MAGNICIDIO DE MIGUEL URIBE TURBAY, una tragedia que abrió las grietas y tensiones del sistema de responsabilidad penal juvenil para adolescentes en colombia.

 El pasado 7 de junio el país presenciaría uno de los asesinatos más desgarradores de los últimos años, el precandidato y senador por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay sería víctima de un acto de sicariato durante una reunión política en el barrio Modelia en la ciudad de Bogotá. Hecho que no solo conmocionó al país, sino que también reabrió el debate frente a la violencia política, el recrudecimiento de la inseguridad y el rol de los menores en las estructuras criminales. 

 El hecho de que el delito haya sido perpetrado por un menor de 15 años, como autor material del atentado, ha volcado al país a revivir un debate ya conocido durante los años más dolorosos de la lucha contra el narcoterrorismo en el país. ¿Cómo conciliar la necesidad de condenas ejemplificantes y necesarias en actos de suma gravedad para el país y el cumplimiento y respeto de los derechos e intereses superior de los menores? 

 El menor, sindicado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas enfrenta serios cargos que, de tratarse de un mayor de edad, representarían una condena amplia y suficiente, viéndose limitados en este caso al ser procesado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (en adelante, SRPA) donde la Ley 1098 de 2006 prevé sanciones y procedimientos específicos que cuentan con un enfoque orientado a la protección de derechos y resocialización de los menores, limitando la privación de la libertad a un máximo de 8 años. 

 Al respecto, el abogado penalista Juan José Roldán, en entrevista con el medio Infobae, ha sostenido que; 

 “Acá los derechos de los niños están por encima de todo. Acá no se podría hablar de una pena o condena, se habla de sanciones, que pueden ir de dos a ocho años por homicidio agravado o intento de homicidio, y no deja antecedentes, no se habla de enjuiciar al menor, sino de restablecerle los derechos, es una obligación del Estado que el menor no esté en la calle cometiendo estos actos”[1] 

Sin embargo, este hecho refleja y abre una discusión que desborda el ámbito jurídico —penal y desnuda las grietas y deficiencias de la política criminal en Colombia. La necesidad de poder conciliar las exigencias y efectividad de la justicia penal en casos atroces, que atentan contra el orden democrático y la seguridad nacional sin que ello represente un sacrificio de la protección integral del menor y su potencial de reinserción social, al igual que el respecto de los derechos y garantías del menor se despuntan como uno de los tantos retos a resolver en la formulación y diseño de la política criminal en el país. 

 En este sentido, la Corte Constitucional, en sentencia T-142 de 2019, también ha hecho énfasis en ‘la doble dimensión’ del SRPA sobre el cual sostiene que; “(…) conforme a este nuevo sistema, al menor se le ve como una persona con capacidad, a la cual se le puede imputar responsabilidad penal como consecuencia de su actuar contrario a la normatividad legal, pero a su vez, es protegido por un sistema con garantías constitucionales y legales que busca materializar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño con un trato adaptado a las particulares características, necesidades e intereses que confluyen en los menores de edad” (énfasis propio)[2] 

Los hechos que cobrarían la vida del senador y precandidato Uribe Turbay también demuestran la necesidad de un modelo penal que logre proteger a los menores que son ‘carnada fácil’ para las estructuras criminales siendo manipulados para poder cometer delitos graves sin que las consecuencias penales sean mayores, complicando así la efectiva aplicación del SRPA, que debe proteger no solo a los menores implicados en hechos delictivos, sino también a las víctimas y garantizar la seguridad de la ciudadanía. 

 Demostrándose así que la formulación de políticas criminales que no logren articular los esfuerzos sociales, políticos e, incluso, económicos resultan insuficientes, pues, no logran prevenir el ingreso de los menores a las estructuras delictivas. De hecho, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la tasa de reincidencia en adolescentes es del 19,9% lo que implica que 1 de cada 5 menores vuelve al sistema por la comisión de nuevos delitos[3], donde resultan insuficientes, incluso los modelos de protección alternativa como los programas educativos de Paz,[4] del cual hacia parte el menor implicado en el atentado a Uribe Turbay y del cual se había retirado de forma voluntaria, comprobándose su alto nivel de vulnerabilidad y conflictividad del menor. 

Mientras el país sigue exigiendo una condena ejemplificante para los involucrados en estos hechos, la respuesta institucional, legislativa y judicial parecen apuntar a muchos lados sin lograr formular una política estatal que se integre en la prevención y protección de los menores que cada día se suman a las filas de los grupos delincuenciales, empujados por falsas promesas y grandes desigualdades sociales. 

Este, como muchos otros casos, no es un hecho aislado de la realidad del país, según la Defensoría del Pueblo, durante el año 2024 fueron reclutados 409 menores, demostrando un aumento frente a los 342 casos registrados en 2023, de los cuales 300 casos registrados[5] han sido cometidos en el departamento del Cauca, que se ha convertido en una clase de ‘enclave’ de los grupos delincuenciales, donde las estructuras criminales han mantenido, incluso posterior a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas FARC, prácticas de reclutamiento forzado y uso de menores en actividades ilícitas siendo esta una realidad que si bien se da en el ámbito urbano, sigue siendo uno de los flagelos de violencia más aquejantes en la ruralidad colombiana[6], donde la falta de oportunidades, las desigualdades sociales y el alto estado de indefensión siguen siendo un gran problema a la hora de articular una política integral que aleje, de una vez por todas, a los menores de la violencia.

 La realidad no es alentadora, y con el transcurrir de décadas de conflicto armado y crimen organizado en el país, miles de menores han sido víctimas de la violencia, incluso cuando toman el rol del criminal. El hoy es un reflejo del ayer, y estos desgarradores hechos abren la historia de Colombia, recordándonos que durante los años 80 el cartel de Medellín y demás estructuras del narcoterrorismo, utilizarían cientos de menores para nutrir sus filas delincuenciales denominándoles ‘los suizos’ por su vinculación a misiones de alto impacto que eran prácticamente suicidas, como el emblemático magnicidio del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez cometido por un menor de edad.

 En este sentido, tanto el pasado como el presente resaltan la evidente y urgente necesidad de una reformulación del modelo de responsabilidad penal en el país, que pase por una combinación de legislación, recursos, coordinación institucional y formulación de políticas públicas integrales que eviten la repetición de estos casos y fortalezcan la protección social de los adolescentes porque cuando un menor comete un delito, lo que debería activarse es un sistema de protección, no una máquina de exclusión que, como se ha demostrado, no logra educar antes de castigar ni tampoco rehabilitar antes de reprimir.

 Los años han pasado y el país sigue viendo como su juventud muere y asesina en una guerra que no solo arrebata vidas, sino también infancias que se pierden entre cañones y rejas.

[1] Rivera, Jimmy Nomesqui. 2025. «Aunque Aceptó Cargos, Menor Que Le Disparó A Miguel Uribe No Será Juzgado Como Adulto: Así Se Resuelven Estos Casos». Infobae, 09 de agosto de 2025. https://www.infobae.com/colombia/2025/08/05/aunque-acepto-cargos-menor-que-le-disparo-a-miguel-uribe-no-sera-juzgado-como-adulto-asi-se-resuelven-estos-casos/.

[2] Corte Constritucional de la República de Colombia. Sentencia T-142 del 29 de marzo de 2019 Exp. 6.683.098. [M.P Alejandro Linares Castillo]

[3] Cueto, José Carlos. 2025. «Atentado Contra Miguel Uribe Turbay: Los Miles de Menores Que Durante Décadas Han Sido Reclutados Por Grupos Armados Para Matar En Colombia». BBC News Mundo. 9 de junio de 2025. https://www.bbc.com/mundo/articles/c20q4vepyjvo

[4] Ibidem.

[5] Defensoria del Pueblo  «Reporte Sobre Casos de Reclutamiento Conocidos Por la Defensoría del Pueblo Durante 2024 - Defensoria». s. f. Defensoria. https://www.defensoria.gov.co/-/reporte-sobre-casos-de-reclutamiento-conocidos-por-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-durante-2024

[6] Colombiano, El. 2025. «La Fiscalía Llamó A Juicio Al Menor Que Le Disparó Al Senador y Precandidato Presidencial Miguel Uribe Turbay | el Colombiano». El Colombiano, 19 de julio de 2025. https://www.elcolombiano.com/colombia/fiscalia-llamo-juicio-menor-que-disparo-senador-precandidato-presidencial-miguel-uribe-turbay-AL28231919.