📢 ¿Doble rasero pastoral? El padre Camayo defiende a religiosas, pero pretende desalojar a 170 niños del hogar infantil Pablo VI
Mientras exige sensibilidad a la Alcaldía por el desalojo de las Hermanas Rosaristas, el mismo sacerdote ordena la salida del Hogar Infantil Pablo VI, que por años ha atendido a niños vulnerables de Popayán.
En un hecho que ha generado desconcierto entre los habitantes del barrio Alfonso López y de las comunas 5 y 6 de Popayán, se ha hecho evidente lo que muchos califican como un doble rasero moral. Utilizamos esta expresión popularizada en recientes debates nacionales al señalar la incoherencia del representante a la Cámara por Bogotá, David Racero para ilustrar una situación que, lamentablemente, también se refleja en el actuar del padre José Fabián Camayo Jaramillo, párroco de la iglesia Jesús Obrero.
James Ruiz
El mismo sacerdote que recientemente ha salido a rechazar de manera enérgica el desalojo de las Hermanas Rosaristas, quienes durante más de cinco décadas han prestado un invaluable servicio pastoral y social en un sector vulnerable de la ciudad, es quien, mediante comunicaciones oficiales firmadas por él mismo, ha ordenado el desalojo del Hogar Infantil Pablo VI, un espacio que también, por décadas, ha atendido con amor y compromiso a niños de sectores empobrecidos.
La contradicción no es menor. El padre Camayo, con justa razón, ha calificado de “triste y dolorosa” la intención de la Alcaldía de Popayán de recuperar el predio donde las religiosas han levantado, con esfuerzo y donaciones, una obra social viva. “No es justo que después de tantos años de servicio se les pida irse de esa manera”, declaró.
Sin embargo, en junio de 2024, fue él mismo quien notificó a la representante legal del Hogar Infantil Pablo VI que debía desalojar el inmueble en el que funciona esta institución, debido a que según la carta, el espacio será destinado a “la realización del objeto misional pastoral de la Parroquia”.
Como si eso no fuera suficiente, en enero de 2025, el sacerdote reiteró la decisión de terminar el contrato mediante una nueva carta, en la que además fija un canon de arrendamiento con un incremento superior al 63%. Este aumento resulta abiertamente desproporcionado e ilegal si se tratara de un contrato de vivienda urbana, ya que la Ley 820 de 2003, en su artículo 20, establece que el aumento anual del canon no puede superar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, certificado por el DANE. Más allá del aspecto legal, lo más grave es que no se ofrecieron alternativas ni se valoró el impacto social de la decisión. ¿No merecen también estos 170 niños, atendidos con esfuerzo y vocación, una mirada verdaderamente “cristiana y pastoral”?
✝️ ¿Dónde queda la coherencia del mensaje pastoral?
Este es un caso que va más allá de un contrato o una disputa por un predio. Se trata de cómo se aplica la justicia y la compasión desde quienes predican el Evangelio. Si el padre Camayo exige sensibilidad, diálogo y reconocimiento para las Hermanas Rosaristas, ¿por qué no aplica el mismo principio cuando de su propia parroquia se trata? ¿Acaso el Hogar Infantil Pablo VI, sus niños y educadoras, no son también parte del tejido espiritual y social del que tanto habla?
La comunidad de Popayán no merece discursos que cambian de tono según el beneficiario. El pueblo necesita coherencia. Y cuando los líderes religiosos actúan con parcialidad, se pone en riesgo la credibilidad de la Iglesia como institución protectora de los más débiles.
No se trata de enfrentar a dos obras nobles ni de tomar partido por una u otra. Se trata de mantener una misma vara de medida: si lo pastoral y social es prioritario, entonces que lo sea para todas las comunidades que dedican su vida a cuidar niños pobres, a formar, alimentar y educar sin más interés que el servicio.
Desde Periódico Virtual, hacemos un llamado respetuoso pero firme al padre Camayo y a las autoridades eclesiásticas para que reconsideren la decisión de desalojar al Hogar Infantil Pablo VI. Así como se pide a la Alcaldía de Popayán replantear el caso de las Hermanas Rosaristas, también debe revisarse el proceder de la Parroquia Jesús Obrero frente a una institución que, por años, ha trabajado por los más indefensos.