Contraloría archiva proceso fiscal contra César Cristian Gómez por contrato con EMTEL: ¿qué significa para el caso Quipux?
La Contraloría confirmó el archivo fiscal RFO-01-2022 por falta de prueba del daño patrimonial. El estado del proceso penal sobre EMTEL requiere verificación.
El Auto 014 de noviembre de 2026 confirmó el archivo del expediente RFO-01-2022 por falta de prueba del daño patrimonial investigado. La decisión no resuelve por sí misma la actuación penal relacionada con la contratación.
La Contraloría Municipal de Popayán confirmó el archivo del proceso ordinario de responsabilidad fiscal RFO-01-2022, relacionado con el contrato interadministrativo de marzo de 2017 entre el municipio de Popayán y EMTEL S.A. E.S.P., durante la administración del entonces alcalde César Cristian Gómez Castro.
La decisión consta en el Auto 014 de noviembre de 2026, cuya copia fue remitida por Gómez Castro a PeriódicoVirtual.com. La providencia confirma el Auto 159 del 28 de octubre de 2026 y declara la inexistencia de responsabilidad fiscal de Gómez Castro y otras tres personas, tras considerar que no se acreditó el daño patrimonial investigado.
Se trata de una decisión favorable al exalcalde que debe reconocerse expresamente. Sin embargo, no equivale a una absolución penal ni declara, por sí sola, la legalidad integral del contrato EMTEL-Quipux.
¿Qué investigó la Contraloría y por qué archivó el expediente?
El proceso se originó en hallazgos de auditoría que compararon ingresos de la Secretaría de Tránsito de Popayán durante 2017, 2018 y 2019. La hipótesis inicial era que el esquema contractual pudo ocasionar una disminución injustificada de recaudos municipales. El posible detrimento estimado en el expediente ascendía a $2.475.267.047.
Al examinar los elementos probatorios, el despacho concluyó que las variaciones de los ingresos no permitían establecer una afectación cierta, cuantificable y atribuible al contrato. Según la providencia, tampoco se acreditó que los recursos públicos se hubieran utilizado sin contraprestación efectiva o para actuaciones ajenas al objeto contractual.
Por eso confirmó el archivo de la investigación fiscal. La conclusión es específica: no se probó el daño patrimonial planteado en ese expediente. No constituye un pronunciamiento definitivo sobre todos los aspectos jurídicos, financieros o penales de la contratación.
¿A quiénes favorece la decisión?
La Contraloría declaró la inexistencia de responsabilidad fiscal de César Cristian Gómez Castro, Daniel Alejandro Pajoy Bastos, Ever Ney Burbano y Rubén Ernesto Caicedo Celis. También dispuso la desvinculación de las aseguradoras La Previsora S.A. y Liberty Seguros S.A., llamadas como terceros civilmente responsables.
La providencia ordenó que, una vez ejecutoriada, se archivara definitivamente la actuación y se levantaran las medidas cautelares que pudieran existir. Asimismo, recordó las causales legales de reapertura previstas en la Ley 610 de 2000, como la aparición de nuevas pruebas que desvirtúen el archivo o el descubrimiento de pruebas falsas.
¿Qué ocurre con la actuación penal por la contratación con EMTEL?
La responsabilidad fiscal y la responsabilidad penal son procedimientos diferentes. La primera busca determinar si una conducta generó un daño resarcible al patrimonio del Estado. La segunda examina si se cometieron delitos previstos en el Código Penal, con estándares y elementos jurídicos propios.
En relación con la contratación de tránsito, la Fiscalía formuló señalamientos contra Gómez Castro por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. La actuación llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia cuando Gómez Castro ejerció como representante a la Cámara. En 2024, la Corte examinó aspectos procesales de ese expediente.
El Auto 014 de la Contraloría no resuelve esa actuación penal. Tampoco hemos obtenido una providencia posterior al 20 de julio de 2026 que permita afirmar cuál es el despacho actualmente competente, si el expediente fue remitido a la justicia ordinaria o si recibió una decisión definitiva. Por ello, no sería riguroso afirmar que el proceso penal sigue abierto, ni asegurar que ya terminó, sin conocer su estado judicial actualizado.
La eventual conservación o pérdida del fuero ante la Corte Suprema depende de las reglas del artículo 235 de la Constitución y de la decisión de la autoridad judicial competente. La finalización de su periodo congresional no demuestra por sí sola un traslado de expediente.
La absolución de junio de 2026 fue en otro proceso
La Corte Suprema anunció el 1 de junio de 2026 una decisión absolutoria a favor de Gómez Castro en una actuación relacionada con un convenio cultural de Semana Santa y la Fundación Tortuga Triste. Esa decisión corresponde a hechos y un expediente distintos de la contratación tecnológica de tránsito con EMTEL.
Confundir la absolución en el caso cultural con el archivo fiscal del caso de tránsito, o con el estado del proceso penal sobre EMTEL, llevaría a conclusiones jurídicas equivocadas.
¿Por qué el contralor anunció otra revisión pocos días después?
En la sesión del Concejo de Popayán del 11 de noviembre de 2026, el contralor municipal Juan Diego Marulanda Cerón anunció un estudio jurídico y técnico del modelo relacionado con EMTEL y Quipux, con el propósito de evaluar si había elementos para posibles actuaciones fiscales. Esa intervención ocurrió después de la providencia que confirmó el archivo del expediente RFO-01-2022.
Las actuaciones no son necesariamente contradictorias: el expediente archivado examinó una hipótesis de detrimento asociada a determinados periodos y conceptos de recaudo, mientras que una revisión distinta podría ocuparse de otras vigencias u obligaciones. La Contraloría debe precisar el alcance concreto de su nuevo estudio y evitar duplicar hechos ya resueltos sin fundamento legal.
Qué queda aclarado y qué falta por establecer
El origen político y contractual del modelo es conocido: el Concejo autorizó la concesión mediante el Acuerdo 014 de 2016, durante la administración de Gómez Castro; la Alcaldía contrató con EMTEL en marzo de 2017 y EMTEL estableció una posterior alianza empresarial con Quipux. Esos antecedentes no quedan alterados por el archivo fiscal.
La decisión de la Contraloría debe reconocerse con precisión: los investigados no fueron declarados fiscalmente responsables en el expediente RFO-01-2022 porque no se acreditó el daño patrimonial allí alegado. Siguen pendientes de verificación documental el estado de la actuación penal específica, la constancia de ejecutoria del auto y el alcance de la revisión que anunció el organismo de control.
Una decisión favorable no debe minimizarse; tampoco debe atribuirse a esa decisión un alcance jurídico que no tiene. La rendición de cuentas exige distinguir cada expediente y comprobar sus resultados antes de afirmarlos.
Compartimos con nuestros lectores el documento oficial que dio origen a esta publicación. Se trata del Auto 014 de noviembre de 2026, mediante el cual la Contraloría Municipal de Popayán confirmó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal RFO-01-2022, relacionado con el contrato celebrado en 2017 entre la Alcaldía de Popayán, durante la administración de César Cristian Gómez Castro, y EMTEL. La decisión, que fue remitida a PeriódicoVirtual.com por el exalcalde, establece que no se acreditó el presunto daño patrimonial investigado. Es importante precisar que este pronunciamiento corresponde exclusivamente a la actuación fiscal y no constituye una absolución penal ni una declaración general de legalidad del contrato. Publicamos el documento íntegro para que la ciudadanía conozca sus fundamentos, el alcance de la decisión y los argumentos del organismo de control.
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PeriódicoVirtual.com — La verdad no se negocia. La justicia se defiende. Porque la verdad permanece y nos hace libres. Inspirado en Proverbios 12:19 y Juan 8:32.