Popayán tendría que revocar todas las fotomultas impuestas entre 2018 y 2024
Según la funcionaria, en ese periodo se habrían impuesto de manera irregular cerca de 7,5 millones de comparendos en distintas ciudades del país.
El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas.
Durante una declaración oficial, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, explicó que la Superintendencia revisó los comparendos impuestos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024 y encontró múltiples incumplimientos frente a los requisitos establecidos por la ley.
Según la funcionaria, en ese periodo se habrían impuesto de manera irregular cerca de 7,5 millones de comparendos en distintas ciudades del país.
“Se encontraron procedimientos que no se cumplieron como indica la ley. Por lo tanto, 7,5 millones de comparendos se impusieron de manera irregular”, aseguró la ministra.
La jefe de cartera indicó además que cerca de 1,5 millones de esos comparendos ya fueron pagados por ciudadanos colombianos, lo que implica consecuencias económicas para los organismos de tránsito responsables.
“Según la ley, al no haberse realizado el procedimiento adecuado, los organismos de tránsito que los pusieron de manera irregular deben pagar una multa a la Superintendencia de Transporte”, afirmó.
En cuanto a los comparendos que aún no han sido cancelados, la ministra señaló que aproximadamente 6 millones deberán ser revocados porque no cumplieron con los requisitos legales exigidos para la operación de las cámaras de fotodetección.
Uno de los puntos más delicados revelados por el Gobierno es que varias ciudades habrían incumplido los requisitos durante todo el periodo revisado, es decir, entre 2018 y 2024.
Entre esas ciudades mencionó a Cali, Yotoco, Jumbo, Fundación, Cúcuta, Palermo (Huila), Barrancabermeja, Popayán, Aguachica, Montería, Planeta Rica, Palmira y Santander de Quilichao.
“Todos los comparendos interpuestos en ese periodo fueron impuestos de manera irregular”, enfatizó la ministra.
La Superintendencia explicó que las principales irregularidades detectadas estuvieron relacionadas con conceptos de desempeño tecnológico expedidos a nombre de terceros, permisos obtenidos después de iniciar operaciones y ausencia de autorizaciones técnicas obligatorias.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aseguró que estas actuaciones buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar el respeto al debido proceso.
Las autoridades advirtieron que los organismos investigados podrían enfrentar sanciones multimillonarias y la devolución de recursos recaudados mediante comparendos que habrían sido impuestos sin cumplir los requisitos legales.