Impuesto predial 2026 impagable en Popayán para el 40 % de propietarios

 La actualización catastral no puede reducirse a ubicar un predio mediante georreferenciación, calcular el área construida y aplicarle valores generales. Un avalúo justo exige reconocer las condiciones particulares de cada propiedad y su entorno: estado de vías de acceso, disponibilidad de transporte público, limitaciones en servicios públicos, calidad de las construcciones, lotes (de engorde) que aparecen como urbanizados, nadie los compra, condiciones topográficas, ambientales etc.etc., adicional se debe tener en cuenta la situación económica de la población y la dinámica del mercado inmobiliario entre otros elementos. Cuando dichas variables son ignoradas (como es el caso de Popayán y el Cauca), el resultado, son avalúos catastrales que superan  el valor comercial real de los inmuebles, creando una valoración artificial, una burbuja inmobiliaria que solo existe en los registros oficiales del IGAC.

Como consecuencia de ello el impuesto predial dejó de ser una obligación razonable y proporcional para convertirse, en muchos sectores de la ciudad, en una carga impagable, con consecuencias  preocupantes que para la administración municipal pasan desapercibidos y no son tenidos en cuenta. Muchos ciudadanos se encuentran en procesos de cobro coactivo por no haber podido pagar el impuesto predial, otros han adquirido obligaciones bancarias para cumplir con esta obligación y hoy  enfrentan deudas con entidades financieras, estando expuestos a embargos y posteriores remates. De continuar esta situación, el municipio y los bancos terminarán convertidos, en los mayores “agentes inmobiliarios” de la ciudad, no porque hayan promovido proyectos de vivienda o desarrollo urbano, sino porque recibirán y rematarán los inmuebles de ciudadanos que no lograron pagar el impuesto predial por los avalúos alejados de la realidad. Cobrar un impuesto predial sobre una base catastral equivocada conduce a exigir obligaciones que no corresponden a la realidad económica del inmueble.

La información disponible suministrada por la secretaria de Hacienda del municipio de Popayán, refleja cifras preocupantes (con crecimiento exponencial, al ser permanentes año tras año), aumentando los niveles de incumplimiento en pago del impuesto predial, evidenciando una crisis económica, latente en la ciudad y que igualmente se refleja en la ejecución del presupuesto municipal que queda desfinanciado así: en el año 2024  aparecen registrados 140.416 predios, de los cuales cancelo el impuesto el 57,5% de los contribuyentes y no lo hizo el 42,5 %. En el año 2025 aparecen registrados 142.910 predios, cancelando el 58,15 % y no pagando el impuesto el 41,9 %. Estas cifras exigen un análisis serio. No es suficiente afirmar que la falta de pago obedece exclusivamente a  cultura de incumplimiento, cuando más del 40 % de los predios no paga durante dos vigencias consecutivas y existen 10.739 procesos coactivos, de ahí se desprende, que se hace necesario  examinar si los avalúos, las tarifas y la capacidad económica de la población guardan relación razonable.

Nuevamente debe manifestarse que corresponde al IGAC asumir de oficio, las reclamaciones que dieron origen a esta problemática social y es su deber corregir los errores de los avalúos, motivo de reclamaciones desde el año 2023, ya es bien sabido que la metodología aplicada no es la más acertada como quedó demostrado en Popayán y en el resto del país.

La Alcaldía de Popayán, por su parte, no puede limitarse a señalar que los avalúos son competencia del IGAC, mientras continúa adelantando el cobro del impuesto y adelantando procesos coactivos. Como entidad beneficiaria del recaudo, tiene el deber de evaluar las consecuencias sociales, económicas y patrimoniales de estas decisiones.

El Concejo Municipal, como corporación, ha adelantado diferentes acciones y debe continuar estudiando alternativas para reducir y ajustar las tarifas, revisar la estructura del impuesto, el establecer medidas transitorias de alivio, no es solución, porque la enfermedad sigue avanzando. La legalidad del cobro no elimina la obligación de valorar su proporcionalidad y sus efectos sobre la población.

Los tres entes participaron, directa o indirectamente, en las decisiones que dieron origen a este grave problema social, no pueden desconocer que son actores de primera línea y es su obligación atender el llamado ciudadano. Por ello, les corresponde actuar conjuntamente para solucionarlo. No más excusas, ni dilaciones. Seguir dando largas a las reclamaciones solo aumentará la dimensión del problema social. Cada nuevo cobro, proceso coactivo, embargo y  remate deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en riesgo el patrimonio de las familias.

La solución está en las tres entidades, donde podemos encontrar …….  ¿Falta voluntad institucional para asumir la problemática? ¿Aguas tibias y seguir esperando que sus consecuencias sean irreversibles?  ¿Asumir con responsabilidad acciones que entreguen soluciones de fondo? y lo más importante ¿Qué institución tomará la iniciativa para liderar este proceso?  Ya veremos qué pasa.  Quedamos atentos.