Gobierno Nacional no negociará con la banda delincuencial La Inmaculada

Luego de los ataques armados en la ciudad de Tuluá, Valle,  el 10 de febrero, que dejaron dos muertos y cuatro heridos, la banda criminal “La Inmaculada” le pidió al Gobierno de Gustavo Petro que le permitiera entrar a la política de Paz Total para acabar con el conflicto, asegurando que tienen presencia en el territorio nacional.

A raíz de esta situación, el Ejecutivo, a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, dejó clara la posición del Estado respecto a dicha solicitud, que varios sectores calificaron como polémica, en especial tras los actos violentos registrados en el municipio que también provocaron un paro de actividades en el Inpec por las amenazas a sus funcionarios.

Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro le había respondido a “La Inmaculada” tras lo ocurrido el 10 de febrero, dijo que no aceptará “chantajes”, que “retaron a la sociedad” por dicho atentado en Tuluá y que sus jefes continuarán en los centros penitenciarios.

En el panfleto de la banda criminal que circuló en Tuluá y las redes sociales, pedían que el Gobierno se sentara a negociar el fin de las acciones bélicas, buscando un tratamiento similar al del ELN o el Estado Mayor Central, con los que se adelanta un proceso de paz.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue claro al expresar que, por ahora, no se considera una negociación con “La Inmaculada” ante los ataques contra la fuerza pública y la comunidad, pero asegurando que dicha decisión quedaría en el Alto Comisionado para la Paz.

“No existe ahora una conversación con los jefes de esa organización criminal. Precisamente, es lo que han venido reclamando en sus diversos comunicados. Pero, en todo caso, esta, que es una decisión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no puede incidir en las acciones que se continúa desarrollando la fuerza pública”, mencionó.

Velásquez explicó que no se puede negociar con la banda criminal de la misma manera que con los grupos guerrilleros que operan actualmente en el país, sino que deberá ser con sometimiento a la justicia para que sus interantes respondan por sus delitos.

“Se trata, dada la naturaleza de esa organización, se trata de si eventualmente se resolviera conversar, se trata de conversaciones con miras al sometimiento, no precisamente de una negociación al estilo de la que se realiza con el Ejército de Liberación Nacional, ELN”, afirmó el ministro de Defensa.

La organización criminal mencionó en su panfleto que “solo queremos ser escuchados y reconocidos como parte del conflicto, pues no solamente con los grupos guerrilleros se encontrará la paz”, un mensaje con destino a Otty Patiño, alto comisionado para la paz, y el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.

“Nosotros tenemos en el territorio nacional, el poder en áreas urbanas, como ya lo hemos podido demostrar. No estamos pidiendo dinero ni secretarías ni tampoco nuestra libertad (...) solamente queremos ser escuchados, como lo han podido hacer en ocasiones anteriores y entablar una mesa de diálogo para encontrar soluciones como sucedió en Buenaventura o también en la ciudad de Medellín”, se lee en el panfleto.

“La Inmaculada” también se refirió a la publicación del mandatario Gustavo Petro el domingo 11 de febrero, tras los ataques armados, señalando que no iba a aceptar ningún “chantaje” con ataques a la fuerza pública y la ciudadanía: “Les recordamos que antes de que esto sucediera les informamos que hacemos responsable al señor alcalde Vélez de ser él quien está haciendo cerrar todos los negocios”.

Finalizando el documento, la banda envió un mensaje al Inpec “para que nos escuchen y sepan que paramos nuestros actos por el paro nacional que fue convocado por el señor Óscar Robayo para que de esta manera se puede empezar a encontrar una solución”.