Jorge Bastidas llama escándalo a contrato de $400 millones del Gobierno: ¿qué dice de los $454 millones en publicidad de Popayán?
Jorge Bastidas critica un contrato nacional de $400 millones. En Popayán, la Alcaldía contrató $454 millones en pauta institucional.
El representante a la Cámara por el Cauca cuestionó el gasto nacional en asesoría de comunicaciones para la Vicepresidencia. Sin embargo, en la capital del departamento que representa existe un contrato de pauta institucional por un monto superior. La comparación abre un debate sobre la coherencia del discurso político y la vigilancia de los recursos públicos.

Un contrato de comunicaciones de $400 millones en Bogotá merece una crítica contundente del representante Jorge Hernán Bastidas Rosero. En Popayán, la administración de Juan Carlos Muñoz Bravo contrató $454 millones para publicidad institucional durante 64 días. La diferencia es de $54 millones y plantea una pregunta: ¿el mismo criterio de austeridad que el congresista reclama al Gobierno Nacional también debería aplicarse a las decisiones de gasto de la capital caucana?
Bastidas, representante a la Cámara por el Cauca y dirigente del Pacto Histórico, reaccionó en su cuenta de X a una investigación de Caracol Radio del 13 de noviembre de 2026 sobre un contrato celebrado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) para apoyar la estrategia de relacionamiento y posicionamiento de las misiones del vicepresidente José Manuel Restrepo.
El congresista calificó la contratación como un nuevo escándalo y cuestionó que el Gobierno destinara $400 millones a una asesoría de comunicaciones, especialmente frente a su discurso de austeridad. Su crítica abre un debate legítimo: los recursos públicos deben justificarse y las contrataciones destinadas a comunicación institucional deben demostrar beneficios para los ciudadanos.
Pero existe un antecedente más cercano, documentado por PeriódicoVirtual.com, que merece examinarse con el mismo rigor. En Popayán, el contrato de publicidad suscrito por la administración Muñoz Bravo alcanza los $454 millones, un 13,5 % más que el contrato nacional cuestionado por el representante. La diferencia de objeto y alcance entre ambas contrataciones impide tratarlas como equivalentes. Sin embargo, sí permite comparar los criterios utilizados para evaluar su necesidad, oportunidad y resultados.
Los $400 millones que indignaron al representante
La investigación de Caracol Radio reveló que la Presidencia de la República contrató por $400 millones a Dávila P&M S.A.S., empresa de Barranquilla, para apoyar el posicionamiento y relacionamiento institucional de las misiones asignadas al vicepresidente José Manuel Restrepo.
El servicio tendría una ejecución aproximada de 50 días y contempla 15 productos, entre ellos análisis de conversación pública, elaboración de mensajes institucionales, identificación de actores estratégicos, orientaciones de comunicación y recomendaciones para intervenir en escenarios públicos. Los documentos difundidos establecen que los pagos deben estar asociados a productos entregados y aprobados por la supervisión contractual. Se trata de una asesoría estratégica y no exclusivamente de compra de espacios publicitarios.
Bastidas reaccionó cuestionando el monto y la decisión de contratar estos servicios en un escenario en el que el Gobierno Nacional ha defendido medidas de austeridad. La observación es pertinente: un gasto de esta naturaleza merece explicaciones detalladas sobre su necesidad y sus resultados. Lo interesante aparece cuando ese mismo ejercicio de revisión se traslada a Popayán.
En Popayán, $454 millones para divulgar la gestión de Muñoz Bravo
El 13 de noviembre de 2026, periódicovirtual.com realizo una publicación sobre el contrato número 20261800044447, adjudicado a Meridiano Comunicaciones S.A.S., representada legalmente por Juan Sebastián Fuentes Campo.

El contrato fue tramitado mediante selección abreviada de menor cuantía y contempla la difusión de información institucional de la Alcaldía en radio, televisión, prensa impresa, portales digitales y redes sociales. Su ejecución está prevista entre el 28 de septiembre y el 30 de noviembre de 2026: 64 días calendario.
- 5.000 publicaciones en redes sociales por $136.835.000.
- 4.000 cuñas radiales por $120.668.000.
- 550 publicaciones en prensa digital por $107.250.000.
- 1.000 comerciales televisivos por $31.833.000.
- Publicaciones en prensa escrita y revistas por $57.414.000.
La suma total asciende a $454 millones, equivalentes a un promedio matemático de $7.093.750 por día calendario de ejecución. Este promedio no corresponde necesariamente a pagos diarios, pues el contrato establece el reconocimiento de servicios efectivamente prestados. El documento identifica a Edwin Heiver Muñoz Vásquez, entonces secretario general del municipio, como delegado en materia de contratación.
Se trata de una contratación diferente a la de la Vicepresidencia: mientras el contrato nacional incluye productos de asesoría y relacionamiento estratégico, el municipal contempla miles de unidades de difusión mediante distintos canales. Pero la diferencia de servicios no elimina la pregunta sobre la proporcionalidad del gasto.
Si $400 millones para apoyar la comunicación de la Vicepresidencia merecen explicaciones, ¿por qué no exigir también una justificación igual de rigurosa para los $454 millones destinados a divulgar la gestión de la Alcaldía de Popayán?
La coherencia del control político no debería depender del territorio
La publicación de Bastidas plantea un contraste relevante para el debate ciudadano. En la comunicación examinada, el representante cuestiona el contrato nacional y su costo, pero no hace referencia a la contratación de pauta institucional que se ejecuta en Popayán.
La revisión de fuentes públicas realizada para este artículo no permitió identificar un pronunciamiento equivalente suyo sobre el contrato municipal de $454 millones. Esto no demuestra que jamás haya cuestionado el gasto de la Alcaldía ni permite concluir, por sí solo, que exista un acuerdo para guardar silencio. Pero sí deja una pregunta abierta sobre la consistencia del criterio político.
Bastidas fue elegido representante a la Cámara por el Cauca. Aunque la vigilancia directa de la contratación municipal corresponde a las autoridades competentes y el control político de la Alcaldía es función del Concejo, un congresista puede examinar y cuestionar públicamente las decisiones que afectan a su departamento.
El principio de austeridad no cambia porque el contratante sea la Presidencia de la República o una alcaldía. Tampoco debería cambiar dependiendo de cuál partido o sector político ejerce el gobierno. Y es precisamente esa diferencia entre las exigencias que se hacen a unos funcionarios y las que se formulan a otros la que puede alimentar la desconfianza ciudadana hacia los discursos políticos.
El antecedente de Tránsito y las relaciones políticas en Popayán
El debate tiene un contexto político que no puede ignorarse. Desde mayo de 2024, PeriódicoVirtual.com ha publicado cuestionamientos sobre la influencia de sectores políticos en la administración de Juan Carlos Muñoz Bravo, especialmente en la Secretaría de Tránsito y Transporte.

En esas publicaciones se ha señalado una relación política entre el sector de Jorge Bastidas y la llegada de Lizeth Vanessa Plazas Quibano a esa dependencia. El propio representante, ante cuestionamientos ciudadanos sobre su relación con la gestión de Tránsito, manifestó en una respuesta recogida por este medio que su sector llevaba varios meses sin responsabilidad en esa dependencia.
Estas controversias no prueban que Bastidas haya intervenido en la adjudicación del contrato de publicidad ni que tenga responsabilidad por sus decisiones administrativas. Tampoco pueden utilizarse para atribuirle participación en irregularidades sin pruebas específicas. Sin embargo, constituyen antecedentes relevantes para comprender por qué la ciudadanía reclama claridad sobre las relaciones entre los dirigentes políticos y la administración municipal.
Una cosa es la responsabilidad jurídica por un contrato, que debe establecerse con documentos y competencias concretas. Otra es la responsabilidad política de explicar las posiciones que se adoptan frente a las decisiones de los gobiernos.
La ciudad también tiene necesidades que compiten por recursos
La investigación sobre los $454 millones de publicidad planteó una comparación con proyectos que la propia Alcaldía ha ejecutado durante 2026. El parque infantil del barrio San Andrés tuvo una inversión total informada de $62,4 millones. Con un presupuesto equivalente al contrato publicitario podrían financiarse, de manera ilustrativa, siete intervenciones de costo similar.
La administración también reportó inversiones por $114 millones en pavimentación y construcción de andenes en Villa María y cerca de $90 millones en la adecuación deportiva de Retiro Bajo. Estos valores no son cotizaciones actuales ni demuestran que el presupuesto de publicidad pueda trasladarse automáticamente a otros sectores. Permiten, eso sí, comprender la magnitud de los recursos comprometidos y discutir sus posibles usos alternativos.
La comunicación institucional cumple funciones legítimas, tanto en una alcaldía como en el Gobierno Nacional. Difundir campañas de salud, servicios, programas y decisiones públicas puede generar beneficios colectivos. Por eso, el punto no consiste en declarar inútil toda contratación de comunicaciones, sino en evaluar su necesidad, precio, alcance y resultados.
Una misma exigencia para Bogotá y Popayán
Ni el contrato nacional de $400 millones ni el municipal de $454 millones constituyen, por su sola cuantía, pruebas de corrupción, despilfarro o ilegalidad. En ambos casos deben examinarse los estudios previos, las justificaciones, los productos contratados, la supervisión y los pagos efectivamente realizados.
Lo que resulta especialmente relevante en la controversia es la consistencia de las exigencias públicas. El representante Bastidas puede considerar excesivo o injustificado el contrato nacional y expresar sus razones. También tiene la oportunidad de explicar qué criterio aplica frente al contrato municipal, de mayor valor, que se ejecuta en la capital del departamento que representa.
La pregunta no es si Jorge Bastidas tiene derecho a cuestionar al Gobierno Nacional. Lo tiene. La pregunta es si el mismo estándar que reclama en Bogotá también lo considera aplicable a Popayán.
Porque el dinero público tiene el mismo valor independientemente del despacho que lo comprometa y de la filiación política de quien gobierne. La ciudadanía necesita dirigentes capaces de sostener sus argumentos con cifras, documentos y criterios consistentes, incluso cuando los hechos examinados ocurren cerca de sus propios espacios políticos.
La credibilidad de la crítica no depende solamente de su contundencia, sino de la capacidad de aplicarla con coherencia. Y en este caso, mientras Bastidas exige explicaciones por $400 millones de asesoría en comunicaciones para la Vicepresidencia, queda pendiente conocer su posición específica frente a los $454 millones contratados por la Alcaldía de Popayán.
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