📍Popayán: promesas incumplidas, negocios camuflados y ciudadanos castigados
La administración municipal de Popayán, liderada por el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, llegó al poder con un discurso claro: recuperar los servicios públicos para la ciudadanía.
Se dijo con fuerza, se repitió con convicción y se celebró como una ruptura con el pasado. Pero hoy, esa promesa se desvanece ante una realidad que golpea el bolsillo de los payaneses y traiciona la confianza de quienes creyeron en un gobierno diferente.
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Con la entrada en funcionamiento de la cámara de foto detección en el sector del INEM y próximamente la de campanario ahora para controlar la velocidad, justificada con el argumento de “salvar vidas”— se consolida otro capítulo del negocio burdo de las fotomultas, disfrazado de seguridad vial, pero diseñado para enriquecer a un particular: el empresario detrás de la empresa Quipux, quien se queda con el 80 % de los ingresos, mientras al municipio solo le quedan las migajas del 20 %. ¿Dónde está el sentido de justicia social en ese modelo?
No se trata de oponerse al control o la prevención, sino de denunciar una estructura perversa que lucra con la necesidad y el miedo, sin transparencia, sin participación ciudadana y sin equidad. Lo grave no es solo que se mantenga un modelo cuestionado, sino que sea profundizado por una administración que prometió todo lo contrario.
Es una triste paradoja que Juan Carlos Muñoz Bravo, quien prometió gobernar para todos y romper con las malas prácticas del pasado, termine avalando una política que recuerda a su antecesor Juan Carlos López Castrillón, ese político tradicional de libreto predecible, que al menos nunca disfrazó su intención de beneficiar a los de siempre.
Y como si fuera poco, la Secretaría de Tránsito Municipal hoy está en manos del Pacto Histórico. ¿Qué pensarán ahora los seguidores del presidente Gustavo Petro en el Cauca? ¿Será que este modelo regresivo de ciudad es coherente con el discurso de transformación y justicia social? ¿Dónde está el clamor popular frente a estas medidas que golpean directamente al ciudadano de a pie?
En Popayán, mientras el Pacto Histórico presume una gestión progresista, la realidad es una especie de pantomima institucional: la Secretaría de Tránsito, puesta en manos de Lizeth Vanessa Plazas Quibano, considerada cuota política del representante Jorge Bastidas, miembro destacado del mismo movimiento, revocó presuntamente de forma irregular 22 comparendos a la madre y esposa del congresista, por más de 25 millones de pesos, sin pruebas legales válidas y bajo presiones directas, fomentando una red de favores personales que erosiona la transparencia pública y vulnera la igualdad ante la ley.
Alexander Casas Prado
La ciudadanía no necesita cámaras escondidas ni contratos lesivos. Lo que necesita es coherencia, liderazgo y gobernantes que estén del lado de su gente, no del lado de los negocios privados que empobrecen al pueblo en nombre de la ley.
Popayán no necesita más excusas. Necesita hechos. Y sobre todo, necesita gobernantes que honren su palabra.