El general en su laberinto: investigan al oficial Federico Mejía por presunta orden de escolta con 36 soldados a supuesto narcotraficante

La Fiscalía General de la Nación investiga uno de los episodios más polémicos en la historia reciente del Ejército colombiano: la liberación de un presunto narcotraficante que había sido capturado en flagrancia con 4,5 kilos de pasta de base de cocaína, en un procedimiento que habría sido ordenado directamente por el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres y que ahora pone bajo examen la legalidad de la decisión, el uso de recursos militares del Estado y la responsabilidad de toda la cadena de mando.

El hecho ocurrió el 31 de enero de 2024, durante una operación militar en la vereda El Diamante, Cauca, y fue revelado en exclusiva por la revista Semana. El general Mejía ordenó, presuntamente, la liberación de Melciades Guaca Armero, quien fue detenido en flagrancia por soldados tras encontrarle la sustancia ilícita.

El caso ha sacudido la institucionalidad castrense y ha abierto múltiples frentes judiciales que van desde el concierto para delinquir hasta el peculado por aplicación oficial, convirtiendo al otrora héroe de la Operación Perseo en uno de los generales más investigados del país.

Para comprender la magnitud del escándalo, es necesario remontarse a los hechos de aquel 31 de enero de 2024.

El operativo empezó cuando una unidad militar, en acciones contra el narcotráfico en El Plateado, interceptó a un hombre en motocicleta. Durante la revisión hallaron 4,5 kilos de pasta de base de cocaína en su equipaje. Los uniformados informaron a la Fiscalía, leyeron los derechos al detenido y lo trasladaron en helicóptero a la base de Popayán para ser judicializado.

El caso llegó a la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico de Popayán y fue denunciado por un oficial del Ejército que relató los hechos bajo juramento. De acuerdo con su versión, en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, tropas de la compañía Centurión capturaron al sujeto con la droga.

Hasta ese momento, todo se ajustaba al protocolo: captura en flagrancia, lectura de derechos, traslado aéreo a la sede judicial. Lo que vino después es lo que ha generado la tormenta. Una vez en Popayán, los soldados recibieron la inesperada orden de liberar a Guaca.

La denuncia que reposa en el expediente de la Fiscalía es contundente

El coronel Aldubar Herrera, comandante de la brigada contra el narcotráfico, denunció cómo el general Mejía le ordenó liberar al presunto traficante de cocaína: «El comandante del CECAU (Comando Específico del Cauca), señor brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, me ordena mediante llamada telefónica que debo regresar de inmediato al señor Melciades Guaca Armero a la vereda El Diamante con los 4,5 kg aproximadamente, al parecer, de pasta base de coca y en las mismas condiciones como se capturó».

Al llegar a la base militar de Popayán, el general Mejía habría asumido funciones propias de la policía judicial y ordenado el desplazamiento de otra aeronave desde Cali para retornar al capturado y al cargamento de droga al lugar donde se había producido la detención. La decisión llamó la atención de los investigadores porque el detenido habría sido devuelto junto con la base de coca que transportaba y en las mismas condiciones en que fue interceptado por las tropas.

El dato resulta estremecedor: no solo se liberó al presunto narcotraficante, sino que se le devolvió la droga y se le regresó al exacto punto donde había sido capturado, como si nada hubiese sucedido.

La indagación también revisa las cifras detrás de esta operación

Según denuncias reveladas por la revista Semana y documentos judiciales, el presunto narcotraficante habría sido devuelto al mismo lugar de su captura en una operación militar que, de acuerdo con las versiones, costó más de 100 millones de pesos.

Luego de que el Tribunal de Popayán le ordenara al Ejército entregar información a Semana sobre el caso, la institución militar confirmó que en el mencionado proceso participaron 36 militares, dentro de ellos tres oficiales: un coronel, un teniente coronel y un mayor. Para el mencionado operativo, el Ejército usó dos helicópteros de la institución.

El comando del CECAU coordinó una aeronave con la División de Asalto Aéreo (DAVAA), que se encontraba en Cali, para reintegrar al individuo en la vereda El Diamante.

En las diligencias judiciales, los militares relataron que, tras informarle al general Mejía que no había aeronaves disponibles, él habría coordinado en el Ejército para que le enviara apoyo aéreo desde Cali a fin de regresar al presunto traficante de cocaína a El Plateado.

Las cifras hablan por sí solas: dos helicópteros militares, 36 uniformados desplegados —entre ellos tres oficiales de alto rango—, una movilización aérea valorada en más de $100 millones de pesos de recursos públicos. Todo para devolver a un capturado con su cargamento de droga al mismo lugar donde había sido detenido horas antes.

La explicación central que ha ofrecido el general Mejía sobre su decisión gira en torno a un concepto: la asonada. En un informe del 19 de octubre, el general Mejía justificó su decisión de liberar al detenido al alegar que buscaba evitar un ataque de unas 200 personas contra las tropas.

La denuncia no se centró en posibles irregularidades del procedimiento militar, sino que se fundamentó en un supuesto intento de asonada en Argelia durante la captura, argumento que el general Mejía utilizó para justificar su actuación.

Sin embargo, esta versión ha sido directamente contradicha por quienes estuvieron en el terreno.

El general Mejía ha defendido su decisión argumentando que la liberación buscaba evitar una asonada o reacción violenta de la comunidad en la zona. No obstante, varios militares han contradicho esta versión, y estas contradicciones han incrementado las dudas sobre la justificación real de la orden.

Soldados que participaron en el operativo declararon ante la Fiscalía que la situación estaba controlada y que no existía una amenaza inmediata de violencia civil. Conforme a las versiones recogidas, parte de la población ya se había retirado después de dialogar con los uniformados.

Tras estos hechos, el general presentó un informe al comandante del Ejército explicando su actuación. Sin embargo, la instrucción que recibieron los oficiales involucrados no fue denunciar posibles irregularidades en el procedimiento, sino presentar una denuncia por un supuesto intento de asonada.

La Fiscalía busca establecer si la amenaza era real, si la reacción militar fue proporcional y quiénes conocieron, avalaron o toleraron la decisión a lo largo de la cadena de mando.

Al ser consultado por Semana sobre la polémica operación, el general Mejía ofreció una respuesta que choca frontalmente con la evidencia documental.

El general Mejía negó a Semana haber ordenado la liberación del capturado, identificado como Melciades Guaca Armero. «En ningún momento ordené la liberación de persona alguna», aseguró, argumentando que no tenía competencia directa sobre el procedimiento.

No obstante, el medio aseguró tener un documento firmado por el propio oficial dirigido al entonces comandante del Ejército en el que reconoce que la decisión fue adoptada por el Comando Específico del Cauca bajo su mando. En ese escrito señaló que la liberación debía entenderse como una respuesta «legítima, razonada y responsable».

Pese a los documentos firmados por él, en los que admite que ordenó liberar al presunto traficante de cocaína, dijo que él no había dado esa orden. El actual jefe de Educación y Doctrina del Ejército firmó un documento en 2024, en el que reconoció que como comandante del Comando Específico del Cauca ordenó liberar a un capturado con lo que serían, presuntamente, 4,5 kilos de pasta de base de coca.

La contradicción entre la negación verbal y el reconocimiento documental constituye uno de los elementos más comprometedores del expediente y uno de los ejes centrales de la investigación penal.

Sobre el uso de helicópteros, Mejía sostuvo que no dispuso medios aéreos y que esas decisiones correspondieron a niveles superiores dentro de la cadena de mando.

El caso no se limita al general Mejía. La Fiscalía también investiga el papel de otros altos mandos que, de acuerdo con las investigaciones, estaban enterados de lo ocurrido. Entre ellos figuran el general Helder Giraldo, entonces comandante de las Fuerzas Militares; el general Mauricio Ospina; y el general Luis Emilio Cardozo, entonces comandante del Ejército.

El entonces comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, sabía de la situación del general Federico Mejía.

Los fiscales ya han interrogado a oficiales operativos y superiores para determinar el nivel de responsabilidad de Mejía y de su cadena de mando. El expediente también examina la respuesta disciplinaria —o la ausencia de ella— dentro de la estructura castrense. ¿Por qué ningún superior cuestionó formalmente la liberación? ¿Por qué no se activaron los mecanismos disciplinarios internos? Son preguntas que la Fiscalía busca responder.

El escándalo adquirió una nueva dimensión cuando se conoció que el Ejército intentó clasificar como secreta toda la información relacionada con el caso.

El Ejército había elevado a rango de secreto el caso del general Federico Mejía, quien ordenó liberar a un presunto traficante de cocaína y, para ello, usó bienes del Estado como helicópteros y personal militar de la Tercera División.

El Tribunal Administrativo del Cauca falló a favor de Semana y le ordenó al Ejército entregar información que en una primera instancia había sido negada argumentando que era reservada.

El Tribunal señaló: «No logró (Ejército) acreditar la configuración de un daño presente, probable y específico como lo exigen la norma y la jurisprudencia constitucional; como tampoco demostró que la información era clasificada y reservada, se trata de información pública a la que puede tener acceso el periodista.»

En su decisión, la corporación judicial señaló que el Ejército no acreditó la existencia de un daño presente, probable y específico que justificara restringir el acceso a la información, por lo que concluyó que se trata de información pública amparada por el principio de máxima publicidad consagrado en la Constitución y en la Ley 1712 de 2014.

El intento de clasificar la información como reservada, lejos de proteger la seguridad nacional, fue interpretado por los analistas como un intento de encubrir posibles irregularidades dentro de la institución.

El caso de la liberación del presunto narcotraficante no es el único problema legal que enfrenta el general Mejía.

Los problemas judiciales del brigadier general Federico Mejía Torres siguen creciendo. Además de las investigaciones que ya enfrenta por los polémicos patrullajes conjuntos entre militares y civiles armados en el Cauca, la Fiscalía le abrió dos nuevas indagaciones por los presuntos delitos de peculado por aplicación oficial y abuso de función pública. Mejía, quien actualmente se desempeña como comandante de Educación y Doctrina del Ejército y está al frente del fuerte militar de Tolemaida, se encuentra bajo la lupa de las autoridades por varias actuaciones ocurridas durante su paso por la Tercera División del Ejército en el departamento del Cauca.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el brigadier general por el presunto delito de concierto para delinquir agravado. La decisión se tomó a raíz de denuncias que señalan posibles acuerdos entre militares y grupos armados ilegales en el Cañón del Micay, Cauca, durante el desarrollo de la operación Perseo. El caso busca esclarecer si existieron alianzas ilícitas que habrían comprometido la legitimidad de las operaciones en esa zona.

Los patrullajes con civiles armados

Militares bajo su mando son investigados por presuntos pactos con la Segunda Marquetalia durante la operación Perseo. En videos obtenidos por Semana se observa a uniformados patrullando junto a civiles armados en Ortega (Cauca), una escena que recuerda los tiempos en que las autodefensas actuaban con respaldo militar.

En septiembre pasado, Mejía apareció vinculado en conversaciones de chat con un individuo identificado como «Joselito», a quien la comunidad del municipio de Cajibío (Cauca) señala de armar grupos para enfrentar a las disidencias.

El material divulgado mostró a cinco personas —tres militares y dos civiles, uno de ellos armado— que se desplazaban hacia una trinchera tras detectar la presencia de un dron, presuntamente operado por el grupo bajo el mando de alias Iván Mordisco. En esa ocasión, Mejía habría enviado 120 soldados para apoyar a lo que, según se presume, eran grupos paramilitares.

Los informes de contrainteligencia

Según Semana, existen además informes de contrainteligencia militar —conocidos como «misión de trabajo Delfos 135″— que cuestionan las actuaciones de Mejía cuando era coronel y comandante de la Brigada 22 en el Guaviare. Los reportes advierten sobre una pérdida de confianza y posibles vínculos con las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco.

En esos documentos se señala que Mejía habría concentrado operaciones militares contra un solo frente de ese grupo armado, mientras evitaba acciones contra otras estructuras, y se mencionan presuntas irregularidades relacionadas con el control de la extracción de madera.

La posible usurpación de funciones

A juicio de expertos en derecho penal, como el abogado Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía, el general Mejía habría incurrido en una lista larga de delitos al haber usurpado, al parecer, las funciones de la Fiscalía

El análisis jurídico es claro: la decisión de liberar o no a una persona capturada en flagrancia no corresponde a un comandante militar, sino exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la república. Al arrogarse esa facultad, Mejía habría desbordado por completo el marco legal de sus competencias.

La paradoja del caso Mejía es que se trata de uno de los oficiales más condecorados y reconocidos del Ejército colombiano en los últimos años.

La Fiscalía General de la Nación abrió indagación preliminar contra el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, uno de los oficiales más reconocidos en los últimos años por su papel en la Operación Perseo, ofensiva militar clave contra las disidencias de las Farc en el Cauca. A lo largo de su carrera ha recibido 42 condecoraciones.

En entrevista con El Tiempo a inicios de la ofensiva, en octubre de 2024, Mejía explicó que Perseo se diseñó tras la orden presidencial de entrar a El Plateado, un bastión de la guerrilla en el sur del Cauca. «Era una operación de alto riesgo por la presencia de población civil, lo que obligó a un planeamiento detallado para minimizar daños colaterales», dijo entonces.

El despliegue incluyó 28 vehículos en un recorrido de 95 kilómetros por trochas, medidas de engaño para evitar emboscadas, cinco aeronaves del Ejército y otras cinco de la Policía, además de equipos de inteligencia técnica, táctica y humana. La acción permitió golpear al frente Carlos Patiño del EMC sin afectar a la población civil.

Sin embargo, las revelaciones periodísticas y las investigaciones judiciales han erosionado profundamente la imagen del general.

El general Mejía, ascendido pese a las advertencias internas, vuelve a estar en el centro de la polémica.

El general Mejía, líder de la operación y en ese momento comandante de la Tercera División, reconoció ante el medio que «había connivencia de algunos militares con la Segunda Marquetalia».

Las repercusiones políticas y sociales de este escándalo son profundas. Se cuestiona la capacidad del Estado para garantizar que sus altos mandos actúen con transparencia y compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

La investigación periodística expone documentos y testimonios que señalan cómo, tras la captura de un hombre que transportaba droga, se ordenó su traslado en aeronave militar y posteriormente su liberación, decisión atribuida directamente al oficial. Este episodio plantea serias dudas sobre la relación de algunos miembros de la cúpula militar con organizaciones criminales y sobre el uso indebido de recursos públicos para favorecer intereses ilegales.

La instrucción desencadenó el despliegue de tropas y costosos medios aéreos en una zona bajo presión por el narcotráfico. La Fiscalía abrió una indagación que examina la actuación de los mandos militares, la legalidad de la orden, los recursos empleados y los posibles delitos asociados al caso.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que ya ha citado a varios militares a rendir declaración.

Paralelamente a la revelación de los videos, la Fiscalía General de la Nación aceleró la indagación que adelanta contra el general por el delito de concierto para delinquir.

En su defensa, el general Mejía ha sostenido que su trayectoria habla por sí misma.

Tras el expediente revelado por Semana, el general Mejía negó vínculos con grupos criminales: «Mi trayectoria operacional se ha caracterizado por acciones ofensivas sostenidas contra estructuras del narcotráfico y las disidencias».

No obstante, la distancia entre las palabras y los documentos firmados por el propio general es el terreno donde la justicia deberá encontrar la verdad. Los fiscales tienen ahora la tarea de determinar si la liberación de Melciades Guaca Armero fue un acto legítimo de protección de la tropa ante una amenaza real, como alega Mejía, o si fue una decisión que favoreció al narcotráfico y utilizó recursos del Estado para un fin contrario a la ley.

El caso del general Federico Mejía se ha convertido en un espejo incómodo para las Fuerzas Militares de Colombia: una institución que, mientras combate al narcotráfico en una de las regiones más difíciles del país, debe confrontar la posibilidad de que uno de sus generales más visibles haya actuado, presuntamente, en la dirección opuesta.