas comerciales formales, sino folletos técnicos sin valores ni fechas, lo que impidió una comparación real de precios.
- Presunto sobrecosto: La inversión total fue de más de $2.998 millones, mientras que el valor comercial de la maquinaria, comparado con procesos similares en el departamento, no superaría los $1.700 millones. No existen soportes técnicos que justifiquen una diferencia de más de $1.200 millones.
Insumos fantasmas y destinación indebida
La denuncia también expone irregularidades en contratos de suministro que afectan directamente a la población vulnerable y campesina:
- Botiquines con sobrecosto: En el contrato CD 079 de 2025, se adquirieron 50 botiquines tipo C a un valor unitario de $1.900.100. Sin embargo, solo hay evidencia de la entrega de 10 unidades y el precio sugiere un posible sobrecosto frente al mercado.
- Genética bovina desviada: Los contratos MC 150 de 2024 y MC 194 de 2025, destinados al mejoramiento genético bovino, carecen de listados oficiales de beneficiarios. Informes comunitarios señalan que las pajillas de inseminación habrían sido utilizadas presuntamente en la finca privada del abogado Luis Enrique Montilla.
- Llantas inexistentes: El contrato MC 186 de 2025 fue adjudicado a un oferente supuestamente ubicado en la vereda La Unión, donde no existe ningún establecimiento de venta de llantas. El adjudicatario tendría vínculos familiares con un practicante de la oficina de planeación16161616.
Una presunta red de intereses
El documento sugiere que estas acciones no son aisladas, sino que obedecerían a un mecanismo deliberado. Se señala una posible conexión entre los contratistas y un grupo de profesionales vinculados a la Alcaldía, incluyendo al abogado Luis Enrique Montilla, la abogada Diana Katherine Cerón y el ingeniero Nicolás Ortiz.
Según la denuncia, existiría un "esquema de manipulación de estudios previos y diseños técnicos" donde las obras adjudicadas a Acosta y Muñoz serían, en la práctica, ejecutadas por los funcionarios mencionados, configurando un posible conflicto de intereses y violación a la moralidad administrativa.
El uso indebido del "factor territorial" en la contratación pública es una modalidad que restringe la pluralidad de oferentes, permitiendo que los recursos públicos queden en manos de unos pocos bajo la apariencia de legalidad. En municipios de sexta categoría como Puracé, donde las necesidades básicas son apremiantes, el presunto desvío de más de $1.200 millones en sobrecostos de maquinaria y la falta de entrega de ayudas humanitarias (botiquines y albergues) impactan directamente en la calidad de vida de la comunidad y la capacidad de respuesta ante desastres naturales.
Petición a los entes de control
La denuncia solicita formalmente a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría Provincial de Popayán verificar la legalidad de estos 26 procesos y realizar visitas físicas para corroborar la inexistencia de los domicilios declarados. Asimismo, piden investigar la posible responsabilidad por omisión de la funcionaria de Control Interno, Fanery Benavides, y el conocimiento que pudiera tener el alcalde Jorge Armando Andrade Molano sobre estos hechos.
En aras de la transparencia y el derecho al acceso a la información pública, Periódico Virtual pone a disposición de sus lectores el documento completo de la denuncia radicada ante los entes de control. En estas 12 páginas podrá encontrar el detalle de los 26 contratos cuestionados , las fotografías y direcciones que evidenciarían los presuntos falsos domicilios de los contratistas, así como las tablas comparativas que sustentan las alertas sobre posibles sobrecostos millonarios en la adquisición de maquinaria y suministros. Invitamos a la ciudadanía y a las veedurías a analizar los soportes adjuntos para ejercer un control social informado sobre el manejo de los recursos públicos en Puracé.
Noticia en desarrollo. Periódico Virtual estará atento al pronunciamiento de las autoridades competentes y de la administración municipal de Puracé frente a estas graves acusaciones.
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