Nuevos detalles sobre la trayectoria de Juliana Guerrero dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro han salido a la luz en medio de la controversia por las denuncias de una presunta red de tráfico de influencias y corrupción que sacude a la administración saliente.

De acuerdo con una investigación publicada por Infobae, los registros de la plataforma de Función Pública muestran que Guerrero comenzó su vínculo con el Gobierno nacional en octubre de 2022 mediante un contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Posteriormente ocupó diferentes cargos y suscribió nuevos contratos con entidades estatales, consolidando una presencia constante dentro de la administración nacional.

Según la prensa nacional, durante cerca de cuatro años Juliana Guerrero pasó por varias dependencias del Ejecutivo, desempeñando funciones tanto como contratista como funcionaria, además de asumir designaciones de representación institucional. La investigación sostiene que esa trayectoria le permitió percibir ingresos que, en conjunto, ascienden a varios cientos de millones de pesos provenientes de recursos públicos.

Las revelaciones se conocen en momentos en que Guerrero enfrenta fuertes cuestionamientos por presuntamente haber utilizado su cercanía con altos funcionarios del Gobierno para influir en procesos de contratación pública. Las denuncias incluyen testimonios, conversaciones y otros elementos que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El caso tomó mayor relevancia luego de las declaraciones de la exdirectora del Dapre y gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, quien señaló públicamente a Juliana Guerrero de ejercer una fuerte influencia dentro del Gobierno y de participar, presuntamente, en decisiones administrativas y de contratación. Estas afirmaciones desencadenaron una nueva crisis política en los últimos días del mandato de Gustavo Petro.

En medio de la polémica, la Fiscalía inició actuaciones para verificar las denuncias relacionadas con una presunta red de corrupción que involucraría a Juliana Guerrero y a otras personas cercanas a ella. Paralelamente, diversos sectores políticos han solicitado que se esclarezca el origen de los contratos, los nombramientos y los recursos percibidos durante su paso por el Gobierno.

Hasta el momento, Juliana Guerrero ha rechazado los señalamientos y ha manifestado que afrontará las investigaciones para demostrar su inocencia, mientras los organismos de control y la justicia avanzan en la recolección de pruebas sobre uno de los escándalos que más impacto ha generado en el cierre del Gobierno Petro.