Terror en el Cauca: MIENTRAS IVÁN CEPEDA CONSOLIDA SU CAUDAL ELECTORAL
La violencia vuelve a sacudir al Cauca con una crudeza que no admite matices: 21 personas muertas y 37 heridas tras la explosión de un artefacto en el sector del Túnel de Cajibío.
No se trata de un hecho aislado ni de un simple episodio de orden público; es una señal alarmante de que, pese a los discursos oficiales, la realidad territorial continúa dominada por la incertidumbre, el miedo y la fragilidad institucional.
Según la última encuesta de INVAMER, El Progresismo con del presidente Petro y el Candidato Iván Cepeda son la fuerza mayoritaria en Colombia con el 44.3% y en el Cauca, se estima con el apoyo de las organizaciones que son afines al Progresismo, alcanzarían un porcentaje comprendido entre el 45% y el 60% de la votación en Primera vuelta, a pesar de la violencia y los desajustes de la “La Paz Total”.
El efecto teflón de la campaña, es el resultado de una combinación compleja: exclusión histórica, organización social, crisis de los partidos tradicionales y alianzas pragmáticas con actores de poder Territorial, El CRIC, Los sindicatos y organizaciones populares, aunado al respaldo de figuras como Luis Fernando Velasco, cuyas huestes fueron heredadas por el hoy senador Ferney Silva y además con el respaldo del actual senador, Temístocles Ortega Narvaez, así como el rol de alcaldes de varios territorios atravesados por la ilegalidad y el conflicto armado, no solo explica su éxito electoral, sino que también plantea interrogantes sobre la coherencia y sostenibilidad del proyecto político en el mediano plazo.
El Cauca ha sido, históricamente, un laboratorio de conflicto armado, economías ilegales y disputas por el control territorial. En este contexto, la apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro por la llamada “Paz Total” surgió como una respuesta ambiciosa: dialogar simultáneamente con múltiples actores armados, reducir la violencia y construir condiciones de convivencia. Sin embargo, hechos como el ocurrido en Cajibío obligan a preguntarse, con rigor y sin consignas, si esa política está logrando sus objetivos o si, por el contrario, está siendo desbordada por la complejidad del conflicto.
El Cauca ha sido uno de los departamentos donde el progresismo ha obtenido un respaldo electoral significativo. Ese apoyo político, en teoría, debería traducirse en una mayor capacidad de implementación de las políticas gubernamentales, en una articulación más fluida entre el nivel central y las autoridades locales, y en resultados tangibles en materia de seguridad. Pero la realidad parece contradecir esa expectativa: la violencia no solo persiste, sino que se reinventa con nuevas formas y actores.
La explosión en el Túnel de Cajibío no solo dejó víctimas; dejó también preguntas incómodas. ¿Quién controla hoy el territorio? ¿Qué tan efectivas han sido las mesas de diálogo con grupos armados? ¿Existe una estrategia clara de contención mientras se negocia? La Paz Total, en su concepción, implica riesgos: suspensiones de operaciones, ceses al fuego bilaterales o parciales, y un margen de maniobra que, en algunos casos, puede ser aprovechado por estructuras ilegales para fortalecerse.
El caso del Cauca es emblemático porque concentra múltiples variables críticas: presencia de disidencias de las FARC, influencia del ELN, economías ilícitas asociadas al narcotráfico y la minería ilegal, y una geografía que dificulta la acción estatal. En este entorno, cualquier política de paz requiere algo más que voluntad política: exige coordinación, inteligencia, inversión social sostenida y, sobre todo, autoridad legítima.
La ciudadanía, mientras tanto, queda en medio de esta tensión. Los habitantes del Cauca no votaron por el miedo; votaron, en gran medida, por una promesa de cambio. Hoy, esa promesa se enfrenta a su prueba más dura: garantizar la vida y la seguridad. Porque ninguna política pública, por noble que sea su propósito, puede sostenerse si no logra proteger a las personas.
El gobierno nacional tiene la palabra, pero también tiene la responsabilidad. No basta con insistir en la narrativa de la paz; es necesario ajustar la estrategia, reconocer los errores y fortalecer la presencia del Estado donde hoy predominan las armas. El Cauca no puede seguir siendo un símbolo de promesas incumplidas. Hoy, más que nunca, necesita ser el escenario donde la paz deje de ser un concepto y se convierta en una realidad tangible.