¿Se viene moción de censura contra Tránsito? Alex Trujillo y José Luis Diago cierran filas para nuevo control político en Popayán
Los cabildantes articulan fuerzas ante denuncias por presuntas mafias en patios, el polémico negocio de las fotomultas con Quipux y el vencimiento de un plazo judicial clave por multas prescritas.
Durante la instalación de las sesiones ordinarias del Concejo de Popayán el pasado martes, la bancada liberal, liderada por Alexander Trujillo, formalizó una alianza con el concejal José Luis Diago Franco para emprender un severo control político contra la Secretaría de Tránsito y Transporte. El bloque normativo busca respuestas definitivas ante las recurrentes quejas de la ciudadanía y, de persistir la falta de resultados verificables, no descartan promover una moción de censura formal contra la jefa de la cartera, Lizet Vanessa Plazas Quibano.
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Las graves denuncias que pesan sobre la movilidad
La severa postura de Alexander Trujillo surge tras múltiples debates que capitaneó durante su paso por la Presidencia de la corporación edilicia. En dichos escenarios se destaparon alarmantes irregularidades técnicas y operativas que continúan sin una resolución clara por parte de la actual administración.
Los puntos neurálgicos cuestionados por la corporación legislativa incluyen:
- Irregularidades en patios: Denuncias por presunta salida irregular de automotores y cambios de placas dentro de los parqueaderos oficiales de la ciudad.
- Ruptura de custodia: Fallas críticas en las cadenas de custodia de los bienes inmovilizados por los agentes de tránsito.
- Negocio de fotomultas: Cuestionamientos profundos al modelo de operación EMTEL–Quipux S.A.S., donde presuntamente el 60 por ciento de los millonarios recursos recaudados van a manos privadas.
"El control político no puede quedarse en silencio cuando las secretarías no ejecutan y cuando Popayán exige orden, seguridad y resultados de cara a la comunidad", advirtió con vehemencia el concejal Alexander Trujillo Méndez ante los secretarios de despacho presentes.
Un desacato judicial que acorrala a la administración
Al frente netamente político se le suma la sólida ofensiva jurídica comandada por el concejal José Luis Diago Franco. Con el respaldo de firmas especializadas de asesores, el cabildante exige el cumplimiento estricto de la Sentencia Constitucional No. 069 emitida el 7 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca.
Esta providencia obligaba a la Secretaría de Tránsito a aplicar de oficio el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, prescribiendo de inmediato las sanciones que superaron los términos legales de la vigencia. Sin embargo, el plazo de dos meses para materializar la depuración venció de manera definitiva el 19 de febrero de 2026.
Ante la falta de pruebas de cumplimiento real, el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán abrió un trámite incidental de desacato. La presión escaló drásticamente mediante el Auto Interlocutorio No. 512 del 26 de mayo de 2026, donde el despacho judicial requirió al propio alcalde municipal para hacer cumplir la orden y dispuso la apertura de un proceso disciplinario contra la secretaria Lizet Vanessa Plazas Quibano.
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Esta ofensiva en el Concejo Municipal ocurre bajo la sombra de un antecedente histórico de alto impacto en Popayán. Durante la misma administración de Juan Carlos Muñoz Bravo, la plenaria del Concejo ya aplicó la máxima sanción política al aprobar con 18 votos a favor la moción de censura contra el entonces jefe de gabinete y secretario de despacho, Carlos Horacio Gómez Quintero, por baja ejecución presupuestal y fallas de articulación.
Juan David Ortega
Que la Secretaría de Tránsito encare este mismo camino evidencia un desgaste administrativo profundo en un tema que afecta directamente el bolsillo ciudadano. La discusión de fondo radica en definir si la autoridad de tránsito opera bajo una función netamente social de ordenamiento y legalidad, o si se encuentra secuestrada por intereses financieros particulares bajo plataformas tecnológicas de recaudo.
Las próximas horas resultan cruciales para la estabilidad del gabinete local. El mandatario Juan Carlos Muñoz Bravo deberá radicar formalmente ante el Juzgado Octavo Administrativo los soportes físicos, bases de datos y actas del Comité de Cartera que certifiquen el destino de 11.066 multas reportadas como prescritas. Paralelamente, Trujillo y Diago radicarán formalmente los cuestionarios de citación en el Concejo, definiendo si Popayán presenciará la caída de una segunda ficha clave del gobierno municipal.
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