Iván Cepeda denuncia desde Popayán nuevas pruebas de presión armada sobre electores en el Guaviare

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró este martes desde Popayán que cuenta con nuevas pruebas que demostrarían el constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales en el sur del país. El congresista anunció que las evidencias serían radicadas ante la Fiscalía General de la Nación en las próximas horas.

Según Cepeda, el material recopilado incluye imágenes y grabaciones de audio en las que se observa y escucha a integrantes de grupos disidentes de las FARC presionando a habitantes del departamento del Guaviare para incidir en su decisión de voto de cara a las elecciones presidenciales. El candidato no precisó la fecha exacta en que fueron obtenidos los registros ni el municipio específico donde habrían ocurrido los hechos documentados, pero aseguró que su contenido es contundente y suficiente para iniciar una investigación formal.

"Rechazamos de una manera clara, tajante, contundente cualquier intento de los grupos armados por presionar al electorado en un sentido o en otro", afirmó el senador ante los medios de comunicación que lo acompañaban en la capital caucana, donde se encontraba en el marco de una jornada de campaña. Cepeda subrayó que su postura frente a esta clase de prácticas no admite ambigüedades: las armas no pueden ser utilizadas para limitar, censurar ni coartar el derecho ciudadano al voto libre y secreto.

La declaración del candidato del Pacto Histórico adquiere especial relevancia en un contexto electoral marcado por múltiples alertas sobre la interferencia de actores armados ilegales en distintas regiones del país. En el Encuentro de Honda 2026, realizado recientemente con la participación de gobernadores, alcaldes, magistrados de altas cortes, exministros, empresarios y líderes comunitarios e indígenas, ya se había advertido sobre la presencia de grupos ilegales con capacidad de influir en el proceso electoral en cerca de 168 municipios del territorio nacional.

El Guaviare, departamento al que Cepeda hace referencia en sus denuncias, es una de las regiones del país con mayor presencia histórica de estructuras armadas ilegales, en particular de disidencias de las FARC. Organizaciones de derechos humanos y organismos electorales han advertido en reiteradas ocasiones que ese departamento, junto con otros del sur y el Pacífico colombiano, concentra algunos de los mayores riesgos para la libre participación ciudadana en los comicios.

Consultado sobre si las presiones documentadas estarían orientadas a favorecer su propia campaña o la de sus contendores, Cepeda evitó pronunciarse al respecto. El candidato prefirió dejar ese análisis en manos de las autoridades competentes y se limitó a reiterar que su campaña no tiene ningún tipo de vínculo con los grupos armados que operan en esa región, ni con ningún otro actor ilegal en el territorio nacional.

"Hemos procedido a elaborar un escrito que se está radicando en este momento ante la Fiscal y que prueba que nosotros no tenemos ninguna clase de vinculación ni toleramos que se presione a los ciudadanos", concluyó el senador, en un mensaje que parece responder también a señalamientos previos sobre presuntos nexos entre algunos sectores del Pacto Histórico y actores armados en zonas de conflicto.

La decisión de Cepeda de hacer el anuncio desde Popayán no es un detalle menor. El Cauca es uno de los departamentos con mayor complejidad en materia de seguridad y orden público en Colombia, y ha sido escenario recurrente de episodios de violencia que afectan la movilidad, la vida comunitaria y el ejercicio de los derechos políticos de sus habitantes. En lo que va de 2026, el departamento ha registrado múltiples masacres, ataques contra líderes sociales y acciones de grupos armados ilegales que operan en su territorio.

La Fiscalía General de la Nación aún no se había pronunciado oficialmente sobre la radicación del escrito anunciado por Cepeda ni sobre el inicio de eventuales diligencias a partir de las pruebas entregadas. Los organismos electorales y la Misión de Observación Electoral tampoco habían emitido hasta el cierre de esta nota una posición frente a las denuncias del candidato presidencial.

El caso se suma a una serie de alertas que distintos actores políticos, sociales e institucionales han elevado en las últimas semanas sobre las condiciones en que se desarrollará el proceso electoral en zonas con presencia de grupos armados, y reaviva el debate sobre las garantías necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni amenazas.