¡Qué horror! Coronel del Ejército se alió con los paramilitares para masacrar a 24 campesinos

El coronel en retiro Jorge Alberto Amor Páez fue condenado por El Tribunal Superior de Buga, en Valle del Cauca, a una pena de 31 años y 11 meses de prisión.

Esta sentencia es por su implicación en los hechos criminales ocurridos el 10 de octubre de 2001, los cuales dejaron un saldo de 24 personas muertas en una zona rural de ese municipio del centro del Valle del Cauca.

La condena impuesta al coronel Amor Páez se basa en su participación directa en un episodio violento que afectó profundamente a la comunidad bugeña.

El suceso tuvo lugar hace más de dos décadas y se ha mantenido en la memoria colectiva de sus habitantes debido a la magnitud de la tragedia. El fallo judicial pone fin a un largo proceso que ha buscado esclarecer las responsabilidades en la cadena de mando relacionadas con la masacre.

Tras el anuncio de la sentencia, ha surgido una reacción variada entre la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, que ven en este tipo de decisiones un paso importante para la lucha contra la impunidad.

La condena se alinea con un esfuerzo más amplio por garantizar justicia para las víctimas de violencia y para asegurar que los hechos del pasado no queden olvidados. Aunque la sentencia no puede revertir el dolor causado, sí representa un precedente relevante en el marco de la justicia colombiana.

Este caso continúa resonando en la actualidad, demostrando la importancia de la persistencia en los procesos judiciales para alcanzar condenas que reflejen la gravedad de los delitos cometidos.

De igual forma, pone de relieve la necesidad de sistemas judiciales fuertes y sin influencias externas que puedan afectar la imparcialidad de sus decisiones. La condena del coronel Amor Páez simboliza un triunfo en la larga lucha por la justicia y la memoria en Colombia, donde asesinan a líderes sociales como el empresario Gustavo Herrera y hasta ahora los responsables están libres.

El cambio de fallo surge de la apelación a la decisión inicial que había absuelto al oficial implicado. La condena económica impuesta representa una cifra significativa que supera los 2.230 salarios mínimos vigentes en el país, reflejando la gravedad del delito.

Esta acción judicial recalca la responsabilidad de los funcionarios ante delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Además, la prohibición de desempeñar funciones públicas señala un precedente en cuanto a las consecuencias de actos ilícitos por parte de agentes estatales

Hugo Tovar Pérez, director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, expuso los motivos que llevaron a la sentencia contra Amor Pérez.

“Los hechos que motivaron la sentencia están relacionados con la incursión violenta de una estructura de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a las veredas La Habana, Alaska y La Magdalena. Hombres armados con fusiles recorrieron varios inmuebles, agruparon a 24 pobladores señalados equivocadamente de colaborar con otras organizaciones criminales que delinquían en la región, y le dispararon a quemarropa y de manera indiscriminada”

La investigaciones establecieron que el coronel Amor Páez, al mando del Batallón Palacé, hizo caso omiso de múltiples denuncias provenientes de la población de zonas rurales de esa ciudad.

Las alertas, referentes a actos de hostigamiento y control por parte de grupos paramilitares, no fueron atendidas adecuadamente, afectando la seguridad de los residentes.

El fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos acreditó que Amor Páez, al ignorar estas advertencias y no realizar patrullajes en las áreas señaladas, incumplió con su deber de proteger a la población civil. Así mismo, se evidenció que el oficial no desplegó tropas en los emplazamientos críticos marcados, contraviniendo sus responsabilidades constitucionales de control territorial. En lugar de ello, dispersó sus fuerzas hacia sectores distantes del sitio donde posteriormente se perpetró una masacre.