Dos alcaldes, dos posturas: Nicolás Toro se le planta al privado; Muñoz Bravo consolida la privatización del tránsito.
Lección de autoridad: Alcalde de Pasto frena fotomultas en la calle mientras Popayán se rinde ante Quipux
Un video aficionado muestra a Nicolás Toro impidiendo la instalación de nuevas cámaras hasta que el Consejo de Estado emita un fallo. En contraste, la administración de Muñoz Bravo promueve la expansión del negocio privado en la capital caucana.
En un acto de autoridad sin precedentes recientes en el suroccidente colombiano, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, confrontó personalmente en plena vía pública a los trabajadores de la concesión de tránsito para impedir la instalación forzosa de una nueva cámara de fotomultas. Este contundente hecho contrasta radicalmente con la inacción de la Alcaldía de Popayán, donde Juan Carlos Muñoz Bravo y su secretaria de Tránsito, Lizeth Plazas, avalaron la expansión de la firma privada Quipux S.A.S.
El incidente en la capital nariñense quedó registrado en un video ciudadano, donde se observa al mandatario exigiendo el retiro inmediato de la infraestructura tecnológica, argumentando que el municipio se encuentra a la espera de un fallo de alta corte que determine si la alcaldía puede retener una mayor parte de los millonarios recursos que hoy se lleva el operador privado.
La defensa en terreno vs. la entrega en el Cauca
La postura del alcalde Toro en la vía Panamericana de Pasto dejó clara la jerarquía institucional frente a los intereses corporativos.
"Aquí la autoridad de tránsito es el secretario de tránsito y el alcalde de Pasto. Yo no entiendo por qué vienen aquí a colocar cosas que nadie ha autorizado todavía. Aquí expusimos claramente una cuestión: pedimos un concepto al Consejo de Estado y no nos ha llegado todavía. Entonces aquí no permitimos que coloquen nada, o se retiran o llamo a la policía para que los retire", sentenció el mandatario en el lugar de los hechos.
Mientras Pasto da la pelea jurídica y en las calles por recuperar el 90 % del recaudo para invertirlo en su ciudad, en Popayán la realidad ciudadana refleja un sometimiento a la concesión. La administración de Muñoz Bravo, quien prometió en campaña "Recuperar a Popayán", mantuvo en el cargo a Lizeth Plazas hasta que las críticas por presuntas irregularidades forzaron su salida, no sin antes dejar asegurado el negocio:
- Vía libre a nuevas cámaras: Se expidieron las Resoluciones 002 y 141 de 2026, oficializando nuevos puntos de fotodetección en el sector de Bellavista (Carrera 9 con Calle 60N).
- Eficacia selectiva: Mientras la ciudad padece de semáforos dañados y caos vial, la tecnología de punta de Quipux se instala con total celeridad y protección institucional.
- Asfixia financiera: El municipio renuncia a defender un mayor porcentaje de las ganancias, permitiendo que el dinero de los infractores nutra cuentas privadas en lugar de reinvertirse en las calles locales.
James Ruiz
El video de Pasto es un poderoso mensaje político para los ciudadanos de Popayán y el Cauca: los alcaldes sí tienen las facultades constitucionales y policivas para frenar los abusos de las concesiones. La diferencia no radica en la ley, sino en la voluntad política. Mientras en Pasto se prioriza el bienestar colectivo y se espera el dictamen del Consejo de Estado para proteger el erario, el gobierno de Popayán demostró que prefiere tolerar la ineficiencia en lo público mientras garantiza la rentabilidad máxima para empresas como Quipux.
El vicio de origen en Popayán y la vía legal desaprovechada
Vale la pena destacar una profunda paradoja legal e institucional entre ambas capitales: mientras en Pasto la concesión fue entregada en su momento bajo un proceso formalmente blindado, y aun así el alcalde Nicolás Toro impone el interés ciudadano por encima del privado, en Popayán el proceso de entrega de la concesión está siendo investigado por haber sido otorgado de manera presuntamente irregular e ilegal.
Naydú Baquero
El negocio con Quipux fue entregado durante la administración del exalcalde César Cristian Gómez Castro, investigado por la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. A pesar de que Popayán cuenta con todos los argumentos jurídicos para recuperar este recaudo para el erario, la administración de Juan Carlos Muñoz Bravo no ha mostrado voluntad de hacerlo.
Afortunadamente, según conoció este medio, la firma JM Abogados ya tiene lista la denuncia formal ante la justicia colombiana para demostrar que esta concesión fue entregada de manera incorrecta y presuntamente ilegal, abriendo la vía legal que la Alcaldía de Popayán se ha negado a transitar.
El futuro de la fiscalización electrónica en Pasto dependerá del inminente concepto que emita el Consejo de Estado, el cual podría sentar un precedente nacional sobre la renegociación de estas asimétricas concesiones. Por el lado de Popayán, las veedurías ciudadanas se organizan para exigir los certificados de calibración técnica de las nuevas cámaras en la Carrera 9 Norte, a la espera de que los entes de control investiguen a fondo las últimas decisiones firmadas por la exsecretaria Lizeth Plazas.
Editorial
La siguiente es una reflexión necesaria y contundente para la ciudadanía de Popayán. Durante los últimos años, la ciudad ha visto cómo sus alcaldes, respaldados por las mayorías en el Concejo Municipal, han concesionado los servicios públicos a empresas privadas. Esta dinámica ha frenado de manera evidente el desarrollo de nuestra capital, porque para todo se necesita el dinero, que en Popayán se lo llevan los privados.
Este patrón se ha mantenido a lo largo de las administraciones de Ramiro Navia, Francisco Fuentes y César Cristian Gómez Castro. Es imperativo recordar que Juan Carlos López Castrillón llegó con la promesa de recuperar la concesión de tránsito para el municipio, argumentando las presuntas irregularidades en su adjudicación; sin embargo, no cumplió. Queda a la imaginación de la ciudadanía por qué no lo hizo en su momento y por qué la actual administración de Juan Carlos Muñoz Bravo tampoco ha tomado cartas en el asunto.
Ante este panorama, y a puertas de las elecciones regionales de 2027, el electorado debe pensar seriamente su decisión. No podemos seguir apoyando a concejales privatizadores que ahora aspiran a la Alcaldía, ni caer en el discurso de empresarios que aseguran tener su vida económica resuelta para dedicarse a "salvar" a Popayán, cuando la realidad nos ha demostrado que sus mandatos terminan en la inacción total.
La invitación es a observar desde ya a los futuros candidatos: analizar sus antecedentes, su talante ético y, sobre todo, garantizar que sean ciudadanos decentes que genuinamente defiendan el interés general y no el beneficio de unos pocos.
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¿Por qué el alcalde de Pasto sí puede frenar a Quipux en las calles y Popayán no? Lee nuestro análisis sobre la privatización del tránsito y cómo esto impactará las elecciones de 2027. ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!