Popayán: Justicia ordena acelerar actualización del Plan de Ordenamiento Territorial ante crisis urbana y ambiental
Una sentencia judicial expone la negligencia en la planificación urbana y exige acciones concretas para proteger derechos colectivos.
El Juzgado Octavo Administrativo de Popayán emitió un fallo histórico que ampara los derechos colectivos de los ciudadanos frente al caos urbanístico y ambiental generado por la falta de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La sentencia núm. 07 de 2025 responsabiliza al Municipio de Popayán y al Concejo Municipal por la omisión en la revisión del POT vigente desde 2002, documento que, pese a su caducidad técnica, sigue siendo aplicado sin ajustarse a las necesidades actuales de una ciudad que ha crecido desbordadamente.
El conflicto: Desarrollo urbano vs. derechos colectivos
El accionante, Cristian Sterling Quijano Lasso, respaldado por la coadyuvante Sara Lucía Montenegro Guerrero, denunció que la ausencia de un POT actualizado ha permitido urbanizaciones ilegales en zonas ecológicamente sensibles, como fuentes hídricas y humedales, violando el derecho a un medio ambiente sano y a una planificación urbana ordenada (art. 4, Ley 472 de 1998). Según datos del DANE, la población de Popayán aumentó un 27% entre 2002 y 2023, pero el marco normativo no ha evolucionado para gestionar esta expansión.
Las autoridades municipales defendieron su gestión, alegando avances del 93% en la etapa de diagnóstico y 90% en formulación. Sin embargo, el juzgado evidenció que, tras 23 años, el proceso sigue estancado por la falta de estudios técnicos clave sobre riesgos ambientales, cuya entrega por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) se demoró hasta julio de 2024.
La sentencia: Plazos perentorios y responsabilidades claras
El fallo judicial ordena:
- Al Municipio de Popayán: Finalizar la revisión de estudios de amenazas (inundaciones, movimientos en masa) en un año y avanzar en concertación con la CRC.
- A la CRC: Ajustar los estudios en tres meses si el municipio detecta inconsistencias.
- Al Concejo Municipal: Convocar un cabildo abierto obligatorio para socializar el nuevo POT.
La decisión subraya que, aunque el POT de 2002 sigue vigente legalmente, su desfase técnico amenaza derechos colectivos. "La falta de actualización no es una opción burocrática, sino una bomba de tiempo socioambiental", advierte el texto.
Este caso refleja un problema nacional: el 68% de los municipios colombianos no han actualizado sus POT en la última década, según el Ministerio de Vivienda. Popayán, ciudad patrimonio cultural, enfrenta ahora el desafío de conciliar su crecimiento con la sostenibilidad. La sentencia es un llamado a priorizar la gobernanza territorial antes de que el caos urbano sea irreversible.
En cifras
- 23 años lleva vigente el POT de Popayán.
- 100 hectáreas de suelo urbano se han destinado a vivienda social desde 2019, sin un marco claro.
- 0% de avance en concertación ambiental, según el informe municipal de 2024.
Denuncias por aprovechamiento irregular: el negocio detrás del caos urbanístico
A la par de la crisis jurídica, esta redacción ha recibido múltiples denuncias de ciudadanos y organizaciones civiles que señalan un patrón preocupante: presuntos actores, incluidos urbanizadores ilegales y exmandatarios, habrían sacado provecho de la falta de un POT actualizado para impulsar planes parciales que integran terrenos rurales al perímetro urbano, multiplicando hasta en un 400% el valor de estos predios. Según las acusaciones, esta práctica arraigada desde administraciones anteriores del Municipio de Popayán, habría permitido la legalización express de urbanizaciones en zonas no aptas, con la complicidad de funcionarios que aceleraron trámites a cambio de favores políticos o económicos. "Es un círculo vicioso: la ausencia de reglas claras en el POT facilita que unos pocos con influencias dibujen la ciudad a su medida", denunció un líder comunitario bajo reserva. Aunque las pruebas concretas se encuentran en etapa de investigación, las sospechas apuntan a que exalcaldes y socios de constructoras ilegales habrían operado bajo este modelo, aprovechando vacíos legales y la descoordinación entre entidades. La sentencia, al exigir transparencia en el proceso, podría ser el primer paso para desentrañar estos hilos ocultos del poder.
Así las cosas, las autoridades actúan con celeridad, o Popayán seguirá pagando el costo de la improvisación. La justicia ha dado un paso; ahora corresponde a la ciudadanía vigilar su cumplimiento.
Compartimos con nuestros seguidores el expediente 19 001 33 33 008 2023 00074 00.