El fracaso catastral de Popayán y la ironía de un exalcalde aspirante al congreso de Colombia
Con decepción e impotencia, abordamos las revelaciones sobre la actualización catastral en Popayán y las alarmantes discrepancias en los avalúos, especialmente en la propiedad del exalcalde Juan Carlos López, ubicada en la exclusiva parcelación San Francisco.
Este caso no solo pone en entredicho la transparencia de la gestión pública, sino que también resalta la necesidad urgente de rendición de cuentas en un proceso crítico para la equidad fiscal y social.
Como se sabe el convenio inter administrativo Nro. 20201800021697, suscrito entre la Alcaldía de Popayán y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) , tenía como objetivo realizar una actualización catastral con enfoque multipropósito, abarcando componentes físicos, jurídicos y económicos en áreas urbanas y rurales del municipio. Sin embargo, las investigaciones sugieren que este proceso no se ejecutó de manera adecuada.
La Procuraduría General de la Nación inició en enero de 2024 una indagación preliminar sobre posibles irregularidades en el contrato interadministrativo con el IGAC, citando retrasos y falta de transparencia, lo que ha sido cuestionado por organizaciones cívicas como el Comité Ciudadano por Popayán y la (Procuraduría General de la Nación). Esto refuerza la percepción de que la actualización catastral no cumplió con los estándares esperados, afectando la confiabilidad de los avalúos catastrarles en Popayán.
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El análisis de los datos prediales, particularmente en la fila correspondiente a Juan Carlos López, revela un avaluó catastral irrisoriamente bajo para su propiedad en comparación con otras similares en Popayán. Esto genera frustración, especialmente porque, como exalcalde (2020-2023), López debería ser un ejemplo de transparencia y cumplimiento fiscal. Según los datos proporcionados, en 2024, su propiedad ubicada en la Parcelación San Francisco debía pagar un impuesto de $6,294,952, pero debido a una reducción de $6,142,052 por parte del Municipio, solo pagó $152,900. Esto representa una reducción del 97%, lo que es completamente inaceptable y suscita serias dudas sobre la integridad del proceso.
Además, se observa que este predio paga $30,270 por el lote, lo cual es irrisorio, y $0 por una construcción de 709 m². Mientras que los predios vecinos pagan entre 1 millón y 1.2 millones por sus construcciones, este predio no paga nada por la construcción. Esto no solo es inequitativo, sino que también socava la confianza en el sistema tributario municipal. Otro detalle inesperado es que un lote contiguo, marcado en rojo, paga $14,226 por metro cuadrado con una tarifa de 6,1 por mil, sin que se conozcan las razones de esta variación. Esto refuerza la percepción de inconsistencias en el proceso de avaluó catastral.
Vale la pena recordar la audiencia pública en marzo de 2024, convocada por la Comisión Quinta del Senado, la cual, dejó insatisfacción entre los asistentes, quienes denunciaron abusos catastrales y exigieron una revisión justa, destacando casos concretos de valuaciones cuestionables.
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La situación adquiere mayor relevancia al considerar que López, según rumores, estaría aspirando a ser congresista de la República de Colombia. Esto plantea serias preguntas sobre su idoneidad para representar a los ciudadanos a nivel nacional, especialmente cuando sus propias propiedades están bajo escrutinio. La subvaluación de su propiedad no solo afecta la recaudación fiscal local, sino que también erosiona la confianza en las instituciones públicas. Como líder, López debería haber garantizado un proceso transparente, y su posible beneficio personal, intencional o no, mancha su legado y su aspiración a cargos de elección popular.
Este caso es un recordatorio contundente de la importancia de la integridad en la gestión pública. El avalúo catastral de la propiedad del exalcalde no es un simple trámite burocrático; es la base para una tributación justa y un desarrollo equitativo de la ciudad. Exigimos una investigación exhaustiva sobre el proceso de actualización catastral y los avalúos registrados, con especial atención a las propiedades de Juan Carlos López Castrillón. La verdad debe salir a la luz y la justicia debe prevalecer. Cualquier otra respuesta sería una traición a los ciudadanos de Popayán y una mancha indeleble en la credibilidad de nuestras instituciones democráticas.
Al exalcalde le decimos: antes de aspirar a representar al pueblo colombiano en el Congreso de la República, quizá debería asegurarse de que su propia casa esté en orden. Literalmente. Los payaneses y toda la nación merecen líderes intachables, no figuras envueltas en controversias.
Y pensar que pretende ser congresista... Tal vez cree que el Congreso es como su propio sistema catastral personal, donde puede asignar el valor que más le convenga a las cosas. Bueno, mucha suerte con eso, señor López. Estamos seguros de que los votantes sabrán valorar su "enfoque multipropósito" sobre los avalúos catastrales cuando llegue el momento de decidir en las urnas.