Cinco capturados por el crimen de María Camila Potosí: un juez legalizó las detenciones y avanza el proceso judicial
Las capturas fueron ejecutadas en operativos adelantados por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en Cali y el municipio de Tuluá, Valle del Cauca
La investigación por el asesinato de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y cuyo caso conmocionó a Colombia, dio un nuevo paso con la legalización de las capturas de los cinco presuntos responsables. Un juez de control de garantías avaló el procedimiento realizado por las autoridades, permitiendo que continúe el proceso de judicialización contra los implicados.
Las capturas fueron ejecutadas en operativos adelantados por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en Cali y el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Entre los detenidos figura una mujer identificada por las autoridades con el alias de "Yulieth", quien aparece en los videos de seguridad conduciendo la motocicleta en la que María Camila fue vista por última vez el pasado 16 de julio. Los otros cuatro capturados son hombres que, según las investigaciones preliminares, habrían participado en la planeación y ejecución del crimen.
Durante la audiencia preliminar, el juez concluyó que las órdenes de captura y los procedimientos de aprehensión se ajustaron a los requisitos legales, por lo que las detenciones fueron declaradas legales. Posteriormente, la Fiscalía inició la formulación de imputación por delitos como secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, mientras solicita que los procesados permanezcan privados de la libertad.
De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, la principal señalada habría conocido a María Camila en un programa de acompañamiento para mujeres gestantes, donde ganó su confianza durante varias semanas. Los investigadores sostienen que ese vínculo habría sido utilizado para engañar a la joven y llevarla hasta el lugar donde finalmente fue asesinada. La principal línea investigativa indica que el objetivo era apropiarse de la bebé que esperaba la víctima y hacerla pasar como hija de una de las involucradas.
María Camila desapareció el 16 de julio luego de asistir a un control prenatal en el sur de Cali. Días después, su cuerpo fue encontrado en una zona cercana al río Meléndez, con evidentes signos de violencia. La necropsia reveló que la bebé ya no se encontraba en su vientre, lo que dio origen a una intensa búsqueda que inicialmente mantuvo la esperanza de encontrarla con vida.
Sin embargo, el caso dio un giro aún más doloroso cuando la Fiscalía informó sobre el hallazgo de restos humanos en una zona boscosa de Cali que corresponderían a Alahia, la hija que esperaba María Camila. Aunque Medicina Legal adelanta los análisis científicos para confirmar plenamente la identidad de los restos, la noticia profundizó la indignación nacional frente a uno de los crímenes más impactantes registrados este año.
Las autoridades también revelaron que algunos de los capturados cuentan con antecedentes judiciales y que la investigación permitió establecer la presunta participación coordinada de varias personas para ejecutar el plan criminal. Durante los allanamientos fueron incautados teléfonos celulares y una motocicleta que hacen parte del material probatorio incorporado al expediente.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó la rapidez con la que actuaron la Policía y la Fiscalía para identificar a los presuntos responsables y aseguró que la administración continuará acompañando a la familia de la víctima hasta lograr una condena ejemplar. Asimismo, reiteró que este crimen no puede quedar en la impunidad y pidió fortalecer las acciones de protección para las mujeres gestantes y las víctimas de violencia de género.
Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía continúa recopilando pruebas técnicas, testimonios y evidencia forense para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los capturados. El caso de María Camila Potosí se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia basada en género y ha reabierto el debate sobre la protección de las mujeres embarazadas y el endurecimiento de las penas para quienes cometan crímenes de esta naturaleza.