Extinguen dominio a motel señalado de explotación sexual de menores: bienes superan los $11.000 millones
Las autoridades también investigan si el lugar era usado para el almacenamiento y venta de drogas.
La Fiscalía General de la Nación golpeó las finanzas de una presunta red dedicada a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín, al imponer medidas cautelares sobre dos bienes avaluados preliminarmente en más de 11.000 millones de pesos.
Las acciones judiciales recayeron sobre un inmueble ubicado en el centro de la capital antioqueña y un establecimiento de comercio que funcionaba como motel, los cuales, según la investigación, habrían sido utilizados para facilitar actividades de explotación sexual de menores de edad.
De acuerdo con la Fiscalía, durante diferentes operativos realizados en el lugar las autoridades detectaron el ingreso recurrente de niñas y adolescentes que presuntamente eran sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución.
Las investigaciones también permitieron recopilar evidencia que indicaría que el establecimiento era utilizado como centro de almacenamiento y comercialización de sustancias estupefacientes, ampliando así las líneas de investigación sobre las actividades ilícitas que se desarrollaban en el sitio.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó las medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión de los bienes.
Las diligencias fueron ejecutadas de manera conjunta por unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en desarrollo de una estrategia para afectar el patrimonio obtenido o utilizado presuntamente en actividades criminales.
Los bienes intervenidos quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que asumirá su manejo mientras avanza el proceso de extinción de dominio que definirá su situación jurídica definitiva.
Con esta acción, las autoridades buscan debilitar las estructuras económicas que respaldan delitos relacionados con la explotación sexual de menores y el tráfico de estupefacientes en la ciudad.