Muñoz prometió en campaña corregir el impuesto predial injusto de López Castrillón, pero la solución sigue pendiente
El proceso de actualización catastral en Popayán, derivado del contrato interadministrativo entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la administración de Juan Carlos López Castrillón, ha generado un impacto negativo en miles de ciudadanos.
Lo que comenzó como un esfuerzo necesario para modernizar los valores catastrales de los predios ha desembocado en una crisis de confianza institucional, incrementos injustificados en el impuesto predial, y un debate continuo sobre el cumplimiento del contrato por parte del IGAC. A pesar de las afirmaciones de Paola Martínez, gerente del proyecto, sobre la entrega completa de los productos pactados, el panorama que enfrenta Popayán sugiere un incumplimiento en la calidad y equidad de estos.
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En medio de esta controversia, es destacable la reciente actuación del Concejo de Popayán, que en pleno ejerció un control político que celebramos y consideramos esencial en este momento de incertidumbre. El llamado de atención al alcalde Juan Carlos Muñoz para que implemente cambios urgentes en su gabinete no puede pasar desapercibido. Es evidente que algunos secretarios no han cumplido con el rol asignado, lo que ha contribuido al estancamiento de soluciones efectivas para la ciudad. La gestión pública no puede seguir operando con funcionarios que no estén a la altura de las demandas actuales de la ciudadanía.
James Ruiz
El avalúo catastral ha dejado en evidencia una profunda inequidad en la forma en que se han valorado los predios. Muchos propietarios han sufrido aumentos desmesurados e injustificados en sus impuestos prediales, incrementos que no reflejan la realidad económica ni geográfica de sus inmuebles. Esta carga ha resultado insostenible para numerosas familias que hasta 2021 cumplían puntualmente con sus obligaciones tributarias, pero que ahora se ven imposibilitadas de afrontar estos nuevos costos.
La Secretaría de Planeación, Yazmin Hurtado, ha sido clave en manifestar públicamente su preocupación por la falta de rigurosidad en la actualización del avalúo. Hurtado ha liderado el proceso de solicitud de incumplimiento del contrato ante el IGAC, desde la administración de López Castrillón, el alcalde Juan Carlos Muñoz, debe cumplir su promesa de campaña, tomando todas las medidas necesarias para resolver esta problemática. Pero este compromiso debe traducirse en acciones concretas, y aquí es donde el Concejo de Popayán ha hecho bien en exigir cambios en las áreas críticas de la administración municipal.
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El llamado del Concejo es pertinente, ya que el malestar ciudadano no es menor. Las reclamaciones al IGAC por errores en el avalúo han sido atendidas con respuestas automáticas, sin análisis individual ni consideración por la realidad de los afectados. Esto ha generado una desconfianza profunda en las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los contribuyentes.
Es momento de que el gobierno local responda de manera eficaz a las demandas de la ciudadanía. Popayán no puede seguir soportando la carga de un proceso mal ejecutado, y la administración debe implementar un plan de acción que contemple la revisión técnica y legal de todas las reclamaciones presentadas. Tal como lo expone la propuesta de reclamación, se debe exigir al IGAC la revisión y corrección de los avalúos, y mientras tanto, proporcionar soluciones viables a los ciudadanos para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Extender los plazos de pago, ofrecer descuentos y permitir la reliquidación de pagos previos son solo algunas de las medidas que pueden aliviar la presión económica sobre los propietarios.
Adicionalmente, se deben aplicar sanciones a quienes desde la administración han contribuido a la crisis actual. El control político que ha ejercido el Concejo de Popayán debe continuar para asegurar que los cambios necesarios en el gabinete se hagan de manera inmediata, removiendo a aquellos que han fallado en su gestión y nombrando a personas capacitadas para enfrentar los retos actuales.
La situación del avalúo catastral en Popayán no es solo un problema técnico; es un reflejo de cómo la ineficiencia en la gestión pública afecta directamente a los ciudadanos. Celebramos el control político ejercido por el Concejo y su presión para que se realicen los cambios necesarios en el gabinete. Es el momento de actuar, de rectificar los errores y de garantizar que el peso de esta crisis no siga recayendo injustamente sobre los hombros de los ciudadanos. Popayán necesita justicia tributaria, transparencia en la gestión y funcionarios comprometidos con el bienestar de todos.