Personero Iván Daniel Oviedo reclama perjuicios: Tribunal abre incidente contra David Stiven Cruz
El abogado tendrá tres días para ejercer su derecho a la defensa ante el Tribunal.
El Tribunal Administrativo del Cauca admitió y dio apertura al incidente de responsabilidad patrimonial promovido por el personero de Popayán, Iván Daniel Oviedo, contra David Stiven Cruz González, quien demandó la nulidad de su elección.
Con esta actuación, la corporación estudiará si el demandante debe responder por los perjuicios económicos que, según Oviedo, le ocasionó la suspensión provisional de su nombramiento, medida que posteriormente fue revocada por el Consejo de Estado.
La reclamación asciende a 50.568.291 pesos, suma que corresponde, según la solicitud, a los salarios que el funcionario dejó de percibir durante los 65 días que permaneció separado del cargo y a la reliquidación de aportes al sistema de seguridad social.
El origen de la controversia se remonta al 16 de marzo de 2026, cuando el Tribunal Administrativo del Cauca decretó la suspensión provisional del acto mediante el cual el Concejo Municipal de Popayán designó a Iván Daniel Oviedo como personero para el resto del periodo institucional. Sin embargo, esa decisión fue revocada semanas después por el Consejo de Estado, al concluir que no se cumplían los requisitos legales para mantener la medida cautelar.
Con base en el artículo 240 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la defensa de Oviedo sostiene que, al haber sido revocada la medida cautelar por improcedente, procede estudiar la eventual responsabilidad patrimonial de quien la promovió.
En el incidente, Iván Daniel Oviedo reclama el pago de 50.568.291 pesos por concepto de perjuicios materiales.
De esa suma, 46.822.492 pesos corresponden a los salarios que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo suspendido del cargo y 3.745.799 pesos a la reliquidación de aportes al sistema de seguridad social, valores que, según la solicitud, deberán ser asumidos por el demandante si así lo determina la autoridad judicial.
Con la decisión adoptada, el Tribunal ordenó correr traslado de la solicitud al demandante para que presente su defensa dentro del término legal.
Posteriormente se decretarán las pruebas y, con base en ellas, la corporación determinará si existe o no responsabilidad patrimonial y si hay lugar al pago de la indemnización reclamada.