Giro en la política migratoria de Colombia: De la Espriella ordena deportaciones masivas y nombra a un expolicía para expulsar inmigrantes ilegales

Aunque la migración no fue un estandarte en su campaña, el presidente Abelardo de la Espriella ha convertido el tema en uno de los pilares de su gobierno antes de cumplir un mes en la Casa de Nariño. A tono con su promesa de "mano dura" en seguridad, el mandatario ordenó la deportación inmediata de los migrantes irregulares, priorizando a quienes tengan registros penales para, posteriormente, ir contra quienes carezcan de documentación válida.

Para ejecutar esta directriz, la dirección de Migración Colombia quedó en manos de José Luis Castañeda Tiria, un coronel retirado de la Policía Nacional con amplia trayectoria en inteligencia, seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia. Castañeda, quien en 2018 se desempeñó como comandante de la Policía en el Cesar durante su servicio activo, toma el relevo de Gloria Arriero, quien presentó su renuncia tras el cambio de gobierno.

Desde la Cancillería, entidad rectora de Migración, indicaron que la misión del nuevo director será modernizar la agencia y blindar las fronteras con "respuestas institucionales rápidas", garantizando que funcione en consonancia con los convenios internacionales y las políticas del nuevo ejecutivo. Un lenguaje que ya genera alertas sobre la militarización del enfoque migratorio.

"No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa", sentenció De la Espriella. Las palabras del presidente afectan de forma directa a la población venezolana, que constituye el 90% del total de migrantes en el país (2,8 millones de personas). De acuerdo con las cifras oficiales, 848.000 de ellos se encuentran en situación irregular.

Operativos y resistencias

Las expulsiones arrancaron de forma silenciosa. El 28 de agosto, apenas un día después de la posesión presidencial, Migración Colombia ejecutó el primer operativo bajo la nueva política: cinco ciudadanos venezolanos fueron deportados. Cuatro de ellos fueron catalogados como "riesgo para la seguridad nacional" por contar con antecedentes por porte de armas, consumo de drogas o irrespeto a la autoridad; el quinto había cumplido una pena por extorsión en territorio colombiano.

La reacción de la sociedad civil no se hizo esperar. Una treintena de organizaciones, incluida la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), emitieron un comunicado este martes en el que rechazan las devoluciones, argumentando que las crisis estructurales que expulsaron a millones de venezolanos no solo persisten, sino que se han profundizado. Además, advierten que la criminalización de la migración y los operativos de captura generan un efecto amedrentador que aleja a los migrantes de acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo.

Para las ONG, la llegada de Castañeda a Migración confirma un "viraje hacia el enfoque securitista" que deteriora el carácter civil que debería imperar en la entidad.

Un quiebre histórico y obstáculos legales

La postura del actual gobierno marca un quiebre radical frente a administraciones anteriores. Desde el inicio del éxodo venezolano en 2015, gobiernos de izquierda, centro y derecha habían garantizado, con sus diferencias, la acogida de la población migrante. Hoy, el discurso se transforma: "Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos", recalcó De la Espriella, alineándose con la ola ultraderechista regional encabezada por figuras como Donald Trump (EE. UU.), Javier Milei (Argentina) y José Antonio Kast (Chile), todos impulsores de expulsiones masivas.

No obstante, el principal freno para esta política es la Corte Constitucional. La alta corporación judicial prohíbe las deportaciones colectivas y exige que cada proceso sea valorado de forma individual, garantizando el debido proceso y una debida motivación de las órdenes de expulsión. Esto representará un desafío logístico y jurídico considerable para una entidad que promete operar con celeridad.

La insuficiencia de las rutas de regularización

Frente a la presión, Migración Colombia publicó una nueva "ruta de regularización" para venezolanos que contempla tres caminos: uno para menores de edad (de los cuales 193.000 son irregulares), otro de permiso de permanencia para sus tutores (de escasa utilidad práctica por sí solo), y una visa de visitante especial que habilita para trabajar y estudiar por dos años.

Para Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la medida se queda corta. "Muchos no tienen acceso ni a los documentos ni al dinero que requiere el trámite", explica, lo que dejaría a cientos en la indefensión. El experto también lanza una alerta por la población infantil: "Hay casi 200.000 niños [venezolanos] fuera de instituciones educativas y hay un alto riesgo de reclutamiento o instrumentalización por parte de los grupos criminales".

Ante este panorama, las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en su llamado al Gobierno para cesar la retórica xenófoba y construir mecanismos de regularización que sean verdaderamente accesibles.