El gobierno del Cambio propone crear el grado duodécimo en el país

El Gobierno presentará al Congreso de La República en los próximos  días dos proyectos de ley relacionados con el sector educativo, que buscan iniciar su socialización.

El primero de ellos es la anunciada reforma a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en el país. El segundo proyecto tiene como objetivo concebir todo el sistema educativo colombiano como un derecho fundamental en todos sus niveles.

La ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, ha dejado en evidencia algunos de los puntos que han sido discutidos y que, al parecer, se incluirían en el documento que presentarán.

El borrador de este último proyecto representa el compromiso del Gobierno, liderado por el Ministerio de Educación, para garantizar la educación como un derecho fundamental y establecer las condiciones necesarias para su protección.

Aunque el país ya reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, la educación se considera “un derecho de la persona y un servicio público con función social”, según el artículo 67 de la Constitución. Por lo tanto, el nuevo proyecto define los criterios, principios y deberes del Estado para garantizar este derecho.

Una de las novedades más destacadas del proyecto es el reconocimiento del derecho a la educación en distintos niveles: desde la educación inicial hasta la educación superior. Para la educación superior, se busca que todos los que terminen la educación secundaria tengan acceso a programas técnicos, tecnólogos o profesionales.

El documento menciona: “El Estado financiará, ofrecerá y garantizará progresivamente el derecho a la educación superior de acuerdo con la regulación para su prestación en este nivel”.

Además, se aborda el tema de la educación media, proponiendo un sistema de articulación con niveles superiores y planteando la posibilidad de crear el grado duodécimo (12°).

El financiamiento de las universidades públicas es uno de los puntos claves de la reforma, de hecho, fue el que la impulsó, ante el reclamo del movimiento estudiantil, profesores y rectores desde hace un tiempo.

Y es que en la actualidad, de acuerdo con los cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), las universidades públicas cuentan con un déficit presupuestal que se estima en $18 billones.

Esto se debe a que anualmente el aumento de los presupuestos que asigna el Gobierno a las universidades se tasan en el Índice de Precios al Consumidor (IPC, la inflación), como lo ha establecido la Ley 30 en los artículos 86 y 87.

No obstante, los gastos de las universidades suelen ser, en promedio, de un 5%, es decir, que si en un año la inflación fue del 3%, los costos universitarios se eleven a un 8%.