El futuro de Popayán en riesgo: ¿volverán Muñoz y Campo a decidir sobre lo público?
Popayán no puede repetir la historia: el Concejo se juega el futuro en 2026
Popayán se acerca al año 2026 con uno de los escenarios institucionales más delicados de su historia reciente. Ese año se definirá la actualización catastral masiva, el impuesto predial que regirá por los próximos cinco años mediante el Estatuto Tributario y la revisión integral del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), congelado durante más de dos décadas y responsable del atraso urbanístico y de la expansión desordenada de la ciudad. A esto se suma que el Concejo deberá decidir sobre contratos estratégicos como el del servicio de aseo y revisar la gestión del alumbrado público.
En este contexto, la eventual presidencia del Concejo Municipal de Popayán por Daniel Muñoz, con José Campo en la mesa directiva, no es un simple relevo político: es la posible reinstalación de un modelo que ya dejó huellas profundas en la economía y en la confianza ciudadana.
Decisiones que marcaron (y hundieron) a Popayán
Ambos concejales fueron protagonistas estelares en la aprobación de los acuerdos más polémicos y costosos de la última década. En el caso de José Alexander Campo, desde que le otorgó facultades a Ramiro Navia, entonces alcalde de Popayán, para privatizar el servicio de recolección de basuras.
- José Campo, desde la presidencia en 2020, aplaudió y aprobó el Acuerdo 029, con el que se autorizó al alcalde a contratar con el IGAC la actualización catastral y de paso a comprometer vigencias futuras. Una joya de decisión, porque nada dice “planificación seria” como hipotecar a la ciudad sin ponerle freno.
Juan David Ortega
James Ruiz
- Daniel Muñoz, al mando en 2021, coronó con el Acuerdo 024, que trajo el nuevo Estatuto Tributario Municipal. Con él, se fijó un marco de impuestos, tasas y contribuciones tan “innovador” que terminó por disparar el predial hasta en un 1.600 %. Porque claro, ¿qué mejor forma de demostrar amor por la ciudad que vaciarle el bolsillo a los ciudadanos?
Ese Estatuto incluyó el Impuesto Predial Unificado con tarifas escalonadas y sobretasas (ambiental, bomberil y alumbrado). En el papel, había límites; en la práctica, la gente vio cómo su predial se convertía en un castigo ejemplar.
Como si eso fuera poco, un fallo histórico del Juzgado Octavo Administrativo (Sentencia 07 de 2025) le recordó al Municipio y al Concejo que mantener un POT congelado desde 2002 no es precisamente gobernar, sino condenar a Popayán al caos urbanístico y ambiental. El juez amparó los derechos colectivos, advirtiendo que la falta de actualización permitió urbanizaciones ilegales en humedales y fuentes hídricas. Una joya de planeación: destruir lo poco que queda de la ciudad patrimonio.
Por todo esto, pensar que en 2026 la presidencia del Concejo puede quedar otra vez en manos de los mismos de siempre es casi un mal chiste. Aquí no se trata de una silla más en la mesa directiva: la ciudad se juega su futuro. Y como dicen los abuelos, “no es posible seguir con las mismas, con las mismos”.
James Ruiz
No es todo: tanto Muñoz como Campo también votaron a favor de la privatización del alumbrado público, una decisión que redujo los ingresos propios del municipio y trasladó recursos de largo plazo al sector privado.
James Ruiz
Lo que está en juego en 2026
La actualización catastral prevista para ese año marcará la base del impuesto predial para el siguiente quinquenio. La revisión del POT, por su parte, definirá plusvalías, cargas urbanísticas y valorizaciones que impactarán de manera directa en la economía local. Un POT aprobado sin controles técnicos ni participación puede traducirse en cargas desproporcionadas, valorizaciones arbitrarias y un marco legal que perpetúe la inequidad.
Además, se avecina la decisión sobre el contrato del servicio de aseo, con el riesgo latente de repetir la historia del alumbrado público mediante una nueva privatización encubierta.
La jurisprudencia y la responsabilidad ciudadana
El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han reiterado que los concejos municipales deben respetar su reglamento interno, socializar proyectos de alto impacto y garantizar la equidad tributaria, la transparencia y la participación ciudadana. Ignorar estos requisitos no solo genera inseguridad jurídica, sino también abre la puerta a nuevas demandas multimillonarias contra el municipio.
Es una verdadera lástima que la democracia, en su noble principio de permitir a todos elegir y ser elegidos, termine convertida en un arma de doble filo para Popayán. Con frecuencia, la ciudadanía entrega el voto de confianza a quienes ya demostraron incapacidad para defender lo público y traicionaron los intereses de la ciudad. Que los mismos responsables de avalar incrementos abruptos y privatizaciones estratégicas estén hoy en carrera para presidir el Concejo en 2026 es una afrenta directa a la memoria reciente de Popayán.
Sin lugar a dudas, la elección del presidente del Concejo debe ser transparente y en función del interés general, no de acuerdos por debajo de la mesa. La ciudadanía, las veedurías y los órganos de control tienen la responsabilidad de vigilar con lupa este proceso, exigir audiencias públicas reales, estudios técnicos independientes y compromisos claros con la Constitución y la Ley 388 de 1997.
Desde esta redacción estaremos atentos y vigilantes al proceso de elección de la mesa directiva del Concejo de Popayán para el 2026. La comunidad tiene derecho a saber cómo votan los 19 concejales frente a la presidencia de esa corporación, porque cada decisión, cada voto y cada acuerdo reflejará si están del lado de la ciudadanía y de lo público, o si repiten el libreto de los intereses particulares. Informaremos con rigor y detalle, para que los payaneses no tengan dudas de quién responde por la ciudad y quién le da la espalda.
Popayán no puede repetir los errores del pasado justo en el momento en que se define su rumbo tributario y urbanístico para los próximos cinco años y, con el POT, para las próximas dos décadas. Es ahora o nunca: recuperar lo público, frenar la fuga de recursos y poner la ciudad al servicio de sus habitantes, no de intereses particulares.