Transportadores de Popayán aclaran que no han aprobado la prueba tecnológica del SETP y piden mesa técnica urgente
A través de un documento radicado ante la Secretaría de Tránsito y Movilidad Futura, los gerentes de Translibertad, Sotracauca Mettro, Transtambo y Transpubenza precisaron que en la reunión del 30 de julio no se alcanzaron acuerdos definitivos.
Documento oficial radicado por los gerentes de transporte colectivo de Popayán solicitando claridades sobre el SETP.
Las cuatro empresas operadoras del transporte público colectivo de Popayán solicitaron formalmente a la Secretaría de Tránsito y Transporte y al ente gestor Movilidad Futura S.A.S. la realización de una mesa técnica de trabajo, tras aclarar que no existe aprobación ni acuerdos definitivos para la implementación de la prueba piloto de tecnología en el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). La postura quedó consignada en un oficio entregado formalmente este 14 de agosto de 2026.
El pronunciamiento se da como respuesta a las interpretaciones derivadas del encuentro realizado el pasado 30 de julio, el cual, según detallan las empresas, se dio tras un periodo de ocho meses sin espacios de diálogo o concertación entre las autoridades de tránsito, el ente gestor y el gremio transportador.
PeriodicoVirtual.com 04 ago. 2026 • 2 min read Share
Petición de actas y aclaración sobre la prueba piloto
En la comunicación, los representantes legales del transporte colectivo requirieron copia del acta de la sesión del 30 de julio para verificar el contenido de lo tratado y enfatizaron que dicho espacio fue únicamente una jornada de análisis e intercambio de posiciones, descartando cualquier aval inmediato a los planes tecnológicos presentados por la administración municipal.
"En ningún momento los representantes de las empresas de transporte aquí firmantes hemos llegado a acuerdos definitivos ni hemos otorgado nuestra aprobación respecto de la implementación de la prueba tecnológica. Lo que se desarrolló fue un espacio de diálogo, análisis e intercambio de posiciones, en el cual se abordaron diferentes aspectos relacionados con dicha prueba".
Exigencias técnicas, administrativas y legales
Las empresas condicionaron cualquier eventual avance en la modernización a la estructuración de garantías previas que protejan la operación del servicio en la capital caucana:
- Condiciones previas: Exigen revisar y definir las bases técnicas, administrativas y jurídicas para garantizar la transparencia y la estabilidad del sistema.
- Mesa de trabajo técnica: Solicitan la pronta convocatoria a una reunión de trabajo con la participación directa de las empresas de transporte, Movilidad Futura, la Secretaría de Tránsito y demás actores técnicos.
- Transparencia en actas: Anunciaron que designarán un secretario para el levantamiento riguroso de actas en los próximos encuentros.
El documento fue suscrito por los representantes legales de las cuatro empresas del sector en Popayán:
- Orlando Valencia Manzano, gerente de Transliterad S.A.S.
- Fausto Villamil Sánchez, gerente de Sotracauca Mettro S.A.S.
- Jairo Alirio Isdith Achinte, gerente de la Cooperativa Transtambo.
- Edilio Antonio Villamarín Ordóñez, gerente de Transpubenza.
El oficio fue dirigido al secretario de Tránsito y Transporte (E), Juan Carlos Cajiao Ortega, y al gerente de Movilidad Futura S.A.S., Robinson Felipe Acosta Ortega, con copia enviada a la Seccional Popayán de la Contraloría General de la República y a la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte.
Este pronunciamiento evidencia diferencias entre los anuncios institucionales y la postura del gremio transportador frente a los tiempos de implementación del SETP en Popayán. Tras mantenerse inactivas las mesas de concertación durante ocho meses, los operadores locales priorizan definir la seguridad jurídica, la viabilidad técnica y la estabilidad financiera del servicio antes de dar paso a las pruebas tecnológicas en la flota de autobuses.
Radiografía de una parálisis: SETP de Popayán entre atrasos tecnológicos, flota obsoleta y el desmentido de los transportadores
Más de $174.000 millones invertidos en infraestructura durante una década no se traducen en un sistema operativo: el 40 % de la flota cumplió su vida útil, un contrato tecnológico de $13.000 millones está suspendido y los empresarios aclaran que no hay acuerdo para las pruebas piloto.
A más de diez años de iniciada la ejecución del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Popayán, la promesa de una movilidad moderna y eficiente para más de 68.000 usuarios diarios se encuentra en un punto crítico de estancamiento.
Editorial
¿Cuatro años perdidos? La Alcaldía de Popayán, ¿plataforma de campaña antes que liderazgo para transformar el territorio?
Lo que está ocurriendo alrededor de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán (SETP) debería servir para abrir una discusión mucho más profunda sobre la manera como se está gobernando la ciudad. No estamos únicamente frente a una diferencia de criterios entre empresas transportadoras, Movilidad Futura y la Administración Municipal. Lo que está en juego es algo mucho más importante: la calidad de las decisiones públicas y el rumbo político, técnico y administrativo que está tomando Popayán.
Y ahí aparece una pregunta inevitable: ¿por qué decisiones de naturaleza eminentemente técnica terminan atrapadas en escenarios donde pesan cada vez más las consideraciones políticas?
El problema, además, no parece limitarse al SETP.
Desde esta tribuna editorial hemos advertido sobre una preocupación más amplia: el manejo que se le estaría dando a la contratación pública merece un escrutinio especial, particularmente frente a la necesidad de garantizar objetividad, planeación y seguridad jurídica. Cuando la contratación deja de responder exclusivamente a criterios técnicos, de eficiencia y de interés general, la Administración se expone no solamente a cuestionamientos políticos, sino también a riesgos jurídicos y fiscales.
Señor alcalde, Juan Carlos Muñoz Bravo ¿Qué paso con la recuperación de Popayán?
Una ciudad que todavía enfrenta enormes desafíos de planeación territorial no puede darse el lujo de administrar sus asuntos estructurales con una visión cortoplacista. Hoy, según se cuestiona desde distintos sectores, no hay POT actualizado ni PEMP, pero sí parece haber politiquería en demasiados escenarios de la administración pública.
Mientras los instrumentos fundamentales para ordenar y proyectar el territorio reclaman definición, discusión y liderazgo institucional, la política parece ocupar espacios que deberían estar reservados para la planeación, la técnica y el interés colectivo.
Una administración municipal no es la suma de despachos independientes donde cada secretario establece su propia agenda. La ciudad necesita articulación, prioridades comunes, seguimiento y un liderazgo capaz de integrar las diferentes áreas del gobierno alrededor de un mismo propósito.
De lo contrario ocurre lo que hoy muchos ciudadanos perciben: hay gasto, pero no necesariamente inversión; hay contratos, pero no siempre se percibe transformación; hay reuniones, pero demasiadas veces faltan resultados.
Gastar recursos públicos no equivale automáticamente a gobernar bien. Una administración puede ejecutar grandes presupuestos y, al mismo tiempo, dejar pendientes los problemas estructurales que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. La verdadera evaluación debería hacerse sobre los resultados y sobre la capacidad de convertir los recursos públicos en soluciones concretas.
También preocupa que procesos esencialmente técnicos puedan terminar siendo influenciados o direccionados desde escenarios políticos. Hay decisiones relacionadas con movilidad, infraestructura, planeación urbana, contratación, servicios públicos y desarrollo territorial que requieren conocimiento especializado, estudios, indicadores, análisis de riesgos y participación de los actores involucrados.
Cuando la política termina sustituyendo a la técnica, el resultado no es solamente una mala decisión administrativa. También puede significar mayores costos para la ciudad, retrasos, inseguridad jurídica, pérdida de confianza institucional y, eventualmente, responsabilidades para quienes toman las decisiones.
Pero existe otra señal que resulta todavía más preocupante: el riesgo de que una administración termine escuchando únicamente a quienes llegaron con ella, mientras las voces críticas son progresivamente aisladas.
Alexander Casas Prado
Una administración democrática no puede rodearse exclusivamente de quienes están de acuerdo con ella.
El verdadero liderazgo se demuestra precisamente en la capacidad de escuchar al que cuestiona, al que advierte un riesgo, al que plantea una alternativa y hasta al que incomoda. Las voces críticas no son necesariamente enemigas del gobierno; muchas veces son uno de los mecanismos más importantes para evitar errores.
Si quienes toman las decisiones terminan escuchando solamente a quienes llegaron buscando beneficios económicos o políticos de la administración de turno, la gestión pública corre el riesgo de convertirse en un círculo cerrado de intereses. Eso sí sería profundamente peligroso para Popayán.
Las aspiraciones electorales son legítimas dentro de una democracia. Lo que no puede ocurrir es que esas aspiraciones terminen contaminando la administración pública o convirtiendo los cargos institucionales en instrumentos para construir una futura candidatura.
Por eso resulta inevitable preguntarse si el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo está concentrando sus esfuerzos en gobernar y transformar Popayán o si su administración comienza a mirar demasiado pronto hacia la próxima elección.
La misma pregunta debe hacerse frente a quienes ocupan posiciones estratégicas dentro de su gobierno, entre ellos el secretario general Edwin Heiver Muñoz y el gerente de Movilidad Futura, Felipe Acosta.
Gobernar no es hacer campaña. Gobernar es tomar decisiones, asumir costos, resolver problemas y responder ante la ciudadanía.
Popayán necesita liderazgo, no una administración permanentemente pendiente del próximo escenario electoral.
La ciudad tiene problemas suficientemente grandes como para que el gobierno municipal tenga que dedicar su energía a ellos: movilidad, infraestructura, seguridad, planeación urbana, servicios públicos, desarrollo económico, empleo, espacio público y recuperación institucional.
Y en todos estos asuntos se necesita algo que parece estar faltando: una visión integral de ciudad.
No se puede gobernar Popayán desde compartimentos estancos. No se puede tomar una decisión de movilidad sin analizar sus efectos sobre la infraestructura, el ordenamiento territorial y las finanzas públicas. No se puede contratar por contratar. No se puede gastar por mostrar ejecución. No se puede planear el territorio sin instrumentos de ordenamiento actualizados. Y mucho menos se puede pretender transformar una ciudad excluyendo las voces que advierten que algo puede salir mal.
La pregunta entonces deja de ser exclusivamente política y se convierte en una pregunta ciudadana:
¿Qué clase de administración quiere dejar Juan Carlos Muñoz Bravo cuando termine su mandato?
¿Una administración que logró avanzar en transformaciones estructurales o una que utilizó cuatro años para preparar el siguiente proyecto electoral?
Porque una cosa es construir liderazgo político a partir de buenos resultados y otra muy diferente es utilizar la administración pública como plataforma para construir ese liderazgo.
Si el gobierno municipal realmente quiere proyectar un sucesor, el camino debería ser muy sencillo: gobernar bien, ejecutar bien, escuchar, corregir, transparentar las decisiones y entregar resultados.
No hay mejor campaña que una ciudad transformada.
Pero si al final del mandato quedan pendientes los instrumentos de planeación, proyectos sin resolver, decisiones cuestionadas, secretarías desconectadas, contratos bajo sospecha, recursos gastados sin suficiente impacto y una ciudadanía que siente que sus críticas fueron ignoradas, entonces la discusión será inevitable.
¿Fueron realmente cuatro años de gobierno o cuatro años de preparación para una campaña?
Porque Popayán no necesita más cálculos políticos que terminen condicionando las decisiones públicas. Necesita un gobierno que gobierne.
Y al final de estos cuatro años, la ciudadanía no preguntará cuántas alianzas políticas se construyeron, quién fue el candidato favorito de la administración ni quién recibió respaldo para la próxima Alcaldía.
La pregunta será mucho más sencilla:
¿Qué transformaron y que recuperaron realmente por Popayán y sus gentes?
Esa será, finalmente, la verdadera evaluación.
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