Fiscalía imputará a Laura Sarabia por el caso del polígrafo de Marelbys Meza

La Fiscalía General de la Nación avanzará formalmente contra Laura Sarabia por los hechos relacionados con el polígrafo practicado a Marelbys Meza en enero de 2023, en medio de la investigación por el robo de una maleta de dinero en la vivienda de la entonces funcionaria.

La diligencia de imputación quedó programada para el lunes 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá. En esa audiencia, un juez de control de garantías deberá verificar si Sarabia acepta o no los cargos formulados por el ente acusador.

Los delitos que serán atribuidos a la exfuncionaria son abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. La investigación está relacionada con el procedimiento al que fue sometida Meza después de la desaparición de una maleta que, según la Fiscalía, contenía dinero y documentos.

Un caso que comenzó en 2023

Los hechos se remontan a enero de 2023, cuando Sarabia ocupaba un alto cargo en la Presidencia y denunció el hurto de una maleta de su propiedad. Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de su hijo, terminó siendo sometida a una prueba de polígrafo en instalaciones cercanas a la Casa de Nariño.

La investigación posteriormente tomó otra dimensión luego de que se conocieran interceptaciones telefónicas ilegales contra Meza y otra trabajadora, Fabiola Perea. El caso también quedó relacionado con investigaciones contra integrantes de organismos de seguridad y con el fallecimiento del policía Óscar Dávila.

Las negociaciones con la Fiscalía no llegaron a un acuerdo

Durante aproximadamente tres años, la defensa de Sarabia sostuvo conversaciones con la Fiscalía en busca de alternativas para cerrar anticipadamente el proceso. Entre las posibilidades estudiadas estuvieron preacuerdos, principios de oportunidad y otras fórmulas de terminación del caso.

Sin embargo, esas conversaciones no llegaron a buen término y la Fiscalía decidió continuar por la vía de la imputación formal. En julio, además, Sarabia modificó su equipo jurídico y el exfiscal general Mario Iguarán asumió su defensa.

Por su parte, Sarabia manifestó públicamente que respeta las actuaciones de las autoridades y que confía en las decisiones que adopte la justicia. También expresó su deseo de que Marelbys Meza pueda recuperar la tranquilidad y continuar con su vida.

Un testigo clave en el expediente

Uno de los elementos que ha tomado relevancia dentro de la investigación es el testimonio del capitán Óscar Leandro Mojica, quien para entonces hacía parte de la Sijín en Bogotá.

De acuerdo con el expediente citado en el material, Mojica reconoció su participación en la elaboración de informes y documentos utilizados para gestionar de manera irregular interceptaciones contra Meza y Perea.

La Fiscalía suscribió con el oficial un principio de oportunidad por el cual suspendió durante 12 meses la acción penal en su contra por el delito de violación ilícita de comunicaciones, mientras este colabora con la justicia como testigo.

Ya existen condenas por las interceptaciones

El proceso también ha dejado condenas contra varios integrantes de la Policía involucrados en las interceptaciones.

En septiembre de 2024, el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales fueron condenados a diez años de prisión domiciliaria después de aceptar responsabilidad por fraude procesal y falsificación de documentos públicos.

Posteriormente, en octubre de 2025, fueron condenados el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales, relacionados con las actuaciones que buscaban conseguir autorización para interceptar las comunicaciones de Meza y Perea.

¿Qué sigue para Laura Sarabia?

El próximo 14 de septiembre, la Fiscalía expondrá ante el juez los cargos contra Sarabia. La audiencia permitirá conocer formalmente los argumentos del ente acusador y determinar la posición de la exfuncionaria frente a la imputación.

La diligencia marcará un nuevo capítulo en un caso que comenzó con la investigación de un robo en 2023 y que posteriormente derivó en denuncias por interceptaciones ilegales, actuaciones irregulares y responsabilidades de funcionarios y miembros de la fuerza pública.