Retroceso en el tránsito en Popayán

La ciudad se enfrenta a uno de los desafíos más complejos en términos de movilidad en tiempos recientes, y es ampliamente conocido que esta situación se debe en gran medida a la falta de reconocimiento y respeto por los procesos que se han venido desarrollando durante un periodo prolongado en administraciones previas. En cambio, se han implementado nuevos lineamientos que únicamente benefician a los intereses políticos del gobernante de turno, en detrimento de una planificación integral y sostenible para la ciudad

Hasta el momento, los compromisos políticos ineludibles documentados en audios que han sido revelados por el Periódico Virtual, solo han contribuido a una ciudad llena de comportamientos anómalos, en la que la autoridad encargada de regular el tráfico y la movilidad no está presente de manera efectiva. Es fundamental que se tomen medidas para garantizar una gestión transparente y responsable de la movilidad en la ciudad, en beneficio de sus habitantes y de una mejor calidad de vida para todos.

A lo largo de los últimos cuatro años, se ha evidenciado gradualmente cómo las decisiones en materia de tránsito y movilidad han resultado más perjudiciales que beneficiosas. Nuevamente, es necesario precisar que considerar el mantenimiento regular de las vías públicas (parcheo) como una obra de infraestructura de gran magnitud y digna de reconocimiento, es un error en el que no se debe caer. Esta actividad corresponde a una responsabilidad inherente de la Secretaría de Infraestructura en cuanto a la conservación y mantenimiento de las vías, la cual debe estar contemplada en cualquier presupuesto anual de ejecución.

Uno de los puntos críticos que hoy requiere análisis es el fenómeno creciente en el que se observa a ciudadanos en situación de calle, mendigos y otros individuos sin la debida preparación técnica, asumiendo el control de diferentes intersecciones de la ciudad en donde los semáforos han dejado de operar debido a la falta de mantenimiento adecuado. Es importante recordar que, según el Código Nacional de Tránsito - ARTÍCULO   3°. AUTORIDADES DE TRÁNSITO, las autoridades de tránsito en su orden son:

- El Ministerio de Transporte

- Los Gobernadores y los Alcaldes.

- Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital.

- La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de carreteras.

- Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.

- La Superintendencia General de Puertos y Transporte.

- Las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5o. de este artículo.

- Los agentes de Tránsito y Transporte.

Ninguno de los parágrafos del código permite a personas no autorizadas ejercer las acciones de la autoridad de tránsito, las cuales no se circunscriben únicamente a la imposición de sanciones, sino que tienen como actividad principal actuar en torno a la movilidad y seguridad vial, no a vigilar el pico y placa, o a otras acciones que solo cumplen un carácter coactivo. Por tanto, es esencial garantizar la presencia y acción efectiva de las autoridades de tránsito competentes para asegurar la correcta regulación del tráfico y la movilidad en la ciudad, y prevenir situaciones de riesgo para la seguridad vial y la ciudadanía en general.

En términos generales, permitir que ciudadanos sin capacitación ni autorización adecuadas regulen el tráfico vehicular es una omisión, ya que dicha tarea es una responsabilidad importante y delicada que requiere un nivel de habilidad y conocimiento específicos. Los ciudadanos de la calle pueden carecer de la experiencia y el entrenamiento necesarios para tomar decisiones rápidas y efectivas en situaciones de tráfico, lo que podría desencadenar en accidentes o mayor congestión vial. Esto es el equivalente a seguir permitiendo que el señor autodenominado “tapa huecos” siga ejecutando actividades claramente alejadas de la ingeniería vial en las calles de la ciudad, con consecuencias peores y que dañan a futuro esa infraestructura.

En la regulación del tráfico vehicular, es fundamental contar con la presencia de autoridades locales y agentes de tráfico debidamente capacitados y equipados con las herramientas necesarias para llevar a cabo esta tarea de manera segura y efectiva. En consecuencia, permitir que ciudadanos de la calle asuman esta responsabilidad pone en riesgo la seguridad y la eficiencia del transporte en las calles, premisas que en medios de comunicación se salen a defender. Por lo tanto, es una omisión permitir que ciudadanos sin la formación y experiencia necesarias regulen el tráfico vehicular.

Es comprensible que los habitantes de la ciudad quieran encontrar soluciones a los problemas de movilidad, pero es importante recordar que no es responsabilidad de los ciudadanos regular el tráfico en las calles. Al hacerlo, están poniendo en riesgo su propia seguridad y la de otros conductores y peatones.

Además, al contribuir a estos comportamientos, están perpetuando un ciclo en el que la autoridad se vuelve aún más ausente, ya que los ciudadanos se están encargando de las tareas que deberían ser realizadas por las autoridades locales y los agentes de tráfico. En lugar de justificar la presencia de ciudadanos en las calles para regular el tráfico, es importante exigir a las autoridades que cumplan con su deber de garantizar la seguridad y la eficiencia del transporte en la ciudad.

Es importante que se tomen medidas para reforzar el proyecto de creación de agentes de tránsito, asegurando una selección transparente y rigurosa del personal, con la debida formación y entrenamiento para desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva. Es fundamental que se garantice una dotación adecuada y un sistema de transporte seguro y eficiente para estos agentes.

La corrupción en el sistema de tránsito puede ser un problema grave, y es importante que se tomen medidas para prevenir y combatir cualquier forma de corrupción en el sistema. Esto podría incluir la implementación de medidas de supervisión y control para garantizar la transparencia y la integridad del sistema, así como la aplicación de sanciones estrictas a quienes sean encontrados culpables de corrupción. En resumen, es crucial que se aborden los problemas de movilidad y tránsito en la ciudad de manera efectiva, con medidas concretas y sostenibles, que garanticen la seguridad y la eficiencia del transporte y que promuevan la transparencia y la integridad en el sistema.

El problema de los auxiliares de tránsito es complejo y se debe abordar con una estrategia clara. En primer lugar, se debe definir claramente el papel y las responsabilidades de estos funcionarios en la regulación del tráfico y la movilidad. Además, se debe garantizar que los auxiliares de tránsito reciban la capacitación y el entrenamiento adecuados para realizar sus funciones de manera efectiva y segura.

Es preocupante que los auxiliares de tránsito se estén utilizando como apoyo para retenes de sanción por pico y placa, ya que esto no es su función principal y podría llevar a una mala percepción por parte de la ciudadanía de su rol en la regulación del tráfico. Es importante que se establezcan protocolos claros para el uso de los auxiliares de tránsito en estas situaciones y se garantice que su enfoque esté en la movilidad y seguridad vial, en lugar de en la imposición de sanciones. No puede observarse como retiran algunos automóviles, en tanto permiten el funcionamiento de terminales de mototrabajadores en su frente sin acción alguna.

En todo el proceso se debe garantizar la transparencia y evitar cualquier connotación clientelista en su selección. De esta manera, se puede garantizar que los funcionarios contratados sean los más adecuados para realizar su trabajo de manera efectiva y contribuir a mejorar la movilidad en la ciudad.

La falta de presencia de la autoridad y las quejas de la comunidad en relación a esta situación son justificadas. No se puede defender lo indefendible. La ciudad ha sido expuesta a una gran cantidad de comportamientos irregulares por la ausencia, tales como excesos de velocidad, tráfico en dirección contraria, ocupación de las vías renovadas para estacionamiento, la falta de demarcación de las vías (debido a que no resulta rentable, a diferencia de la pavimentación), desacato a los semáforos (los que aún funcionan), falta de mantenimiento y otras situaciones similares; no se tapa el sol con un dedo, y eso no lo borran pequeños eventos de victorias menores en tanto los mayores problemas permanecen y crecen. Es claro que se requiere una reingeniería del proceso, que involucre a todos los actores con competencias y conocimientos adecuados. Desafortunadamente, podemos concluir que esto no ocurrirá al menos durante el período restante.

La ciudad retrocede aproximadamente ocho años en materia de tránsito. Este juicio se debe al desconocimiento de los progresos realizados en el cuatrienio anterior, ocasionado por la rivalidad política y los cambios en las directrices; que se suma al retroceso en el presente cuatrienio, ya que las irregularidades en los comportamientos vehiculares continúan aumentando sin la implementación de soluciones adecuadas para el sistema. Este panorama es desalentador, considerando que el número de vehículos en circulación sigue en aumento.