Secretaría de Tránsito de Popayán, en la mira por presunta mafia

Irregularidades en parqueaderos oficiales, cambios de placas dentro de patios, contratos de fotomultas desfavorables y caos en la movilidad encendieron las alarmas en el Concejo Municipal.

Durante un intenso control político en el Concejo Municipal de Popayán, varios concejales advirtieron sobre la existencia de una presunta “mafia” enquistada en la Secretaría de Tránsito, denunciaron graves irregularidades en los parqueaderos oficiales y cuestionaron los contratos de fotodetección que hoy se quedan con el 60 % de los recursos en manos privadas.

Denuncias por parqueaderos y motos que “desaparecen”

El presidente de la corporación expuso ante la plenaria denuncias y oficios de la empresa de seguridad que custodia los patios, donde se documentan hechos como el cambio de placas dentro de los parqueaderos oficiales y la salida irregular de vehículos.

En uno de los casos, relató que una persona ingresó a un parqueadero oficial y retiró una motocicleta que estaba bajo custodia del Municipio. Días después, el vehículo apareció en Cali y acumuló más de 20 millones de pesos en multas a nombre de su antigua propietaria. La pregunta central del debate fue directa:

¿Cómo salió del parqueadero de tránsito esa moto y cómo terminó en Cali, afectando hoy a una persona que ya no era su dueña?

Los concejales señalaron que estos hechos apuntan a fallas graves en la cadena de custodia, responsabilidad directa de la Secretaría de Tránsito y de los contratistas de vigilancia.

Fotomultas: negocio privado, riesgo público

Otro de los puntos más sensibles fue el contrato de fotodetección con Emtel y Quipux. Concejales recordaron que, aunque la ley de 2017 fija un tope del 10 % para este tipo de operaciones, en Popayán hoy el 60 % de los recursos de fotomultas se queda en manos privadas, mientras el municipio asume los costos políticos y ciudadanos del sistema.

Además, se cuestionó el periodo en el que las cámaras estuvieron sin certificación, lo que habría impedido imponer comparendos:

“Hubo un tiempo que no funcionaron por falta de certificación las cámaras de fotodetección… ¿Quién responde por los meses en que no se hicieron comparendos y por la posible afectación a las finanzas públicas?”

Los concejales insistieron en que la administración debe renegociar el convenio interadministrativo con Emtel y la participación de la empresa antioqueña Quipux, para que el municipio no siga siendo el “eslabón débil” de un negocio que hoy se siente más privatizador que preventivo.

“Mafia enquistada” y falta de resultados disciplinarios

Uno de los concejales fue tajante al afirmar que existe una presunta “mafia” enquistada en la Secretaría de Tránsito, responsable de llamadas para sacar motos, manipular inventarios y romper la cadena de custodia en los patios.

“La mafia que está enquistada presuntamente en la Secretaría sigue ahí. Son los que llaman por teléfono, los que hacen sacar las motos y no permiten que la cadena de custodia funcione.”

También se cuestionó la lentitud de los procesos disciplinarios contra agentes señalados de corrupción y la ausencia de resultados concretos que envíen un mensaje de cero tolerancia a la ciudadanía.

Caos en la movilidad y terceros regulando el tránsito

Más allá de las denuncias internas, los concejales hicieron un diagnóstico duro del día a día en las calles de Popayán. Aunque en las respuestas escritas de la Secretaría “todo parece funcionar bien”, en la realidad, dijeron, el tránsito es un “desorden total”.

Se mencionó el colapso de la red semafórica en varios puntos críticos, la falta de presencia institucional en vías de alto flujo y el hecho de que personas ajenas a la administración, incluidos migrantes venezolanos, estén regulando el tránsito de manera informal ante la ausencia de agentes.

Más agentes, grúas, zonas azules y educación vial

Varios cabildantes coincidieron en que la ciudad requiere con urgencia:

• Incremento de la planta de agentes de tránsito.
• Adquisición de grúas propias del municipio, en lugar de depender de terceros.
• Revisión del modelo de parqueo en la ciudad, incluyendo zonas azules.
• Campañas de educación vial más efectivas, especialmente en temporadas de alta siniestralidad.

También se pidió convocar a las inspecciones de tránsito para que informen de primera mano cómo se están manejando los procesos de multas y atención al ciudadano, y así contrastar la versión de la Secretaría.

La secretaria responde: denuncias en Fiscalía y plan de mejora

La secretaria de Tránsito, Lizeth Vanessa Plazas Quibano, defendió su gestión destacando que varias de las denuncias ya fueron remitidas a la Fiscalía, a control interno disciplinario y al Ministerio Público, y que se han emitido circulares restringiendo el ingreso de personas no autorizadas a los patios, así como reforzado el control de inventarios.

También informó que:

• Se adjudicó un contrato para mejorar la señalización vertical y horizontal en la ciudad.
• Se está trabajando con la Secretaría General para reforzar la vigilancia y revisar la contratación de seguridad.
• Se proyecta un incremento en el presupuesto para ampliar la planta de agentes de tránsito y mandos operativos.
• Ya se tienen diagnosticados y presupuestados los daños de los semáforos fuera de servicio, y se adelanta un plan de contingencia para los meses de mayor siniestralidad.

Moción de censura en el ambiente

Aunque el control político no concluyó de inmediato con una decisión, algunas intervenciones dejaron abierta la posibilidad de una nueva moción de censura contra la Secretaría de Tránsito, similar a la que en el pasado prosperó contra otro funcionario de la ciudad.

“La ciudad necesita una secretaría donde no haya ni siquiera presunciones de corrupción… A veces hay que saber dar un paso al costado.”

La mesa directiva del Concejo anunció que las conclusiones del debate serán remitidas a los concejales y a la administración municipal, y que se continuará con nuevas sesiones de seguimiento.

El debate no es solamente administrativo: toca derechos fundamentales. Cuando las motos “desaparecen” de los patios, cuando los contratos de fotomultas priorizan el negocio privado sobre la seguridad vial y cuando el caos en las vías se vuelve paisaje, lo que se deteriora es la confianza ciudadana en las instituciones.

Popayán necesita un organismo de tránsito que sea ejemplo de legalidad, eficiencia y servicio al ciudadano, no un foco permanente de sospechas, mafias internas y negocios opacos. Lo que está en juego no son solo comparendos y vehículos inmovilizados: son vidas, recursos públicos y la legitimidad del Estado local.

El control político del Concejo deja a la Secretaría de Tránsito de Popayán en el centro del escrutinio ciudadano. Ahora la pelota está en la cancha de la administración municipal, de los entes de control y de la propia Secretaría: o se despejan de manera contundente las dudas sobre corrupción interna y malos contratos, o la ciudad seguirá exigiendo cambios de fondo, incluidos nombres y modelos de gestión.

En una administración pública que debe regirse por la decencia y la responsabilidad institucional, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, ya debería haber solicitado la renuncia de la secretaria de Tránsito, o la propia funcionaria, en un acto mínimo de pertinencia y ética, habría dado un paso al costado. El costo político para el Pacto Histórico en Popayán es evidente: sostener a una dependencia cuestionada no solo erosiona la credibilidad del gobierno local, sino que deja sin respuestas a una ciudadanía cansada de la improvisación y de escándalos que se repiten sin correctivos. Popayán merece un liderazgo capaz de asumir decisiones difíciles antes de que el desgaste sea irreversible.

PeriódicoVirtual.com hará seguimiento a las decisiones que se tomen tras este debate, en especial a las denuncias elevadas a la Fiscalía, a la posible renegociación de contratos de fotodetección y a las eventuales responsabilidades disciplinarias y políticas que este caso pueda acarrear.

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