Tensión en el Concejo: gerente de Ciudad Moderna enfrenta críticas por politización del servicio

Informe de Ciudad Moderna destaca avances técnicos y financieros, pero concejales exigen equidad, respeto a la institucionalidad y foco en zonas rurales

Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Popayán del 12 de junio de 2025, la empresa Ciudad Moderna presentó un extenso informe técnico, operativo y financiero sobre la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad. Si bien el gerente César Augusto Sánchez destacó importantes avances en modernización e inteligencia de ciudad, el debate se tornó tenso ante cuestionamientos sobre posibles desequilibrios territoriales, falta de respuestas claras a líderes comunitarios y un presunto uso político del servicio.

En su intervención, Sánchez explicó que Popayán cuenta con más de 33.000 luminarias, de las cuales más del 95 % ya han sido modernizadas a tecnología LED. También resaltó que se han atendido más de 4.000 órdenes de trabajo en lo corrido del año y se han ejecutado inversiones por más de 4.000 millones de pesos en mantenimiento, expansión e iluminación de espacios deportivos y zonas verdes.

El gerente destacó que Ciudad Moderna avanza en un piloto de telegestión con 150 fotocontroles inteligentes instalados en el sector de La Esmeralda, los cuales permiten el monitoreo en tiempo real del sistema. Además, mencionó que la empresa recibió reconocimiento nacional como “ciudad visionaria” en iniciativas de Smart City y que se están gestionando proyectos de transición energética mediante la creación de una granja solar.

Sin embargo, pese al tono técnico y optimista del informe, la mayoría de concejales expresaron preocupaciones sobre la cobertura real del servicio. Silvia León y Diana Imbachí cuestionaron la falta de expansión en zonas rurales, la escasa respuesta a juntas de acción comunal y la inexistencia de un diagnóstico sobre el impacto social del alumbrado en temas de seguridad.

Por su parte, el concejal John Ortiz propuso que el alumbrado navideño se convierta en una estrategia de promoción turística y pidió trabajar de manera articulada con el sector. José Luis Diago valoró los avances en modernización, pero pidió claridad sobre la propiedad de los activos en la transición energética para que el municipio no quede en desventaja frente al socio privado.

Tensión por denuncias, supuestos favoritismos y trato a concejales

El momento más crítico de la sesión se vivió cuando varios concejales rechazaron afirmaciones del gerente sobre presuntos acompañamientos a comunidades con urbanizaciones ilegales y solicitudes individuales de iluminación. El presidente del Concejo, Alexander Trujillo, fue enfático en rechazar cualquier señalamiento que ponga en duda la honorabilidad de los cabildantes.

"Los concejales no son funcionarios, son representantes de la comunidad, y es su deber transmitir las solicitudes que reciben. No permitiremos que se nos acuse de tráfico de influencias", dijo Trujillo, respaldado por concejales como Campo, Mondragón e Imbachí, esta última visiblemente afectada tras ser mencionada en el informe oral.

Ante la polémica, el gerente de Ciudad Moderna se comprometió a entregar por escrito las respuestas a los concejales y a fortalecer los canales de atención, reconociendo que el sistema de PQRs por WhatsApp aún presenta fallas.

Es importante recordar que el servicio de alumbrado público no solo influye en la percepción de seguridad y en la calidad de vida urbana, sino que también constituye un modelo de gestión público-privada que debe ser evaluado con total transparencia. El reciente debate en el Concejo Municipal evidenció tanto avances significativos como tensiones latentes que surgen cuando los servicios públicos se ven atravesados por intereses políticos, sociales y económicos.

Desde su creación durante la administración de Juan Carlos López Castrillón, con facultades otorgadas por el Concejo Municipal de la época, Ciudad Moderna S.A.S. empresa de economía mixta encargada del alumbrado público y la semaforización en Popayán, ha sido objeto de señalamientos y controversias. Entre las críticas más relevantes figuran presuntos incumplimientos contractuales, como la no instalación de los semáforos prometidos, así como los altos costos asumidos por el municipio frente a un modelo que parecería favorecer de forma desproporcionada al socio privado.

A este panorama se suma una nueva indagación por parte de la Procuraduría General de la Nación contra varios exconcejales, en el marco de la creación de esta empresa. El ente de control investiga si, pese a que el municipio conserva la mayoría accionaria, se le otorgó una posición minoritaria en la junta directiva, lo que podría haber comprometido el manejo de recursos públicos y la autonomía institucional.

Ante este contexto, la actual administración municipal ha expresado su voluntad de recuperar los servicios públicos que fueron entregados a terceros, con el propósito de devolverle el control a la ciudad y garantizar que las utilidades derivadas se reinviertan en beneficio de sus habitantes.