El Congreso de la República impugna fallo de tutela que condicionaba actuaciones legislativas

El Presidente del Congreso de la República, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, interpuso este 31 de agosto de 2026 un recurso de impugnación ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá. La acción busca tumbar la decisión de tutela tramitada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra contra el Presidente de la República, Abelardo Gabriel De la Espriella Otero, el Senado y la Cámara de Representantes, alegando una indebida injerencia judicial en las funciones del Legislativo.

A través del escrito de radicación SGE-CS-4501-2026, la mesa directiva del Senado solicitó revisar el fallo emitido bajo el expediente 11001 31 05 005 2026 10204 00. La representación del Congreso sostiene que la providencia judicial trasladó una responsabilidad jurídica personal al presidente de la corporación por actuaciones derivadas de la voluntad colegiada de la plenaria.

Los cuatro ejes jurídicos de la impugnación

El recurso, sustentado al amparo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, argumenta que el despacho judicial sobrepasó sus facultades al pretender predeterminar el sentido, la oportunidad y el contenido de futuras intervenciones del Congreso. La defensa institucional se estructura en cuatro dimensiones constitucionales:

• Inviolabilidad parlamentaria: Salvaguarda del ejercicio de deliberación, votación y proposición de los congresistas frente a controles u órdenes judiciales directas.
• Separación funcional del poder: Preservación de la autonomía del Congreso de la República ante órdenes que invaden la órbita de la Rama Legislativa.
• Competencias de la Ley 5ª de 1992: Respeto a los procedimientos orgánicos y funcionales que rigen el reglamento interno del Congreso.
• Neutralidad religiosa y laicidad: Correcta aplicación del deber estatal de neutralidad frente a los asuntos puestos en debate dentro de la corporación.

Defensa del fuero institucional

En la sustentación dirigida al juez Andrés Gómez Abadía, el titular del Senado enfatizó que las decisiones objeto de controversia responden a procesos parlamentarios de deliberación y votación colectiva, los cuales no pueden ser imputados como decisiones individuales ni intervenidos previamente por la jurisdicción constitucional.

"La providencia recurrida atribuyó al Presidente del Congreso una consecuencia jurídica personal derivada de actuaciones producidas dentro de una sesión parlamentaria, algunas de ellas expresivas de una voluntad colegiada formada mediante proposición, deliberación y votación, y proyectó posteriormente esa imputación sobre una orden que predetermina el escenario, la oportunidad y el contenido de una futura intervención institucional."

Este choque entre el Congreso de la República y la Rama Judicial reabre el debate sobre los límites de la acción de tutela frente a las competencias del Poder Legislativo. Para el ciudadano de a pie, el fallo final determinará si los jueces pueden ordenar o condicionar las actuaciones de las corporaciones públicas elegidas por voto popular, o si debe prevalecer de manera irrestricta la autonomía y la separación de poderes consagrada en la Constitución Política.

El recurso de impugnación presentado por la Presidencia del Senado deberá ser concedido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá y remitido a la segunda instancia correspondiente en la jurisdicción laboral. El tribunal superior encargado del reparto definirá en los próximos días si confirma, modifica o revoca las órdenes judiciales impuestas al Congreso y a la Presidencia de la República.

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