Entra en vigor la Ley 2573 de 2026: víctimas de suplantación ya no tendrán que pagar deudas originadas en fraudes
El representante a la Cámara Duvalier Sánchez fue la persona que lideró este proyecto que ahora deberá aplicarse en colombia.
Una nueva herramienta jurídica busca proteger a miles de colombianos que cada año resultan afectados por la suplantación de identidad y los fraudes financieros. Se trata de la Ley Estatutaria 2573 de 2026, recientemente sancionada por el Gobierno Nacional, que establece medidas para impedir que las víctimas de estos delitos continúen siendo cobradas o reportadas negativamente en centrales de riesgo por obligaciones que nunca adquirieron.
La norma ha generado amplio interés entre ciudadanos y expertos en protección financiera debido a que obliga a entidades bancarias, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales a suspender los cobros cuando una persona demuestre que fue víctima de una suplantación de identidad. Además, contempla mecanismos para evitar que los afectados vean perjudicado su historial crediticio mientras las autoridades investigan los hechos.
La aprobación de esta ley fue destacada por varios congresistas que impulsaron la iniciativa durante los últimos años. Desde diferentes sectores se ha señalado que la nueva legislación representa un avance significativo frente a una problemática que ha venido creciendo con el aumento de las transacciones digitales y los delitos informáticos.
Según el texto de la ley, cuando una persona informe que fue víctima de suplantación y presente la respectiva denuncia ante las autoridades, las entidades involucradas deberán suspender los cobros relacionados con créditos, productos o servicios obtenidos fraudulentamente. Asimismo, tendrán la obligación de revisar los procedimientos utilizados para aprobar dichas operaciones.
Uno de los aspectos más importantes de la nueva normativa es que traslada parte de la responsabilidad a las entidades financieras y comerciales, las cuales deberán fortalecer sus mecanismos de validación de identidad y adoptar medidas de seguridad digital que permitan prevenir este tipo de delitos. La ley establece que los bancos, operadores de telefonía y otros establecimientos deberán implementar controles más rigurosos para verificar la autenticidad de los documentos y la identidad de quienes soliciten productos o servicios.
La legislación también contempla que las personas afectadas puedan acceder a los documentos utilizados para aprobar créditos o contratos realizados en su nombre. De esta manera, las víctimas tendrán mayores herramientas para ejercer su defensa y demostrar que fueron objeto de fraude.
Otro de los beneficios establecidos es la protección frente a los reportes negativos en centrales de riesgo. Cuando exista una denuncia por falsedad personal o suplantación, las entidades deberán adelantar los trámites correspondientes para corregir la información y evitar que el historial financiero de la víctima resulte afectado. Incluso, se prevé la inclusión de una anotación especial que identifique a la persona como víctima de estos hechos mientras se desarrolla la investigación.
No obstante, la ley también establece responsabilidades para quienes aleguen haber sido víctimas de fraude. Los ciudadanos deberán reportar oportunamente los hechos, aportar la documentación requerida y presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes dentro de los plazos fijados por la norma. En caso contrario, las entidades podrán reactivar los procesos de cobro y los reportes asociados a la obligación.
Expertos en derecho financiero consideran que la Ley 2573 responde a una necesidad creciente de protección ciudadana frente a modalidades de fraude cada vez más sofisticadas, especialmente aquellas relacionadas con el robo de datos personales, la apertura irregular de créditos, la contratación fraudulenta de servicios y las estafas digitales.
La nueva normativa entrará plenamente en vigencia seis meses después de su promulgación, aunque algunos de sus apartados ya comenzaron a regir desde su publicación oficial. Con ello, el país da un paso importante en la defensa de los derechos de los consumidores y en la lucha contra la suplantación de identidad, uno de los delitos que más afectan la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero y comercial colombiano.