Máxima tensión en Suárez, Cauca, por el incremento de la guerra en este municipio

La Defensoría del Pueblo de nuevo pone en el radar al departamento del Cauca, por cuenta de la guerra que libran allí los grupos al margen de la ley.

La entidad  humanitaria emitió una nueva alerta temprana sobre el municipio de Suárez, ubicado al noroccidente del departamento, relacionada con los riesgos contra la población civil que genera la presencia y acción armada de las disidencias de las Farc.

Se refirió puntualmente al ala dirigida por alias Iván Mordiso, con influencia en esa zona del suroccidente del país.

De acuerdo con la Defensoría, en el municipio de Suárez se evidencia “un accionar hegemónico” del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que hace parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, comandado por Iván Mordisco. Esta estructura ilegal ejerce allí “un control robusto sobre los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales de las comunidades rurales y urbanas".

La ubicación estratégica de este poblado del noroccidente del Cauca, dice la Defensoría, es uno de los asuntos por los que las disidencias de las Farc despliegan con mayor fuerza su presencia y sus acciones armadas. El objetivo es mantener controlados los corredores claves para las economías ilícitas, especialmente la minería ilegal y el narcotráfico, por su conexión directa con el enclave cocalero ubicado en la región del cañón del Micay.

“El Jaime Martínez impone una gobernanza armada ilegal que se manifiesta en la suplantación de funciones estatales como la administración de ‘justicia’ y el cobro de ‘impuestos’”, señaló la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana. Esta acción tiene en “riesgo extremo” a la cabecera municipal de Suárez, 52 de sus veredas, nueve consejos comunitarios y cuatro resguardos indígenas.

“La amenaza se concentra de manera diferencial en niñas, niños y adolescentes, jóvenes, población indígena nasa, población afrocolombiana, población campesina, mujeres, lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz”, detalló la Defensoría. Agregó que las disidencias de las Farc están usando medios de guerra que desconocen el Derecho Internacional Humanitario, como explosivos improvisados, tatucos y drones modificados con explosivos en sitios altamente poblados.

Agregó que estas estrategias se suman a otras prácticas criminales cuyas víctimas, en un buen número de casos, son personas de la población civil. “La gobernanza armada ilegal recurre a la violencia ‘ejemplarizante’, la cual incluye homicidios selectivos, torturas y desmembramientos contra civiles que infringen sus ‘normas’, indicó la Defensoría en su alerta temprana. Sumado al reclutamiento forzado de menores, que son llevados contra su voluntad o engañados para unirse a las filas de la guerrilla.

La entidad humanitaria indicó además que hay una alta posibilidad de que “persistan y se agraven” las vulneraciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, por cuenta de los ataques indiscriminados de los grupos al margen de la ley y la respuesta armada por parte de las fuerzas estatales. Además, las cifras de homicidios, amenazas, masacres y desapariciones forzadas podrían aumentar si prevalece el control de las disidencias.

La alerta de la Defensoría concluye con una lista de 28 recomendaciones a entidades del orden regional y nacional para que atiendan de forma urgente la situación en la región y eviten que la guerra siga escalando en esa zona del suroccidente del país. La entidad pidió que se piense más allá del control e intervenciones al orden público y que se planteen salidas y estrategias integrales, que pongan en el centro la protección de la población civil.