En el Cauca, los políticos siempre caen parados: el caso de Maribel Perafán y la defensa de lo público
Dos alcaldías en Timbío, una decisión sobre el alumbrado público anulada por la justicia.
Cuestionamientos fiscales en la Industria Licorera del Cauca y un posterior nombramiento en la Gobernación forman parte de la trayectoria que debe examinarse ante una eventual candidatura de Maribel Perafán Gallardo en 2027.
En el Cauca parece existir una curiosa regla de la política tradicional: los cuestionamientos a una gestión no necesariamente cierran las puertas del poder. En ocasiones, quienes salen de una entidad en medio de controversias terminan ocupando otro cargo de mayor visibilidad y responsabilidad.
El caso de Maribel Perafán Gallardo merece una revisión rigurosa. No por rumores, diferencias personales o disputas electorales, sino por las decisiones adoptadas durante su trayectoria pública y los documentos que hoy permiten evaluarlas.
El reciente pronunciamiento de Sintrabecólicas sobre la recuperación y sostenibilidad de la Industria Licorera del Cauca vuelve a poner sobre la mesa un problema que lleva años sin resolverse: la necesidad de proteger una empresa pública que pertenece a todos los caucanos.
El documento sindical pide resultados y recuerda los nueve hallazgos fiscales identificados por la Contraloría General del Cauca en 2025, cuya cuantía supera los 3.652 millones de pesos.
Sin embargo, hay algo que llama la atención: el comunicado no menciona expresamente a Maribel Perafán Gallardo, pese a que fue gerente durante buena parte de los hechos examinados y figuró posteriormente en un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con una operación de venta de licor.
No estamos hablando de una funcionaria ajena a esos antecedentes. Estamos hablando de quien dirigió la factoría desde enero de 2024 hasta marzo de 2025.
Los hallazgos de la Contraloría tienen fechas y responsables administrativos que deben dar explicaciones
Juan David Ortega
El informe final 15-2025, expedido el 10 de julio de 2025, documentó 20 hallazgos administrativos, 12 con presunta incidencia disciplinaria, dos con presunta incidencia penal y nueve fiscales, cuantificados en $3.652.250.803.
Entre los casos examinados sobresalen una cuestionada venta de aguardiente destinado a exportación, incentivos comerciales entregados sin que se cumplieran determinadas condiciones y deficiencias en la custodia de productos almacenados.
Lo verdaderamente revelador es que las advertencias comenzaron mucho antes de la publicación del informe final.
Desde julio de 2024 hubo protestas sindicales contra la gestión de Perafán. En octubre de ese año ya existía una denuncia formal sobre posibles irregularidades en la empresa. Durante los primeros meses de 2025, Sintrabecólicas volvió a formular cuestionamientos sobre las operaciones comerciales y administrativas de la factoría.
El 20 de junio de 2025, la Contraloría comunicó su informe preliminar a la exgerente Maribel Perafán, al también exgerente Carlos Augusto Burbano y al entonces gerente Samuel Londoño Ortega.
Es decir, su participación en el trámite de auditoría está documentada.
Naturalmente, eso no significa que los nueve hallazgos fiscales puedan atribuirse personalmente y en su totalidad a Perafán. La determinación de responsabilidades individuales corresponde a las autoridades competentes.
Pero una cosa es la responsabilidad fiscal, que exige un procedimiento legal y pruebas, y otra muy distinta la responsabilidad política y administrativa de quien encabezó una entidad pública durante actuaciones cuestionadas.
Una gerencia no puede atribuirse todos los reconocimientos de una empresa cuando presenta buenos resultados y después pretender que los cuestionamientos administrativos no tienen relación alguna con su dirección.
Esa es una exigencia elemental de rendición de cuentas.
De la Industria Licorera a la Secretaría de Gobierno: la política de caer parado
El 31 de marzo de 2025 se conoció la salida de Maribel Perafán de la Industria Licorera del Cauca. Dos días después, el 2 de abril, se anunció su nombramiento como secretaria de Gobierno y Participación del departamento.
Juan David Ortega
Para entonces, los cuestionamientos sindicales a su gestión ya eran públicos, aunque el informe final de la Contraloría todavía no había sido expedido.
La decisión del gobernador Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, por tanto, merece un cuestionamiento político legítimo: ¿qué evaluación se hizo de su paso por la Licorera antes de entregarle una de las secretarías más importantes del departamento?
Desde nuestra perspectiva editorial, este nombramiento representó una nueva oportunidad de poder político para una exgerente que todavía tenía explicaciones pendientes ante la opinión pública.
Y los acontecimientos posteriores hicieron que esa decisión resultara todavía más controvertida.
En octubre de 2025, la Contraloría del Cauca ordenó medidas cautelares de embargo sobre un vehículo y un inmueble de Perafán dentro del proceso de responsabilidad fiscal PRF-10-25, relacionado con un presunto daño patrimonial de $1.685.522.064.
Las medidas no significaban una declaración definitiva de responsabilidad. Su propósito era garantizar una eventual recuperación de recursos mientras avanzaba el procedimiento.
Posteriormente, en septiembre de 2026, PeriódicoVirtual.com publicó información sobre un posible archivo del expediente, circunstancia que requiere la verificación del acto administrativo y de sus fundamentos jurídicos.
Alexander Casas Prado
El debate no puede quedarse únicamente en la existencia de los embargos ni ignorar la posibilidad de una decisión posterior favorable a la exfuncionaria.
Lo que corresponde es conocer integralmente el expediente y establecer qué ocurrió con las pruebas, las medidas y las responsabilidades investigadas.
Hay que reconocer, además, que durante su paso por la Secretaría de Gobierno Perafán atendió escenarios complejos de orden público y sostuvo espacios de interlocución con las comunidades. Esa gestión debe ser evaluada por sus propios resultados.
Pero un desempeño en otra dependencia no reemplaza las explicaciones pendientes sobre decisiones adoptadas anteriormente.
Los cargos públicos no deberían funcionar como un mecanismo de reciclaje político en el que cada nuevo nombramiento permita pasar la página sin hacer un verdadero balance de la gestión anterior.
Timbío: dos alcaldías y una decisión judicial que no se puede borrar
La discusión sobre el historial de Maribel Perafán tampoco comienza en la Industria Licorera del Cauca.
Fue alcaldesa de Timbío durante dos periodos, 2012-2015 y 2020-2023.
En su segunda administración se impulsó una controvertida decisión relacionada con el servicio de alumbrado público.
El Concejo Municipal aprobó el Acuerdo 012 del 10 de junio de 2022, sancionado el 14 de junio de ese año, mediante el cual autorizó la participación del municipio en una sociedad de economía mixta para la prestación del servicio de alumbrado público y otras actividades asociadas.
La propuesta fue cuestionada judicialmente por el ciudadano Luis Alonso Restrepo Solarte.
El 21 de junio de 2024, mediante la Sentencia 105, el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán declaró la nulidad del acuerdo y señaló los efectos correspondientes sobre las actuaciones administrativas que dependieran de él.
La decisión judicial constituye un antecedente concreto de la controversia sobre el modelo de gestión del alumbrado público que impulsó esa administración municipal.
No equivale a una condena personal contra Perafán ni demuestra por sí sola que existieran beneficios particulares indebidos.
Pero permite cuestionar una decisión política fundamental: la intención de vincular a una sociedad de economía mixta a la administración de un servicio cuya gestión tiene consecuencias económicas para todos los habitantes del municipio.
Esta situación revive una reflexión que hemos defendido reiteradamente desde PeriódicoVirtual.com:
¿Por qué tantos dirigentes buscan el voto ciudadano para administrar el patrimonio público y, una vez elegidos, promueven fórmulas para trasladar su operación a sociedades con participación privada?
No toda participación privada es ilegal ni necesariamente perjudicial. Lo que debe demostrarse en cada caso es su conveniencia, su costo, sus beneficios y las garantías para el interés general.
Los servicios públicos no pueden administrarse como si fueran patrimonio personal del gobernante de turno.
Ahora Maribel Perafán aparece entre los posibles nombres para la Gobernación del Cauca
El 24 de agosto de 2026, Maribel Perafán anunció su renuncia a la Secretaría de Gobierno del Cauca.
Días después, diferentes publicaciones periodísticas, entre ellas las de El País, comenzaron a mencionarla como una posible aspirante a la Gobernación en las elecciones territoriales de 2027.
Hasta el momento, no existe una candidatura oficialmente confirmada ni se ha demostrado que el grupo político que lidera el gobernador Octavio Guzmán haya decidido respaldarla como su sucesora.
Pero la sola posibilidad de su participación electoral hace necesario examinar los antecedentes administrativos de quien podría aspirar a dirigir el departamento.
La ciudadanía no debería valorar a sus dirigentes únicamente por las fotografías que publican, su cercanía con las comunidades, la cantidad de líderes que los acompañan o su capacidad para mantenerse vigentes dentro de los círculos políticos.
Esas imágenes pueden demostrar actividad política. No necesariamente demuestran capacidad para gobernar.
La experiencia también debe medirse por las decisiones tomadas, los recursos administrados, los resultados obtenidos y las responsabilidades asumidas cuando aparecen dificultades.
Una trayectoria llena de cargos no equivale automáticamente a una trayectoria llena de buenos resultados.
Y precisamente por eso sería profundamente preocupante que la selección del próximo gobernador se redujera a premiar la cercanía con el poder, sin revisar de manera independiente lo que cada eventual candidato hizo cuando tuvo responsabilidades públicas.
Señor gobernador Octavio Guzmán, la renovación política exige coherencia
Al gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, también corresponde hablarle con claridad.
Desde este espacio reconocemos aspectos de su estilo de liderazgo. Su manera de ejercer el poder ha sido, en términos generales, menos estridente que la de otros dirigentes que parecen más interesados en su proyección personal que en los asuntos cotidianos del territorio.
Ese reconocimiento no significa otorgarle un respaldo incondicional.
El gobernador ha demostrado capacidad para construir relaciones políticas y consolidar un equipo alrededor de su proyecto departamental.
Precisamente por esa razón, tiene una responsabilidad ética adicional frente a las elecciones de 2027.
Si pretende contribuir a la continuidad de un proyecto político, debería procurar que esa continuidad se fundamente en buenos resultados, capacidad administrativa y compromiso demostrable con el interés general.
El Cauca necesita nuevos liderazgos, personas con preparación, independencia, criterio y vocación de servicio.
No necesita convertir los cargos públicos en premios por lealtad política ni las candidaturas en recompensas para quienes han permanecido cerca del poder.
El gobernador tiene la oportunidad de demostrar coherencia entre sus discursos de renovación y las decisiones que adopte frente al futuro político del departamento.
Un legado político no se mide solamente por la capacidad de dejar un sucesor. También se mide por la calidad de ese liderazgo y por los principios que se hayan privilegiado para respaldarlo.
El sindicato también debe mantener la claridad de sus denuncias
El más reciente comunicado de Sintrabecólicas resulta importante porque defiende la sostenibilidad de la Industria Licorera del Cauca y exige respuestas a los organismos de control.
Pero también merece una reflexión.
Durante 2024 y 2025, el sindicato fue mucho más explícito en sus cuestionamientos a la gerencia de Maribel Perafán.
Incluso celebró públicamente las medidas cautelares adoptadas por la Contraloría en octubre de 2025.
Por eso, resulta llamativo que el documento más reciente vuelva a mencionar los hallazgos fiscales sin identificar a las administraciones bajo las cuales ocurrieron los hechos examinados.
La organización sindical tiene todo el derecho a ajustar sus posiciones a medida que aparezcan nuevas pruebas o decisiones judiciales.
Sin embargo, la coherencia en la defensa de lo público también exige explicar esos cambios.
Defender la Industria Licorera del Cauca significa proteger a sus trabajadores, respaldar su competitividad y reclamar que las decisiones de sus administradores sean sometidas a escrutinio.
Y esa exigencia debe mantenerse frente a cualquier gerente, independientemente de su cercanía con el gobernador, los diputados o los movimientos políticos del departamento.
El Cauca y Popayán no pueden seguir confundiendo liderazgo con clientelismo
Existe otra discusión que no podemos seguir aplazando: la manera como se construye buena parte del poder electoral en nuestros municipios.
El liderazgo social auténtico es indispensable para una democracia saludable. En el Cauca existen hombres y mujeres honestos que trabajan diariamente por sus comunidades sin esperar contratos, puestos o favores políticos.
Pero el liderazgo comunitario no puede confundirse con el clientelismo.
Cuando la necesidad de empleo, la pobreza o la dependencia de ayudas se convierten en instrumentos para condicionar respaldos electorales, la democracia pierde su sentido.
No se puede afirmar que todos los líderes actúen de esa manera ni atribuir esas prácticas a una organización concreta sin pruebas. Pero sí debemos rechazar cualquier intento de convertir la vulnerabilidad de las personas en una herramienta de control político.
Alexander Casas Prado
Los votos pertenecen a los ciudadanos, no a quienes presumen de tenerlos bajo su influencia.
El ciudadano tiene derecho a escuchar, comparar, informarse y decidir libremente.
Y en las elecciones de 2027, tanto en Popayán como en el Cauca, esa libertad debería expresarse en una revisión mucho más exigente de quienes aspiran a gobernarnos.
Los caucanos no podemos seguir premiando trayectorias únicamente porque sus protagonistas tienen reconocimiento público, acceso a medios de comunicación o respaldo de estructuras políticas.
Lo público es de todos, no de nadie
Aquí está el fondo de esta discusión.
Durante demasiado tiempo se ha instalado la idea de que los recursos públicos no tienen dueño, que las empresas estatales son escenarios para distribuir poder político y que las decisiones administrativas pueden juzgarse únicamente por la legalidad formal de un contrato.
Pero cada peso público tiene un origen y una finalidad.
Detrás de esos recursos están los contribuyentes, los trabajadores y las comunidades que necesitan instituciones capaces de cumplir sus obligaciones.
Por eso, los hallazgos en una empresa pública, las decisiones judiciales sobre servicios esenciales y los cuestionamientos a sus administradores no pueden desaparecer del debate simplemente porque se aproximan nuevas elecciones.
No se trata de condenar anticipadamente a Maribel Perafán ni de negar su derecho a participar en política.
Se trata de exigir que su trayectoria sea evaluada completa, incluidos sus logros, las controversias documentadas y las decisiones que las autoridades hayan adoptado sobre ellas.
Y esa misma exigencia debe aplicarse a todos los aspirantes, cualquiera que sea su partido o movimiento.
El Cauca necesita elegir mejor. Popayán necesita elegir mejor. Y el primer paso consiste en dejar de confundir popularidad con capacidad, cercanía política con mérito y permanencia en el poder con buenos resultados.
El mensaje para el gobernador Octavio Guzmán, los sindicatos, los líderes sociales, los empresarios y la ciudadanía es claro: la renovación política debe comenzar por poner el interés general por encima de las conveniencias electorales.
Porque el patrimonio público no es de los políticos, de sus amigos ni de los grupos que los acompañan.
Lo público es de todos los caucanos. Y esta vez debemos defenderlo también con nuestro criterio, nuestra memoria y nuestro voto.
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