La desaparición del escolta José Alirio Daza en Miranda, Cauca, genera creciente preocupación en la región

La reciente desaparición de José Alirio Daza, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección, UNP, encendió  las alarmas en el departamento del Cauca. Este funcionario, cuya labor se centra en proteger a personas en situación de riesgo, fue visto por última vez en el municipio de Miranda el pasado miércoles 22 de abril de 2026.

Desde entonces, no se tiene información alguna sobre su paradero, lo que ha movilizado a autoridades, organizaciones sociales y el gremio de seguridad regional en la búsqueda de este ciudadano.

Según informó el sindicato de seguridad y protección, la desaparición de Daza representa un hecho preocupante dado el contexto de violencia y riesgos permanentes que enfrentan los funcionarios de la UNP en zonas con problemas de orden público. Los escoltas de esta unidad son responsables de salvaguardar a líderes sociales, defensores de derechos humanos y otras personas amenazadas, una tarea que los expone directamente a la violencia ejercida por grupos armados ilegales.

Desde el momento en que se confirmó la ausencia de José Alirio Daza, compañeros de trabajo y diversas organizaciones sociales iniciaron una campaña para localizarlo. A través del llamado a la ciudadanía, han solicitado cualquier información que pueda contribuir a esclarecer su paradero. Para ello, fue habilitada la línea telefónica 314 544 8725, destinada a recibir datos relevantes que permitan avanzar con la búsqueda.

Familiares y allegados del escolta también reclaman respuestas urgentes y demandan a las autoridades que aceleren las labores de investigación y búsqueda. Pese a que, hasta ahora, las instancias encargadas no han emitido un pronunciamiento detallado, se espera que en las próximas horas se intensifiquen los operativos para encontrar a Daza y garantizar su regreso con vida.

La desaparición del escolta se suma a un preocupante aumento de ataques y agresiones contra los funcionarios de la UNP en el Cauca. Un caso reciente y lamentable que evidencia este riesgo es el asesinato de Nilson Tumal, guardaespaldas de 54 años oriundo de Pasto, quien perdió la vida tras un ataque con arma de fuego en la vereda Quita Pereza, Santander de Quilichao. Tumal fue durante muchos años escolta del reconocido líder político Luis Fernando Velasco, y su muerte destaca la gravedad de la situación en la región.

El departamento del Cauca se caracteriza por la presencia activa de grupos armados ilegales, especialmente disidencias de las Farc, que han emitido amenazas directas contra los escoltas y sus protegidos. La constante lucha por el control territorial ha convertido estos escenarios en escenarios de alta peligrosidad, donde la fuerza pública y quienes brindan protección enfrentan agresiones sistemáticas

Además de los ataques directos, los escoltas deben enfrentar otros riesgos significativos como secuestros, retenciones ilegales y el hurto de vehículos oficiales. Estos actos son frecuentes en regiones con fuerte influencia de estructuras criminales y actores armados irregulares. La amenaza del uso de artefactos explosivos, incluyendo cargas improvisadas y atentados con carros bomba, también es una realidad que pone en constante alerta a los funcionarios.

Rodrigo Paz, expolicía que actualmente trabaja como escolta en la UNP, describe este panorama como una crisis de seguridad. “Los escoltas no solo cumplen una función de protección, sino que se convierten en objetivos directos o colaterales de la violencia, en medio de una situación cada vez más compleja”, afirmó. La presión y el peligro constante generan un ambiente de trabajo extremadamente hostil para quienes se encuentran en primera línea defendiendo la vida y los derechos de personas vulnerables.

Frente a esta realidad, la desaparición de José Alirio Daza refleja no solo un hecho aislado, sino la manifestación de un problema estructural en la seguridad del Cauca y otras zonas con presencia de conflicto armado. La sociedad civil, instituciones y organismos internacionales han llamado a fortalecer las medidas de protección y garantías para el personal de la UNP, con el fin de evitar que situaciones similares se vuelvan presentar.