El profesor Milton Javier López da su versión tras sanción de la Procuraduría por 19 años

El docente de la Universidad del Cauca expone íntegramente su posición sobre el fallo disciplinario de primera instancia que le impuso 19 años de inhabilidad.

Portada editorial sin personas, con balanza de justicia, libros de derecho, fachada universitaria ilustrativa y el titular «Profesor Milton da su versión».

El docente de Derecho de la Universidad del Cauca cuestiona la valoración de las pruebas, relaciona las denuncias con conflictos académicos y afirma que continuará su defensa jurídica.

El profesor Milton Javier López García, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, presentó su versión de los hechos tras conocerse el fallo disciplinario de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación que dispuso su destitución e inhabilidad general por 19 años por conductas de acoso sexual y un caso de acto sexual violento contra estudiantes.

La decisión, fechada el 30 de octubre de 2026, fue divulgada por PeriódicoVirtual.com en una publicación del 9 de noviembre. Se trata de una sanción disciplinaria de primera instancia, susceptible de los recursos previstos en el procedimiento; no equivale a una condena penal.

En su respuesta, López García cuestiona la valoración de las pruebas, rechaza los señalamientos y plantea que las denuncias podrían estar relacionadas con conflictos derivados de irregularidades académicas que afirma haber denunciado. Estas son manifestaciones del docente, no hechos independientemente acreditados por este medio, y no desvirtúan por sí solas el fallo disciplinario.

PeriódicoVirtual.com reproduce a continuación, de manera íntegra y sin correcciones, la respuesta proporcionada por el profesor, con sus expresiones, ortografía y señalamientos originales. Las afirmaciones sobre terceras personas corresponden exclusivamente a su versión.

Esta es la respuesta completa del profesor Milton Javier López García

Por ser un docente cumplidor de mi labor con calidad, exigente en aspectos académicos y de asistencia a clases, abogado en ejercicio con renombre en la comarca y en aras de formar abogados con responsabilidad social; personas que no toleran la frustración, confunden la exigencia académica con acoso; con miras a eludir la evaluación interponian recusaciones que nunca prosperaron, dando pie a chismes de pasillo. Ya desde la 2a guerra mundial se afincar el lema "crea una mentira y repitela mil veces y el mundo pensará que es verdad"

Todo se inicia cuando ejerzo mi derecho de rectificación frente a publicaciones deshonrosas hechas por la exprocuradora regional Maria Fernanda Figueroa, (declarada insubsistente en ese cargo) quien en lugar de contestar mi inquietud, organiza todo un grupo de presuntas victimas para que declaren en mi contra. De figueroa también he recibido acoso laboral horizontal, pues ha sido la multiplicodora dentro de la facultad de derecho, de chismes de pasillo relativas al acoso, recordemos que en el expediente figura como quejosa y es docente de la Universidad del Cauca.

Denuncié un fraude de mas de 170 personas que conllevó a la anulacion de sus diplomas y tarjetas profesionales de abogado; es asi como en noviembre de 2022 el Consejo de Estado publica la suspension de un buen nimero de abogados egresados de la univesidad del cauca, lo que generó en mi contra consecuencias personales orquestadas por los afectados a quienes se une un grupo de personas, que amparadas en la sombra de hacerse víctimas, valiéndole de injurias, mentiras y calumnias logran instrumentalizar el sistema para hacer daño retaliativo. Mírele que la fecha de la queja es de inicios de diciembre de 2022.

Se siente desazon e impotencia ante la involucion de la valoración probatoria desplegada por la procuraduria, que no tuvo en cuenta los múltiples testimonios que en mi defensa fueron arrimados al debate, los que claramente deja sin piso los afirmado por la presuntas victimas; atreviendose algunas a afirmar que las acosé de forma personal en un salón de la facultad de derecho el 20 de abril de 2020, cosa imposible de que sucediera, por cuanto en esa fecha todo el país estaba en aislamiento social y confinado en sus casas.

El ente de control pasó por alto figuras como la prescripción, la caducidad y el indubio pro investigado y no valoró la actitud mitomana y libreteada de quienes se dicen victimas algunas de ellas involucradas en el fraude; y procedió a dar gusto a la presión de las redes sociales para imponer una sanción al denunciante.

Como abogado litigante, lamento mucho el fenómeno de juzgar personas en las redes sociales, lo que aparta a los jueces de los cánones de la sana crítica, la verdadera valoración probatoria y una justicia justa apegada a la realidad de los acontecimientos.

Cabe destacar que cada vez que se daban resultados por parte del Consejo de Estado en los procesos de anulacion de diplomas, saliera mi nombre a adornar las paredes de la ilustre ciudad blanca con adjetivos de acoso.

Mis detractores siempre hablaron de múltiples denuncias, sin que en todo el tiempo estas existieran, para lo cual se puede consultar el historial en control interno. Mirese como en el ente de control se deja llevar por rumores y presion mediática para generar una exagerada sanción, para lo cual no se tuvo en cuenta la ausencia total de antecedentes disciplinarios.

Cabe preguntarse, que sucedió con los 7 u 8 funcionarios administrativos de la universidad del Cauca que resultaron implicados en el fraude a los preparatorios; todos siguen en sus cargos, incluso mejor ubicados sin que la justicia penal ni la disciplinaria los toque.

Lo mismo sucedió con quienes hicieron fraude cambiando calificaciobes para graduarse, a ellos el manto de la justicia penal aún no les toca; algunos ejerciendo cargos en la administración pública, incluso en la misma procuraduria.

Que casualidad, algunas de las presuntas victimas, como la señora Alejandra Fuertes, sancionada con anulación de su diploma por parte del Consejo de Estado; hoy se ufane en sus redes publicando que se hizo justicia.

Debe aclararse que es solo la primera instancia y queda por delante todo un recorrido juridico, durante el cual se me debe respetar mi presunción de inocencia y mi buen nombre.

Debo manifestar que no soy ajeno a las denuncias penales, porque muchos de quienes son derrotados por mi gestión en los estrados judiciales, después de perder optan por denunciarme penalmente.

Triste conclusión, en este país quien denuncia corrupción, termina denunciado o muerto.

Solo queda citar la frase de Cesar Augusto Londoño pronunciada en la televisión nacional cuando mataron a Jaime Garzon; "País de mierda"

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Inspirado en Proverbios 12:19 y Juan 8:32.