🟥 EDITORIAL | El matadero no se vende: Popayán no es finca de nadie
En Popayán se está negociando el matadero municipal como si fuera un lote privado y no un bien público esencial. El caso huele a improvisación, favoritismo y falta total de transparencia.
Lo que está ocurriendo con el matadero de Popayán es escandaloso. A espaldas de la ciudadanía, sin licitación, sin estudio técnico y con una empresa sin trayectoria en plantas de beneficio animal, la administración municipal decidió entregarle esta infraestructura a Alvesa SAS, una firma del Valle del Cauca con propuestas que, más que una solución, parecen un libreto de ficción mercantil.
Y para rematar, lo hacen por medio de una figura contractual que no corresponde: un contrato de arrendamiento por cinco meses. Sí, así como suena. Arrendar el matadero como si se tratara de una bodega vacía, sin entender que allí se maneja seguridad alimentaria, salud pública, cadena de frío, control sanitario, empleo directo e indirecto y una tradición de más de dos décadas operada por la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAG).
¿Quién está asesorando al alcalde?
El documento revelado por Grupo Alvesa, dirigido al secretario general Edwin Muñoz, confirma los peores temores: hubo reuniones, almuerzos, visitas programadas y acuerdos de palabra, mucho antes de que se discutiera públicamente la conveniencia del cambio de operador. ¿Qué tipo de administración negocia el patrimonio público como si fuera una alianza comercial entre privados?
Se propone incluso que el lote del matadero sea vendido para construir viviendas del programa "Héroes de la Patria", y que se permita instalar contenedores para comercializar carne con “cupones para el sorteo de un carro Alvesa”. ¿Hasta dónde llega el descaro?
Lo público no se rifa, no se vende, no se manipula
Este no es un simple cambio de operador. Es la muestra de cómo se destruye institucionalidad: se minimiza el papel de la Secretaría de Hacienda, se concentra el poder en la Secretaría General, se ridiculiza el proceso técnico, y se opta por fórmulas jurídicas forzadas para favorecer a un tercero con proyectos que no han sido discutidos con la comunidad, los trabajadores, ni el Concejo Municipal.
¿Por qué se elige una empresa sin experiencia en frigoríficos?
¿Por qué se descalifica a la SAG sin auditoría?
¿Qué vínculos tienen los funcionarios con esta empresa?
¿Dónde están los estudios de impacto sanitario, económico y social?
Un modelo inflado y lleno de humo
Las cifras presentadas por Alvesa prometen miles de empleos, millones en donaciones, nuevas plantas embotelladoras, reciclaje, zona franca, aldeas agroindustriales y exportaciones. Promesas que suenan bien... pero que no resisten el más mínimo análisis técnico, jurídico ni financiero. Todo sin licitación. Todo sin garantías.
El Concejo debe reaccionar, la ciudadanía debe despertar
Este caso no puede pasar de agache. Si el Concejo Municipal guarda silencio, será cómplice. Si los gremios y líderes de la ciudad no se pronuncian, avalarán con su silencio el uso indebido de los bienes públicos. Popayán no puede ser gobernada con almuerzos, cartas de intención y cupones de carne.
La ciudad exige respuestas. No más improvisación. No más negocios entre pasillos. Popayán no es una finca ni un premio de consolación para inversionistas foráneos sin experiencia. Es momento de recuperar la dignidad institucional y defender lo que es de todos.
A continuación, compartimos el documento oficial radicado por el propio Grupo Alvesa SAS ante la Secretaría General de la Alcaldía de Popayán, con fecha del 28 de marzo de 2025, en el que se detalla una reunión privada con funcionarios de alto nivel, incluyendo al secretario general Edwin Muñoz. En este escrito se exponen propuestas comerciales, solicitudes de terrenos públicos para vivienda privada, instalación de contenedores para vender carne con cupones promocionales y la futura construcción de un nuevo frigorífico, todo sin respaldo técnico, sin proceso de licitación y con promesas infladas de generación de empleo y donaciones. Este documento, que forma parte del expediente oficial, sustenta punto por punto nuestra denuncia editorial y demuestra la gravedad de las decisiones que se están tomando sobre el matadero municipal. La ciudadanía tiene derecho a conocer esta información de primera mano.
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