¿Y si Tito tenía razón?

Hace casi una década, Temístocles Ortega Narváez, entonces gobernador del Cauca, lanzó una alerta que fue tildada por muchos de exagerada: las mafias del Valle del Cauca quieren tomarse la política del Cauca. Sus palabras, en aquel momento, parecieron una advertencia aislada, incluso melodramática, frente al avance de estructuras clientelistas y la infiltración de dinero ilícito en campañas electorales. Pero hoy, con el escenario político regional contaminado por presiones externas, alianzas oscuras y candidaturas financiadas desde afuera, la advertencia de “Tito” cobra una nueva dimensión.

Una historia que se repite

En las últimas semanas, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, ha denunciado públicamente presiones indebidas y una preocupante injerencia de sectores cuestionados del Valle en la política caucana. No son hechos aislados. Detrás de las cortinas del poder, se teje una red que remite a nombres ya conocidos, como el del exgobernador Juan Carlos Abadía, recientemente condenado por la Corte Suprema de Justicia a más de 21 años de cárcel por actos de corrupción.

Aunque Abadía ya no participa formalmente en política, su maquinaria no ha desaparecido. Sigue operando a través de alfiles y estructuras partidistas creadas para sostener su influencia. El caso más representativo fue el del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), plataforma que llevó a Héctor Fabio Useche a la gobernación del Valle en 2011, y que luego fue investigada por compra de votos, financiación ilegal y favorecimientos contractuales.

Ahora, esa misma maquinaria parece haber puesto sus ojos en el Cauca, un departamento con brechas institucionales, altos índices de pobreza, inseguridad y líderes vulnerables que, por necesidad o ambición, podrían terminar cediendo a los cantos de sirena de quienes ven la política como un negocio y no como un proyecto colectivo.

El riesgo de una colonización política

Cuando Ortega habló de la “colonización política del Cauca” por parte de mafias del Valle, muchos lo tomaron como una estrategia retórica. Sin embargo, hoy parece más bien una advertencia prematura de lo que se ha venido gestando silenciosamente: un intento sistemático de capturar el poder regional para reciclar viejas prácticas y expandir estructuras de control político en el suroccidente colombiano.

Esta situación revela una profunda debilidad del sistema de partidos, incapaz de poner freno a la penetración de intereses ilegítimos. También refleja una crisis moral de algunos sectores políticos, dispuestos a aliarse con quien tenga chequera, sin importar su prontuario.

No basta con alertas: se necesita acción

La democracia caucana no puede quedar a la deriva. Se necesita mucho más que advertencias: hace falta valentía política para nombrar lo que muchos prefieren callar, fortalecer la institucionalidad y promover una ciudadanía activa que exija transparencia y dignidad en el ejercicio del poder.

Como dijo Temístocles Ortega en su momento:

“Pero si alguien intenta, como lo están intentando, trasladar a este departamento la mafia y los negocios, pues se van a encontrar conmigo, así me quede solo, completamente solo. Les dejo absolutamente claro que este es un departamento pobre, como lo es gran parte del país, pero aquí la gente, aun en medio de su pobreza, aun vendiendo el voto por necesidad, y aun dejándose convencer por políticos que mienten, como lo hacemos todos nosotros, ha mantenido un cierto nivel de dignidad.”

Hoy, esa dignidad está siendo puesta a prueba. Y la pregunta es inevitable:
¿Y si Tito tenía razón?