Gobierno por en marcha el programa para la reincorporación de excombatientes indígenas que estuvieron en las Farc

El capítulo étnico del Acuerdo de Paz, el más rezagado de los puntos de implementación del pacto de 2016 entre las Farc y el gobierno, tuvo hace unos días uno de los impulsos más importantes.

El Estado colombiano adoptó oficialmente el Programa Especial de Armonización Indígena “Caminos para volver al origen”, una política que tiene como objetivo garantizar que la reincorporación y la reintegración de firmantes de paz y excombatientes indígenas se desarrollen con respeto pleno por su cultura, su organización social y sus territorios.

De acuerdo con cifras de la Misión de Verificación de la ONU, a junio de 2025, 2.881 personas en el Programa de Reintegración Integral (PRI) tienen pertenencia étnica, casi el 26 por ciento del total de integrantes de esa iniciativa. De ese total, 1.832 son indígenas o de pueblos originarios, 794 afrocolombianos, 229 de etnia negra, 17 palenqueros, siete raizales y dos de pueblo Rrom o gitano.

La medida -que quedó formalizada en el Decreto 0856 del 30 de julio de 2025, tras cinco años de trabajo y consultas previas con comunidades indígenas- busca “garantizar el enfoque étnico diferenciado de las personas indígenas” mediante principios rectores, lineamientos y medidas que permitan su “armonización social, económica y cultural” tras la dejación de armas.


El decreto reconoce que la diversidad étnica es un valor protegido por la Constitución y que, en el caso de los pueblos indígenas, la paz debe incluir procesos que restablezcan su ley de origen, el derecho mayor y la palabra de vida.


La asamblea de concertación y validación del Plan Comunitario de Armonización Indígena se realizó el pasado sábado 2 de agosto en los resguardos de Cañamomo y Loma Prieta, en Riosucio, Caldas, según comunicó el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), del Partido Comunes.

“En este espacio contamos con la participación de las autoridades indígenas territoriales, firmantes de paz y la comunidad, donde se priorizaron y validaron de forma unánime cinco acciones concretas por implementar, alineadas con los cinco pilares del Programa Especial de Armonización. Esta jornada marca un hito en la construcción de una agenda territorial étnica“, dijo el CNR.


En efecto, el Plan Comunitario de Armonización Indígena se sostiene sobre cinco pilares que reflejan la visión integral de las comunidades para construir paz desde sus territorios.


El primero es el gobierno propio y la biogobernanza, que fortalece las autoridades y sistemas de gestión indígena. El segundo, territorio y naturaleza, protege la relación espiritual y material con la tierra y los ecosistemas. El tercero es el buen vivir y los planes de vida comunitarios. El cuarto reconoce el papel central de las mujeres, la niñez y la juventud en la continuidad del tejido social.

El último pilar es la identidad cultural, espiritualidad y cosmovisión, que asegura la preservación y revitalización de prácticas, saberes y creencias ancestrales que sostienen la vida comunitaria.


El programa tiene como objetivo a personas indígenas que se encuentren en proceso de reincorporación —como exintegrantes de las FARC-EP— o en reintegración, en el caso de antiguos miembros de otros grupos armados. Los beneficios serán complementarios a los que ya ofrece la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y otras entidades del Estado, pero con un enfoque culturalmente pertinente.


Esto significa que los proyectos productivos, el acceso a formación, las medidas de reparación y los mecanismos de participación deberán adaptarse a la cosmovisión, las estructuras de gobierno propio y las prácticas tradicionales de cada pueblo indígena.


El origen del programa se remonta a un proceso de consulta previa iniciado el 4 y 5 de agosto de 2020, y concluido con su protocolización en noviembre de 2023, en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas. Allí se acordó una ruta metodológica para concertar y formular el componente indígena de la reincorporación con enfoque diferencial étnico y de género.


En la normativa se pone de presente que el capítulo étnico del Acuerdo de Paz incluye salvaguardias, como la consulta previa, libre e informada, y la garantía de que ninguna medida de implementación podrá ir en detrimento de los derechos de los pueblos. También contempla el derecho a la objeción cultural como medida de no repetición.


La implementación estará a cargo del Ministerio del Interior, la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz y la ARN. Estas instituciones deberán coordinar la articulación interinstitucional y adoptar procedimientos con enfoque étnico diferenciado.


El decreto le da el visto bueno a las entidades del Gobierno para priorizar recursos presupuestales y gestionar cooperación nacional e internacional.

“Los organismos estatles responsables de la implementación del capítulo étnico podrán priorizar y ejecutarán las asignaciones presupuestales específicas de conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto y con las disponibilidades incluidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para el cumplimiento de los acuerdos pactados con los Pueblos Indígenas”, explica la norma.

Además, establece que el financiamiento deberá cumplir con “los principios de transparencia” y garantizar el acceso a la información para las comunidades beneficiarias.


En materia operativa, dice el decreto, se permitirá la contratación directa de bienes y servicios con organizaciones y autoridades indígenas, siempre bajo la normatividad vigente, con el fin de fortalecer la capacidad de gestión.