¡Confirmado! Gesprode es una Entidad Sin Ánimo de Lucro: el contrato de $7.150 millones del alcalde de Popayán violaría los topes de ley
Lo que comenzó como una alerta sobre posibles extralimitaciones en la Alcaldía de Popayán, hoy se consolida como un presunto escándalo de proporciones mayores.
Documentos públicos y el propio portal oficial de la Gestora de Proyectos para el Desarrollo (Gesprode) confirman que esta es una "organización sin ánimo de lucro" (ESAL). Este dato técnico, lejos de ser menor, es la prueba reina que evidencia la magnitud de la presunta falta del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo: adjudicó a esta entidad un contrato de $7.150 millones de pesos, ignorando que la ley le prohibía tajantemente superar el tope de 1.000 salarios mínimos sin la autorización previa del Concejo Municipal.
La prueba irrefutable en su propia web En una reciente revisión de los canales oficiales de Gesprode (gesprode.org.co), en su sección de "Quiénes Somos", la corporación se presenta abiertamente al público: "Somos una organización sin ánimo de lucro fundada el 17 de junio de 1993 por el gobernador del Valle del Cauca y 12 líderes del sector privado".
Esta declaración de principios tumba cualquier defensa jurídica que pretendiera catalogar a Gesprode como una entidad pública convencional para buscar un margen de contratación más amplio, y encasilla el millonario contrato de infraestructura deportiva en el régimen del Artículo 355 de la Constitución Política (contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro).
Alexander Casas Prado
Matemáticas implacables: la ley es clara
El Acuerdo Municipal del Concejo de Popayán (modificatorio del 09 de 2015) es un muro legal para los mandatarios. En su Artículo Segundo, establece que el Alcalde solo puede celebrar convenios con entidades sin ánimo de lucro sin pedir permiso al Concejo por montos inferiores a 1.000 S.M.L.M.V.
Haciendo la conversión financiera, 1.000 salarios mínimos representan un poco más de $1.300 millones de pesos. Sin embargo, el contrato firmado por el alcalde Muñoz Bravo asciende a $7.150.000.000. Es decir, la administración municipal comprometió recursos que superan en más de un 500% el límite permitido, saltándose olímpicamente a la corporación edilicia que debía aprobar dicho gasto.
¿Qué pasa con el control previo? La justificación de este millonario desembolso, orientado a los "estudios y diseños de 27 escenarios deportivos", queda ahora en un segundo plano frente a la forma en la que se adjudicó. Los filtros jurídicos de la Alcaldía de Popayán fallaron u omitieron advertirle al mandatario que estampar su firma en ese documento F-GC-CT-01 constituía una presunta violación a las normas de contratación pública.
Cuando un alcalde omite al Concejo Municipal para aprobar contratos que superan los límites de ley, no solo comete una falta administrativa; está anulando la democracia representativa y los pesos y contrapesos diseñados para proteger tus impuestos. Este caso podría tipificarse como celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, un delito grave en la legislación colombiana que acarrea destitución, inhabilidad y repercusiones penales para los implicados.
Con la naturaleza jurídica de Gesprode al descubierto y los topes de contratación excedidos sin justificación aparente, el balón está ahora en la cancha de los entes de control. La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría tienen en estos documentos el acervo probatorio suficiente para abrir indagaciones inmediatas. Mientras tanto, la ciudadanía de Popayán exige respuestas claras por parte de la administración municipal frente a lo que podría ser uno de los mayores descalabros administrativos del cuatrienio. A la espera de un pronunciamiento oficial de la Alcaldía.
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