Ortega, Cajibío, el corregimiento que busca superar la guerra y ser un territorio de paz

La violencia que durante varios días golpeó al corregimiento de Ortega, zona rural de Cajibío, Cauca, dejó una grave crisis humanitaria y obligó a cientos de familias a abandonar sus viviendas, una realidad que se confirmó gracias a las organizaciones sociales e indígenas.

Como es de recordar, los enfrentamientos comenzaron el domingo 9 de agosto entre tropas de la Brigada 29 del Ejército, un grupo de autofensa campesina y hombres de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en una confrontación que estuvo acompañada por ataques con explosivos lanzados desde drones. La Defensoría del Pueblo confirmó afectaciones en Ortega y en las veredas La Isla, La Diana, El Edén, La Laguna, El Carrizal, Palma Chaux y El Jordán.

 Uno de los principales saldos de la confrontación fue el desplazamiento de la población civil. Inicialmente se reportó la salida de más de 300 personas hacia sectores como La Liberia y El Trapiche, en jurisdicción de Morales, donde las autoridades indígenas de Chimborazo asumieron la atención inicial.

Posteriormente, el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, informó que sus reportes preliminares hablaban de al menos 550 personas desplazadas y cerca de 1.700 personas en situación de confinamiento, aunque las cifras podían variar mientras avanzaba el censo de las comunidades afectadas por parte de los líderes sociales y de entidades humanitarias.

En cuanto a las personas heridas, el Ejército confirmó 12 militares lesionados durante los combates y ataques con drones, mientras que también resultaron afectados varios civiles. Un balance difundido posteriormente por autoridades militares y medios regionales señaló seis civiles heridos, entre ellos personas afectadas por esquirlas. Los uniformados fueron evacuados para recibir atención médica y, de acuerdo con el reporte militar, varios ya habían sido dados de alta.

La confrontación también estuvo acompañada de graves denuncias provenientes de las comunidades. Se reportaron posibles homicidios de civiles, viviendas afectadas y la retención de personas durante la incursión armada. El Consejo Regional Indígena del Cauca advirtió inicialmente sobre posibles fallecidos, desaparecidos y heridos que requerían verificación, mientras que la Defensoría del Pueblo informó sobre el presunto secuestro de tres personas: dos habitantes de Chaux y una de Ortega. Días después también se conocieron denuncias de familiares sobre la retención de dos jóvenes campesinos de la zona. Estos hechos continúan requiriendo esclarecimiento y confirmación por parte de las autoridades competentes.

Uno de los episodios que generó mayor preocupación fue la utilización de drones cargados con explosivos durante los ataques contra las tropas. El Ejército aseguró que integrantes de la estructura Jaime Martínez habrían utilizado viviendas y espacios educativos como puntos para lanzar estos artefactos, situación que, según la institución, puso en grave riesgo a estudiantes, docentes y habitantes. La Defensoría, por su parte, advirtió que los ataques alcanzaron o pusieron en riesgo bienes civiles, incluida la institución educativa del corregimiento.

Aunque circularon versiones sobre la muerte de civiles, viviendas destruidas y militares presuntamente secuestrados, el Ejército indicó tras sus recorridos por el territorio que no encontró habitantes fallecidos ni viviendas destruidas y desmintió que hubiera soldados retenidos. Por ello, el saldo de personas asesinadas y desaparecidas debe manejarse con cautela hasta que exista una verificación oficial e individualización de las víctimas.

Tras cinco días de enfrentamientos, el Ejército informó que había recuperado el control territorial en el corregimiento y mantuvo tropas en Ortega y sus veredas. Sin embargo, la situación dejó una población afectada por el miedo, el desplazamiento y el confinamiento, mientras las comunidades reclamaban asistencia humanitaria, alimentos, medicamentos y garantías para regresar a sus hogares. La Gobernación del Cauca calificó la situación como una emergencia humanitaria que desbordaba la capacidad de respuesta local y departamental y pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para proteger a las comunidades.

El episodio de Ortega vuelve a evidenciar la compleja situación de seguridad que atraviesa la zona rural de Cajibío, donde la presencia de estructuras armadas ilegales y los enfrentamientos con la Fuerza Pública han terminado poniendo a la población campesina en medio del fuego cruzado. Para las comunidades, el reto ahora no solo es recuperar la seguridad, sino garantizar el retorno de las familias desplazadas, atender a quienes permanecen confinados y esclarecer las denuncias de homicidios, desapariciones y retenciones surgidas durante los días más críticos de la confrontación.

 La respuesta de la comunidad de Cajibío

La comunidad del corregimiento de Ortega, jurisdicción de Cajibío, Cauca, denunció una serie de graves hechos ocurridos durante los combates registrados entre el 9 y el 13 de agosto, y pidió al Gobierno Nacional y a los organismos de derechos humanos acciones urgentes para proteger a la población civil y lograr la liberación de cuatro habitantes que, según la denuncia, permanecen retenidos por un grupo armado ilegal.

En un pronunciamiento público, los habitantes rechazaron lo que calificaron como un ataque contra la población civil atribuido a integrantes de las estructuras Jaime Martínez, Carlos Patiño y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. Según la comunidad, durante los enfrentamientos fueron utilizados drones con explosivos y otros medios de ataque que, además de afectar a la Fuerza Pública, habrían puesto en riesgo a los habitantes del corregimiento.

La comunidad también denunció el hurto de tres vehículos durante la incursión armada. De acuerdo con el comunicado, una camioneta fue tomada en el corregimiento de Chaux, mientras que en Ortega fueron hurtadas dos motocicletas, identificadas con las placas BPH 33H y WWX 93D. Una tercera motocicleta habría sido dañada, presuntamente para facilitar la huida de los integrantes del grupo armado cuando eran perseguidos por tropas del Ejército Nacional.

Uno de los hechos que genera mayor preocupación es la denuncia sobre la retención de cuatro pobladores. La comunidad aclaró que ninguno pertenece al corregimiento de Ortega: tres serían habitantes de Chaux y uno del corregimiento de Dinde. Según el pronunciamiento, estas personas fueron retenidas de manera arbitraria y la comunidad pidió que se activen de inmediato los mecanismos institucionales y humanitarios para establecer su paradero y garantizar su liberación.

Otro de los aspectos destacados por los habitantes fue la decisión de varios civiles de ayudar a evacuar a integrantes del Ejército Nacional que se encontraban en riesgo durante la confrontación. La comunidad aseguró que esta actuación buscó salvaguardar la vida de los uniformados ante las amenazas que enfrentaban y resaltó la solidaridad de los pobladores en medio de la escalada de violencia.

Los combates también provocaron el desplazamiento temporal de buena parte de la población de Ortega. Las familias abandonaron sus viviendas y se trasladaron hasta el Resguardo Indígena de Chimborazo, en la vereda La Liberia, donde fueron recibidas y albergadas de manera voluntaria. Esta situación se suma a los reportes previos de desplazamiento y confinamiento que afectaron a comunidades rurales de Cajibío durante los enfrentamientos.

En su pronunciamiento, los habitantes también expresaron reconocimiento a los soldados que permanecieron en el territorio durante los días de confrontación. Señalaron especialmente a los integrantes de la compañía Báltico 2, quienes, según la comunidad, enfrentaron los ataques desde el domingo 9 hasta el jueves 13 de agosto. De acuerdo con el relato comunitario, las tropas tuvieron que replegarse desde la vereda El Achiral para reagruparse y evitar que los actores armados ingresaran al caserío principal. Estas afirmaciones corresponden al relato de la comunidad y deberán ser contrastadas por las autoridades competentes.

Por último, los habitantes de Ortega hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y los organismos internacionales para que se garantice la protección de la población civil, se active la ruta de atención a las víctimas y se adelanten las gestiones necesarias para conseguir la liberación de los cuatro pobladores denunciados como retenidos. La comunidad pidió que la crisis no sea abordada únicamente desde el componente militar y reclamó medidas humanitarias que permitan atender a las familias desplazadas y garantizar condiciones de seguridad para quienes buscan regresar a sus hogares.

Versión de las disidencias de las Farc

Las disidencias de las Farc entregaron una versión diferente a la de la Fuerza Pública sobre los intensos combates registrados entre el 8 y el 13 de agosto en el corregimiento de Ortega, zona rural de Cajibío, Cauca. En un comunicado atribuido al Frente Javier Martínez, la organización armada aseguró que en la confrontación participaron sus estructuras y milicias, integrantes de las denominadas Autodefensas Campesinas de Ortega, tropas del Ejército Nacional y una estructura que, según su denuncia, portaba insignias del ELN.

Según el relato de las disidencias, los enfrentamientos hicieron parte de una operación que denominaron “Palermo 3”, mediante la cual, aseguran, se habría producido una presunta articulación entre unidades militares y las Autodefensas Campesinas de Ortega. El grupo armado también afirmó que existirían supuestos vínculos de esta estructura con personas que identificó como militares retirados y activos. Estas acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades y deberán ser verificadas por los organismos de control.

La organización ilegal también entregó su propio balance de los combates. De acuerdo con su comunicado, durante los seis días de confrontación se utilizaron drones cargados con explosivos, morteros de 60 y 88 milímetros, misiles antiaéreos y apoyo aéreo de helicópteros Arpía y Black Hawk, además de aviones Súper Tucano y una aeronave que identificaron como “avión fantasma”. Las disidencias reportaron diez militares heridos y uno muerto, además de cuatro integrantes de las autodefensas heridos, uno muerto y cuatro capturados. También aseguraron haber incautado cuatro motocicletas y destruido dos vehículos.

Otro de los puntos centrales de la versión guerrillera es que las personas heridas y evacuadas durante los enfrentamientos no serían civiles, como inicialmente se había informado, sino integrantes de grupos armados que participaron en la confrontación. Esta afirmación contrasta con el reporte del Ejército, que señaló que uno de los ataques con explosivos lanzados desde un dron dejó a un poblador herido, quien fue atendido por enfermeros de combate y posteriormente evacuado en helicóptero hacia un centro asistencial de Popayán.

Las disidencias también cuestionaron la presencia de una estructura que utilizaba insignias del ELN y plantearon públicamente la posibilidad de que se tratara de una suplantación. A esto sumaron denuncias sobre un supuesto patrón de intimidación, restricciones a la movilidad y presiones contra habitantes de la zona. El grupo armado sostuvo además que pobladores habrían señalado una presunta convivencia y actuación conjunta entre integrantes de las autodefensas, personas que identifican como miembros del ELN y soldados del Ejército, acusaciones que tampoco cuentan hasta ahora con confirmación oficial independiente.