El Juzgado Primero Penal Municipal sancionó a Juan Carlos Muñoz Bravo y Lizeth Vanessa Plazas Quibano por desacatar un fallo de tutela, tocando el fondo de la crisis institucional que vive la movilidad local.
El Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán emitió este 9 de julio de 2026 una sanción de arresto y multa contra el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Muñoz Bravo, y la secretaria de Tránsito Municipal, Lizeth Vanessa Plazas Quibano.
La drástica medida judicial se ordenó al comprobarse el incumplimiento reiterado de un fallo de tutela instaurado por la ciudadana Estefanía García Pineda, en un hecho que consolida el colapso administrativo y ético que afronta la autoridad vial del municipio.
Los detalles del desacato judicial
Mediante el Oficio Nro. 1839, notificado bajo el radicado 19-001-40-88-001-2026-00091-00, el despacho judicial dejó al descubierto la omisión institucional de la Alcaldía de Popayán. Según lo certificado por el secretario del juzgado, José David Fernández Ruales, ni el mandatario ni la funcionaria lograron demostrar el cumplimiento del fallo de tutela proferido desde el pasado 27 de mayo de 2026.
La sanción legal cobija formalmente a:
- Juan Carlos Muñoz Bravo: Alcalde de Popayán, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 76.309.429.
- Lizeth Vanessa Plazas Quibano: Secretaria de Tránsito Municipal, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.061.700.184.
"Se emitió SANCION DE MULTA Y ARRESTO en contra del Dr. JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO -Alcalde de Popayán [...] y la Dra. LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO, Secretaria de Tránsito Municipal de Popayán [...] en atención a que no probaron haber dado cumplimiento al Fallo de Tutela emitido por este Despacho el 27 de mayo de 2026".
El trasfondo: un ecosistema acorralado por denuncias de corrupción
La orden de arresto no llega en un vacío institucional; por el contrario, representa la cima de un iceberg plagado de cuestionamientos hacia la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán. En los últimos meses, la entidad ha sido blanco de graves denuncias expuestas en el Concejo Municipal y en el debate público:
- Cartel del "borrón y cuenta nueva": Denuncias sobre presuntos cobros irregulares para alterar sistemas y borrar comparendos por alcoholemia e infracciones graves.
Alexander Casas Prado
- Tráfico de permisos de pico y placa: Expedición arbitraria de excepciones a favor de allegados a la administración sin el cumplimiento de los requisitos legales.
- Irregularidades en fotomultas y patios: Polémicas por el cobro ininterrumpido de fotocomparendos cuestionados técnicamente y denuncias sobre el extravío de autopartes en los parqueaderos autorizados.
James Ruiz
- Fractura y deslinde político: El descontento ha escalado a tal punto que figuras políticas como el representante a la Cámara por el Cauca, Jorge Bastidas, han salido públicamente a desmarcarse de la gestión de la cartera vial, asegurando que no mantienen vínculo alguno con la cuestionada secretaría.
Alexander Casas Prado
Esta decisión judicial evidencia una profunda parálisis administrativa en el gobierno local. Cuando una administración municipal ignora sistemáticamente los mandatos constitucionales hasta llevar a un juez a ordenar el arresto del propio alcalde, el principio de autoridad se desmorona. Si a la ineficiencia para responder a un derecho ciudadano se le suman los crecientes señalamientos por cobros ilícitos y manejos opacos dentro de la dependencia vial, la confianza ciudadana en la institucionalidad de Popayán queda severamente fracturada.
Se aguarda la respuesta oficial del equipo jurídico de la Alcaldía de Popayán frente a la orden de arresto y el pago de las multas impuestas por el despacho judicial.
Sin embargo, la pregunta inevitable que hoy ronda los pasillos del Palacio Municipal y las calles de Popayán es insoslayable: ¿hasta dónde llevará la negligencia y la presunta corrupción en la Secretaría de Tránsito? Tal parece que para la actual administración, ni los reclamos ciudadanos, ni los distanciamientos de sus aliados políticos, ni siquiera la amenaza de terminar tras las rejas por orden judicial resultan suficientes para tomarse en serio el respeto a la ley y la transparencia pública. Al ritmo que vamos, el único "tráfico" que fluye con perfecta eficiencia en esa secretaría es el de la impunidad.
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