Mientras Popayán celebra la fe, Sayco cobra su diezmo a punta de presión

Mientras miles de ciudadanos y turistas viven con fervor las tradiciones religiosas que hacen de la Semana Santa un patrimonio de la humanidad, otros sectores enfrentan un viacrucis distinto: el de las exigencias y presuntas coacciones del capítulo Cauca de Sayco, liderado por Gloria María Flor Rengifo.

Aunque reconocemos que la protección de los derechos de autor es un deber constitucional y una forma legítima de dignificar el trabajo creativo, también es nuestro deber denunciar lo que empieza a parecer una persecución sistemática contra sectores culturales, empresariales e incluso comunitarios que no tienen ánimo de lucro.

Según nos reportan desde distintos escenarios, Sayco habría amenazado con impedir eventos, cerrar actividades y exigir pagos incluso por música libre de derechos, desconociendo figuras legales vigentes como la dedicación al dominio público, contemplada en la Ley 23 de 1982. Esta establece que si un autor renuncia a sus derechos patrimoniales sobre una obra, esta puede ser utilizada sin restricciones.

¿Control o coacción?
La línea entre defender la ley y abusar de ella es muy delgada, y todo indica que se ha cruzado. Varios organizadores culturales aseguran haber sido presionados para cancelar actividades si no pagaban sumas que consideran desproporcionadas. Incluso se ha llegado al extremo de exigir licencias por el uso de música de dominio público o de carácter tradicional, una interpretación jurídica más que cuestionable.

Por eso hoy, en medio de esta celebración espiritual, es necesario hacer un llamado a la sensatez: Popayán no puede ser rehén ni del chantaje cultural, ni de la voracidad administrativa disfrazada de legalidad.

No se puede permitir que en cada festividad aparezca un nuevo actor buscando “hacer su agosto”, mientras quienes realmente sostienen la cultura desde el trabajo y la pasión se ven arrinconados por trámites y cobros injustificados.

¿Y si la próxima marcha fuera con canciones protesta?
La indignación crece. Nos informan que varios sectores ya preparan respuestas locales y nacionales para visibilizar lo que consideran un atropello. La ironía es que, para manifestarse, también deberán tramitar permiso ante la Secretaría de Gobierno, y quizá por qué no, registrar previamente las letras de las canciones protesta que piensan entonar. Absurdo, pero tristemente posible.

Es hora de que las entidades de gestión colectiva recuerden que su labor debe estar al servicio de la cultura y no en su contra. La Semana Santa no es solo rezos ni incienso, también es trabajo, esfuerzo colectivo y expresión popular. No más barreras absurdas ni amenazas veladas. Que la fe no sea una excusa para el lucro, ni el arte un pretexto para el control.