Muñoz Bravo: $454 millones en publicidad para 64 días, mientras Popayán sigue esperando obras y soluciones

El alcalde que prometió recuperar Popayán y administrar la ciudad con criterio empresarial comprometió una millonaria pauta institucional entre septiembre y noviembre de 2026. El gasto contrasta con atrasos en infraestructura, controversias por servicios públicos y compromisos de campaña que siguen bajo escrutinio ciudadano.

En Popayán, las obras públicas pueden necesitar años para materializarse, pero los contratos de publicidad parecen contar con un calendario bastante más preciso. La administración del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo contrató $454 millones para difundir su gestión durante 64 días calendario, entre el 28 de septiembre y el 30 de noviembre de 2026.

El contrato número 20261800044447, adjudicado a Meridiano Comunicaciones S.A.S., representada legalmente por Juan Sebastián Fuentes Campo, contempla publicidad en radio, televisión, prensa escrita, medios digitales y redes sociales. La contratación se adelantó mediante selección abreviada de menor cuantía MP-SG-SM-004-2026. Figura Edwin Heiver Muñoz Vásquez, entonces secretario general, como delegado de contratación.

Muñoz Bravo llegó a la Alcaldía presentándose como un empresario que pondría su experiencia y capacidad gerencial al servicio de la ciudad. En su programa de gobierno de 2023 prometió aportar su espíritu empresarial para imprimir la fuerza gerencial que reclamaba Popayán. Casi tres años después, esa promesa debe evaluarse con resultados verificables: una cosa es administrar empresas privadas y otra demostrar eficiencia con los recursos de todos.

$7 millones diarios en publicidad: la calculadora sí funciona

El cronograma de SECOP II establece el 28 de septiembre de 2026 como fecha de inicio de ejecución y el 30 de noviembre como terminación. Son 64 días calendario, contando ambas fechas. Si se divide el valor del contrato entre ese periodo, el resultado es de $7.093.750 diarios. Se trata de un promedio matemático, no de desembolsos diarios acreditados; los pagos dependen de servicios efectivamente prestados.

Son 10.560 unidades de difusión de distintas características, no necesariamente contenidos originales. Las 5.000 publicaciones en redes sociales representan un promedio cercano a 78 por día calendario, distribuidas entre los canales que utilice el operador. Habrá que comprobar cuántas se ejecutaron realmente, en qué medios y bajo qué condiciones.

La ironía es difícil de ignorar: mientras algunos proyectos de infraestructura deben explicar sus retrasos, la publicidad institucional tiene cantidades, precios unitarios, franjas horarias y fecha de terminación claramente establecidos. Ojalá esa misma precisión sirviera para comprobar oportunamente kilómetros de vías terminadas, obras recibidas y soluciones entregadas.

¿Siete parques infantiles o una campaña de publicidad?

Para dimensionar qué representan $454 millones, basta revisar las inversiones que la propia Alcaldía anunció durante 2026. El 17 de septiembre informó que entregó un parque infantil en el barrio San Andrés, comuna 5, con una inversión total de $62.400.000, incluidos $2,4 millones aportados por la comunidad.

Un presupuesto equivalente al del contrato publicitario alcanzaría, como ejercicio comparativo, para siete parques infantiles de costo similar: $436,8 millones, con un saldo de $17,2 millones. También equivale a tres intervenciones similares a la pavimentación de la calle 9A y construcción de andenes en Villa María, informada por $114 millones cada una; o a unas cinco adecuaciones deportivas como la cancha de Retiro Bajo, cuyo costo fue cercano a $90 millones.

Estas son comparaciones con costos históricos de proyectos reportados, no cotizaciones ni garantía de que los recursos de comunicación pudieran trasladarse legal o presupuestalmente a esas obras. Pero ilustran la discusión de prioridades. Un parque puede servir a las familias mucho después de inaugurado. Una vía facilita la movilidad durante años. Una campaña publicitaria debe demostrar qué utilidad pública consiguió.

La Avenida de los Próceres: una obra que sigue esperando su propia noticia definitiva

El contraste adquiere relevancia al examinar la Avenida de los Próceres. En una investigación del 12 de noviembre, PeriódicoVirtual.com informó que en el Concejo, durante la sesión del 9 de noviembre, se presentó un avance físico del 19,88 %, con un atraso reportado del 18,61 %. El contrato vial alcanza un valor ajustado cercano a $41.910 millones, incluidos reajustes por aproximadamente $7.757 millones.

La obra no fue contratada originalmente por Muñoz Bravo. Su administración recibió dificultades técnicas, ambientales y contractuales anteriores, y adelantó actuaciones para reactivarla. Ese antecedente debe reconocerse. Pero también corresponde evaluar qué resultados ha logrado entregar después de casi tres años de gobierno.

Una fotografía de maquinaria puede anunciar un avance. Un video puede mostrar optimismo. Una publicación puede llegar a miles de personas. Pero ninguna de esas piezas sustituye una vía habilitada para el tránsito.

Recuperar lo público: una promesa que merece resultados

Otro debate alrededor de la administración es la recuperación de servicios y funciones municipales entregados a operadores privados. El caso del tránsito sigue siendo significativo. En una investigación del 3 de noviembre de 2026, PeriódicoVirtual.com documentó el anuncio de dos cámaras de fotodetección en Bellavista que, según la Alcaldía, comenzarían a sancionar el 17 de noviembre.

El esquema tecnológico de tránsito se originó en 2017 y no nació durante la actual administración. Su estructura histórica contempla participación de EMTEL y Quipux. La distribución exacta y vigente de los ingresos de 2026 debe comprobarse con los documentos financieros correspondientes.

El problema no consiste en rechazar la tecnología para detectar infracciones, sino en establecer si el modelo beneficia suficientemente al municipio y si las sanciones se acompañan de inversiones verificables en seguridad vial. Detectar infracciones no equivale, por sí solo, a resolver la congestión.

¿Y la recuperación del servicio de aseo?

En julio de 2025, durante un cabildo abierto, Muñoz Bravo anunció que se evaluarían alternativas para recuperar la prestación del servicio de aseo en 2027. Mencionó la posible compra de participación privada en el operador o la creación de una nueva empresa pública. Anunciar una ruta técnica no equivale a concluirla: corresponde mostrar estudios, viabilidad y decisiones concretas.

Recuperar lo público no puede reducirse a una expresión conveniente durante las campañas y mucho más compleja cuando llega el momento de tomar decisiones.

Infraestructura con rezagos, publicidad con presupuesto

Un análisis publicado por PeriódicoVirtual.com el 9 de noviembre sobre el informe presupuestal con corte al 30 de octubre de 2026 encontró que la Secretaría de Infraestructura registraba una apropiación de $131.251 millones y compromisos por $66.648 millones: 50,8 % de recursos comprometidos. Cerca de $64.603 millones de apropiaciones seguían sin compromiso. Tránsito registraba 49,2 % y Desarrollo Agroambiental 49,8 %.

Estos porcentajes no demuestran pérdida de recursos ni equivalen a pagos realizados. Sí muestran rezagos en compromisos de dependencias encargadas de necesidades ciudadanas. ¿Cómo explicar que sectores de infraestructura y movilidad mantengan tales niveles de compromisos mientras se contrata una campaña de publicidad por $454 millones para poco más de dos meses?

La publicidad puede divulgar programas oficiales. Pero no debe confundirse la capacidad de comunicar con la capacidad de ejecutar.

Edwin Muñoz: el funcionario que firmó el contrato y los antecedentes de su gestión

En el contrato aparece Edwin Heiver Muñoz Vásquez, exsecretario general del municipio y delegado de contratación. Su gestión ya había sido objeto de seguimiento periodístico. Una investigación de agosto de 2026 identificó 146 contratos en los que figuraba como ordenador del gasto, por un valor contractual superior a $7.545 millones. De ellos, 143 correspondían a contratación directa.

Entre el 27 y el 29 de enero de 2026 se registraron 79 contratos por aproximadamente $2.342,8 millones. La contratación directa es legal cuando se cumplen sus requisitos, y estos montos no prueban corrupción ni equivalen a pagos. Pero justifican revisar planeación, necesidad y resultados. Su salida de la Secretaría General en octubre no modifica la necesidad de responder por actuaciones de su gestión.

Hasta el documento de publicidad tiene cuentas por aclarar

En la página cinco del contrato, la cláusula quinta establece en letras cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de pesos, pero entre paréntesis figura $406.290.000. La diferencia asciende a $47.710.000. El encabezado, la tabla económica y el valor adjudicado en SECOP II coinciden en $454 millones.

Por tanto, existe una contradicción documental que exige aclaración, no prueba de sobrecosto ni desembolso indebido. Resulta llamativo que un contrato destinado a divulgar información bajo un proyecto de transparencia tenga una inconsistencia en una cifra económica central.

El empresario que prometió capacidad gerencial

Muñoz Bravo apeló a su trayectoria empresarial y a su capacidad para trasladar esa experiencia a la gestión municipal. Esa promesa puede examinarse sin especular sobre su patrimonio o sus motivaciones. Lo relevante no es cuánto dinero tenía antes de ser alcalde, sino cómo se administran los recursos públicos y qué resultados producen.

Administrar una ciudad no consiste en celebrar contratos, anunciar inversiones o producir publicaciones institucionales. Consiste en convertir decisiones y presupuestos en resultados. El alcalde puede defender el gasto explicando objetivos, población beneficiaria, necesidad y métricas; corresponde contrastar esas explicaciones con documentos y resultados medibles.

La pregunta que queda: ¿qué recibirá Popayán por $454 millones?

El contrato tiene como fecha de terminación el 30 de noviembre de 2026. Para evaluar su ejecución serán fundamentales el plan de medios, los informes del supervisor, las publicaciones realizadas, las facturas y los pagos reconocidos. Se debe establecer cuánto corresponde a cada medio y cuál fue el beneficio público de la difusión.

Esta investigación no demuestra desviación de recursos, incumplimientos ni beneficios particulares indebidos. Tampoco demuestra que la pauta impidiera financiar obras específicas. Sí revela una decisión presupuestal concreta que debe compararse con otras necesidades y con las promesas de gobierno.

Popayán no necesita que le expliquen indefinidamente cuánto se está haciendo por ella. Necesita comprobar qué se hizo, cuánto costó y de qué manera mejoró la vida de sus habitantes.

Las publicaciones se cuentan; los comerciales se certifican; las cuñas tienen horarios. Las obras deben terminarse, recibirse y ponerse al servicio de la comunidad. Tal vez la mejor publicidad institucional sea la que una administración gana cuando los ciudadanos pueden recorrer una vía terminada, utilizar un parque y recibir servicios eficientes. Para eso no hacen falta 5.000 publicaciones. Hacen falta resultados.

Con el propósito de brindar soporte documental y evidencia empírica a nuestra investigación periodística, compartimos con nuestros seguidores el contrato No. 20261800044447, por $454 millones, suscrito entre la Alcaldía de Popayán y Meridiano Comunicaciones S.A.S. Porque en PeriódicoVirtual.com nuestras publicaciones se sustentan en documentos, hechos verificables y cifras, no en simples opiniones.

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