Los archivos del extinto DAS: el desafío de abrir una parte reservada de la historia de Colombia
El Ejecutivo tiene en sus manos la decisión de hacer públicos 15 kilómetros de archivos de inteligencia, cuyo contenido podría aportar información clave sobre asesinatos de alto impacto, interceptaciones ilegales y otras violaciones cometidas por organismos estatales.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta el reto de continuar con el proceso de desclasificación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una de las colecciones documentales más sensibles de la historia reciente de Colombia.
El fondo que permanece bajo custodia del Archivo General de la Nación reúne documentación producida entre 1960 y 2011 y está compuesto por 57.544 cajas o unidades de conservación, equivalentes a 14.364 metros lineales, además de 47.829 medios magnéticos y digitales, entre servidores, discos, disquetes, casetes, computadores y cintas.
La apertura de estos archivos está relacionada con decisiones judiciales nacionales e internacionales y con el Decreto 1400 de 2025, mediante el cual se ordenó levantar la reserva de esta documentación de manera progresiva.
El procedimiento establece varias etapas: intervención archivística, conservación, clasificación, descripción y digitalización por parte del Archivo General de la Nación, seguida de un proceso de anonimización a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), antes de que las versiones destinadas a consulta pública sean habilitadas.
La medida también responde a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 2023 sobre el caso de integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo contra Colombia.
El proceso ya produjo sus primeros resultados. El 30 de julio de 2026 fueron entregados documentos desclasificados y anonimizados relacionados con los casos del periodista Jaime Garzón Forero y del sindicalista Pedro Julio Movilla Galarcio. De acuerdo con el Archivo General de la Nación, la intervención comenzó formalmente en 2025 e incluye labores que van desde la foliación y restauración hasta la digitalización de materiales que, en algunos casos, enfrentan deterioro físico y obsolescencia tecnológica. Paralelamente, la DNI publicó en agosto de 2026 su primer informe semestral sobre el avance del protocolo de anonimización.
La magnitud del fondo y la sensibilidad de su contenido hacen que su apertura sea un proceso gradual y técnicamente complejo. Entre la documentación podrían existir elementos relevantes para reconstruir actuaciones de organismos de inteligencia y hechos relacionados con violaciones de derechos humanos, aunque el contenido concreto de cada expediente debe ser establecido mediante la revisión documental y las investigaciones correspondientes.
Para las víctimas y sus organizaciones, el acceso a estos archivos representa una herramienta para la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El desafío para las autoridades será avanzar en la apertura de la información sin afectar la protección de datos personales, las garantías de las víctimas ni las restricciones legales aplicables a determinados contenidos.