Así es la demanda que busca tumbar la elección del líder ultraderechista Abelardo De La Espriella

El pasado lunes 20 de julio se conoció una demanda de nulidad electoral presentada contra la elección del presidente Abelardo De La Espriella, que fue revelada por el mandatario actual Gustavo Petro. Según Petro, esta acción judicial ha sido impulsada por más de 70.000 ciudadanos y tiene como objetivo que el Consejo de Estado anule los resultados de las elecciones presidenciales de 2026. La polémica en torno a este recurso radica en las supuestas irregularidades detectadas durante el proceso electoral, que, según sus promotores, afectaron la transparencia y legitimidad del triunfo de De La Espriella.

Gustavo Petro compartió a través de su cuenta en la red social X el documento de la demanda, señalando que el lenguaje técnico utilizado será explicado en videos con formato sencillo para que la ciudadanía pueda comprender plenamente los argumentos presentados. La acción legal, que consta de 61 páginas y está fechada el 17 de julio de 2026, fue radicada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. En ella se solicita específicamente la nulidad de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral oficializó la elección de Abelardo De La Espriella como presidente y José Manuel Restrepo como vicepresidente de Colombia.

Uno de los pilares de la demanda es el trabajo realizado por un grupo denominado “testigos digitales”. Estos expertos habrían analizado metadatos y otros archivos digitales generados por el software de escrutinios electorales, encontrando supuestas manipulaciones algorítmicas que distorsionaron el voto real de los ciudadanos colombianos. Según Petro, estos hallazgos permitirían evidenciar que existió una interferencia en el conteo o procesamiento de los votos, lo que pondría en duda la validez de los resultados oficiales.

Los demandantes argumentan que hubo un retroceso significativo en los mecanismos de autenticidad, integridad, identificación y trazabilidad digital con respecto a las elecciones celebradas en 2022. En particular, critican que para los comicios de 2026 se redujeron dichos mecanismos sin una justificación técnica o jurídica adecuada. Este cambio, según la demanda, complicó la verificación cruzada entre los archivos digitales, las mesas de votación correspondientes, las actas físicas, las firmas de los jurados y los resultados definitivos. En otras palabras, se habría perdido la capacidad de garantizar que cada elemento del proceso electoral estuviera correctamente vinculado y validado.

Un detalle preocupante señalado en la demanda es que, mientras en 2022 los archivos digitales incluían metadatos completos, como fechas e identificadores específicos de la mesa de votación, en la muestra analizada para 2026 algunos documentos mostraban nomenclaturas genéricas o confusas. Por ejemplo, mesas identificadas simplemente como “000”, ausencia de información sobre quién produjo los archivos, y falta de fechas de creación o modificación. Estas deficiencias dificultan establecer la procedencia y autenticidad de los registros electorales.

Además, se cuestiona que las firmas de los jurados electorales están contenidas en una página separada del registro de votación. De acuerdo con los demandantes, esta separación podría debilitar la integridad documental, pues las firmas servirían para validar el contenido del acta, y al estar en un documento distinto, su función certificadora perdería fuerza. Esta situación genera incertidumbre sobre la cadena de custodia y la verificación física de los votos.

La demanda no solo busca anular la declaratoria de elección presidencial, sino que también plantea medidas subsidiarias en caso de que la nulidad no sea concedida. Entre estas medidas se incluyen la realización de un nuevo escrutinio de los votos, auditorías judiciales exhaustivas, inspecciones técnicas al software y hardware utilizados para el conteo, así como la entrega de todos los archivos originales relacionados con el proceso. Esto incluye metadatos, bitácoras, registros, hashes y demás elementos técnicos que permitan hacer un análisis detallado y transparente del sufragio.

En síntesis, la demanda de nulidad electoral contra la elección de Abelardo De La Espriella pone sobre la mesa serias dudas acerca de la transparencia y legitimidad del resultado presidencial de 2026. Con el respaldo de miles de ciudadanos y apoyo público del presidente Gustavo Petro, la controversia se traslada ahora a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que deberá analizar si existen méritos suficientes para anular la resolución electoral y ordenar acciones correctivas que garanticen la confianza en el sistema democrático. Este caso marca un precedente importante en la vigilancia ciudadana y la exigencia de máxima claridad en los procesos electorales en Colombia.