Quipux en la mira: concejales cuestionan negocio de fotomultas con EMTEL en Popayán

Hablaron de marmaja, desigualdad en el recaudo y responsabilidad política, mientras el presidente Alex Trujillo pidió decisiones de fondo.

En la sesión del 12 de noviembre de 2025, el Concejo Municipal de Popayán puso bajo la lupa a Quipux S.A.S., empresa paisa que opera servicios tecnológicos y de fotodetección, y a la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, EMTEL, socia en la alianza que gestiona el negocio de las fotomultas. Varios concejales denunciaron un modelo de recaudo desequilibrado, vacíos en la contratación y falta de control institucional.

Una alianza cuestionada: EMTEL–Quipux y el negocio de las fotomultas

Según la información presentada en el recinto, EMTEL S.A. E.S.P. suscribió una alianza de colaboración empresarial con Quipux S.A.S. para desarrollar proyectos en tránsito, transporte y movilidad, incluyendo la modernización y operación de los servicios administrativos de la Secretaría de Tránsito.

Esta alianza se articula con un convenio interadministrativo firmado en 2017 entre el municipio de Popayán y EMTEL, durante la administración de César Cristian Gómez. A partir de allí se estructura el esquema mediante el cual las cámaras de fotodetección, la gestión de comparendos y los servicios tecnológicos quedan en manos del consorcio con Quipux, una empresa de origen paisa.

John Ortiz: “En el papel todo es perfecto, en la calle es el desorden total”

El concejal John Ortiz fue uno de los más duros frente a la Secretaría de Tránsito y el modelo de fotomultas operado a través de EMTEL y Quipux.

Tras revisar las respuestas escritas de la Secretaría, lanzó una frase que resumió su inconformidad:

“Si uno se dedicara únicamente a las respuestas diría: el tránsito de Popayán es el mejor tránsito de Colombia. Pero cuando uno sale a la calle ve que definitivamente, como dicen coloquialmente, el papel aguanta todo. En las respuestas se ve una maravilla, en la calle es el desorden total.”

Ortiz recordó que entre 2020 y 2025 se recaudaron cerca de 51.000 millones de pesos por fotomultas, de los cuales, según lo expuesto, más del 60% habría ido al operador privado.

“Eso no tiene presentación, esa desigualdad ante el municipio de Popayán. Nos dicen que las cámaras son para salvar vidas, pero uno ve que más bien son para salvar bolsillos… de privados.” — John Ortiz.

Ortiz también fue explícito en que ha recibido mensajes para que no toque ciertos temas:

“Muchos me han dicho que no se puede hablar de equipos, pero lo voy a hablar. Porque por encima de cualquier interés particular debe estar Popayán y su gente.”

José Luis Diago: “La marmaja se la llevan los paisas”

El concejal José Luis Diago se sumó al debate con una crítica frontal al reparto del dinero en el negocio de las fotomultas, haciendo referencia directa al origen de la empresa tecnológica:

“Aquí el problema es claro: la marmaja se la llevan los paisas y Popayán se queda con las migajas.” — José Luis Diago.

Diago cuestionó que una empresa paisa como Quipux concentre buena parte del ingreso generado en las vías de la ciudad, mientras las necesidades de movilidad, semaforización y seguridad vial siguen sin resolverse:

• Caos en la red semafórica.
• Falta de agentes suficientes en las calles.
• Ciudadanos inconformes con el sistema de comparendos y patios.

Su intervención puso el acento en que Popayán pone la infraestructura, el desgaste político y el costo social, mientras el negocio fluye fuera del territorio.

Campo, Inchima y Jurado: renegociar el contrato o cambiar las reglas del juego

El concejal José Alexander Campo insistió en que el modelo actual no puede continuar y que es necesario revisar a fondo las condiciones contractuales que hoy favorecen al operador privado.

Por su parte, el concejal Luis Enrique Inchima planteó una salida concreta: renegociar el contrato de fotomultas, idea que fue retomada por el concejal Lucio Armando Jurado durante su intervención:

“Una alternativa muy importante en el tema de las fotomultas es la renegociación, toda vez que es una concesión heredada de otras administraciones.” — Lucio Jurado, respaldando el planteamiento de Inchima.

Jurado también recordó que, mientras se discute sobre el recaudo y los privados, Popayán sigue padeciendo una red semafórica en mal estado y procesos de contratación que no avanzan por falta de gestión o por cuellos de botella en la oficina jurídica.

Campo, por su parte, volvió a advertir que los recursos de tránsito y los espacios públicos, como el parqueadero del barrio Bolívar, deben ponerse al servicio de la ciudad, no de intereses particulares.

Rosa Sinisterra y Diego Guevara: del debate a las decisiones

La concejala Rosa Agustina Sinisterra recalcó que el control político no puede quedarse en insinuaciones, sino que debe traducirse en denuncias formales, mociones y decisiones:

• Defendió la legitimidad de las preguntas hechas en el debate.
• Anunció proposiciones encaminadas a mociones de observación.
• Recordó que, cuando las respuestas no son satisfactorias, el Concejo puede profundizar y escalar el control.

El concejal Diego Armando Guevara respondió que si se habla de mociones de censura o sanciones políticas, estas deben tramitarse sin amenazas:

“Pues que la hagan y la votamos y miramos qué pasa. Aquí no es de amenazas, aquí es de hacer las proposiciones y que sea el resultado que la corporación desee en su buen entender.” — Diego Guevara.

Ambos pusieron sobre la mesa un mensaje común: si hay presuntos hechos irregulares en contratos como el de EMTEL–Quipux, deben llevarse a los entes de control con pruebas y con decisiones políticas claras.

La posición de la Secretaría de Tránsito y el papel de EMTEL

La secretaria de Tránsito, Lisset Vanessa Plazas, explicó que las cámaras de fotodetección instaladas en puntos como Campanario e INEM están amparadas por resoluciones nacionales y, según su presentación, cuentan con la viabilidad de infraestructura vial.

En cuanto a la relación con Quipux, la funcionaria leyó la respuesta oficial de EMTEL:

• EMTEL suscribió una alianza de colaboración empresarial con Quipux S.A.S.
• El objeto es modernizar y optimizar los servicios administrativos de tránsito y transporte.
• La alianza se enmarca en un convenio interadministrativo suscrito en 2017 con el municipio.

Sin embargo, la Secretaría no entregó en la sesión el anexo específico de la alianza con Quipux, y dejó en manos del contratista la ampliación de detalles, lo que alimentó aún más la desconfianza de varios concejales.

Alex Trujillo: “Si no hay ejecución, el tiempo será el peor enemigo de esta administración”

Al cierre del debate, el presidente del Concejo, Alex Trujillo, hizo una reflexión que fue más allá del caso puntual de Quipux, pero que lo abarca de lleno:

“Si las secretarías no ejecutan y el tiempo sigue pasando, entonces tendríamos que quedar callados, cerrar el Concejo Municipal de Popayán y que la administración avance como bien le parezca. Pero esa no es nuestra función.” — Alex Trujillo, presidente del Concejo.

Trujillo insistió en que:

• El objetivo del control político es buscar soluciones, no peleas personales.
• Si los líderes de los procesos no están dando resultados, es mejor que den un paso al costado por el bien de la ciudad.
• El mayor enemigo de la administración es el tiempo, y Popayán necesita ejecución, orden y seguridad.

También subrayó que será responsabilidad de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía determinar si en el contrato con EMTEL–Quipux y en el manejo de fotomultas hay o no responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal.

¿Por qué importa este debate?

Porque en el fondo la discusión no es solo técnica ni jurídica. Lo que está en juego es:

• Quién se queda con la marmaja del negocio de las fotomultas:
  • ¿Una empresa paisa como Quipux, a través de EMTEL?
  • ¿O la ciudad de Popayán y sus necesidades de movilidad y seguridad vial?
• Si los contratos interadministrativos se usan para trasladar funciones sensibles a privados, reduciendo la capacidad de control del municipio.
• Si el Concejo y la ciudadanía permitirán que se sigan firmando y ejecutando contratos donde Popayán pone el territorio y otros se llevan el dinero.

En palabras simples: es el clásico dilema entre el interés privado y el interés público, pero esta vez con placas, cámaras y comparendos de por medio.

Ahora la pelota está en tres canchas:

1. La administración municipal, que debe decidir si defiende el contrato tal como está o si asume el costo político de renegociarlo e incluso de retomarlo directamente. Y vale traer a colación la frase de mi gran amigo César Trujillo: “No entiendo por qué se hacen elegir para administrar lo público si terminan entregándolo a manos privadas.”
Un recuerdo que cobra vigencia: cuando se privatizó el servicio de recolección de basuras en Popayán, Trujillo fue uno de los seis concejales que se opusieron, pero fueron derrotados por los trece que sí votaron para facultar al entonces alcalde Ramiro Navia en ese despropósito.

2. Los entes de control, llamados a investigar con rigor las denuncias formuladas en el recinto.

3. La ciudadanía, que tiene derecho a saber quién se queda realmente con el dinero que sale de cada comparendo.

Si algo dejó claro este debate es que Popayán no puede seguir siendo el escenario donde se instala la cámara y se paga la multa, mientras la marmaja se va para afuera.

Que a nadie le quepa la menor duda, ningún pueblo prospera cuando el Estado se arrodilla ante intereses privados y el ciudadano es reducido a simple fuente de recaudo: la riqueza nace cuando el poder se limita y la gente recupera lo que es suyo.

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