Silencio informativo en las emisoras de paz: el Gobierno De la Espriella suspende su programación regional

Las 20 emisoras nacidas del Acuerdo de Paz de 2016, encargadas de informar a las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, suspendieron la emisión de noticieros, boletines y programas culturales, pedagógicos y regionales.

Desde la semana pasada solo transmiten música, con una señal centralizada desde Bogotá. La medida fue adoptada por la nueva administración de Inravisión -antes RTVC, el sistema de medios públicos-, que anunció una revisión de la parrilla de esas frecuencias, de sus otras 11 emisoras descentralizadas y de su oferta televisiva. La decisión, vigente desde el 18 de agosto, ya generó reparos de la Defensoría del Pueblo, una tutela anunciada por el excandidato presidencial Iván Cepeda y un debate de control político en el Congreso.

El anuncio llegó después de que integrantes del Gobierno de Abelardo de la Espriella, con menos de tres semanas en el poder, calificaran al medio como un "aparato de propaganda" durante la administración de Gustavo Petro. Voces de la derecha respaldaron esos señalamientos. El senador Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, colectividad que avaló a De la Espriella en su aspiración presidencial, afirmó que esas frecuencias funcionaban como "megáfonos oficiales de las FARC para adoctrinar regiones".

Si bien la suspensión es formalmente temporal, el Ejecutivo no ha fijado fecha para restablecer el enfoque informativo y territorial. Tampoco puede leerse como un simple ajuste administrativo por el relevo presidencial: las emisoras de paz constituyen el único compromiso del Acuerdo de 2016 que alcanzó el 100 % de cumplimiento, estatus que ostentan desde diciembre de 2024.

Ese cumplimiento total no consistió únicamente en poner al aire 20 frecuencias. El Acuerdo exige que operen y generen contenidos desde los propios territorios. Por eso, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia (CSIVI) monitorea las horas de transmisión, la proporción de programación local y las producciones realizadas, que deben incluir la participación de comunidades indígenas y campesinas, entre otras.

"Estamos preocupados, pero estamos esperando la decisión final del Gobierno. Las emisoras tienen el objetivo de abordar los componentes de las violencias en Colombia, incluyendo la cultural. Por eso, el Acuerdo de Paz plantea, de manera sui generis, crear esa red de emisoras, que permita promover información sobre el estado y avance en la implementación del Acuerdo de Paz y desarrollar iniciativas que promuevan la convivencia y la reconciliación, y que estimulen la reconstrucción del tejido social y comunitario", señala Federico Montes, delegado de los desmovilizados de las extintas FARC ante la CSIVI, quien recuerda además que su vigencia se extiende hasta 2030.

Comunicadores que trabajaron en estas frecuencias o en otras del sistema, y que solicitan reserva de su identidad por miedo a represalias contractuales, sostienen que la oferta local iba mucho más allá de los boletines. "Incluía conversaciones con comunidades, contenidos culturales, información de servicio, asuntos relacionados con campesinos, víctimas, líderes sociales y procesos de implementación del Acuerdo. También funcionaban como apoyo de la programación informativa nacional con reportes desde las regiones", relata uno de ellos. Otro asegura que, en los primeros días del nuevo Gobierno y antes de la suspensión, recibieron instrucciones de suprimir palabras como "compañero" al aire y de no entrevistar a población indígena.

Las 31 frecuencias de RTVC actualmente en pausa emplean a 230 contratistas para su operación: 114 en las emisoras de paz y 116 en las descentralizadas. Varios de esos contratos vencen entre octubre y diciembre.

Alexei Castaño, director de Radio Nacional de Colombia, reaccionó en su cuenta de X. "La radio pública no es únicamente una programación. Es un servicio esencial que informa, orienta, acompaña y conecta a los ciudadanos, especialmente en territorios donde otros medios tienen una presencia limitada. Esta decisión se toma precisamente cuando Colombia enfrenta una situación de emergencia por un terremoto. En circunstancias como estas, la información oportuna y el contacto permanente con las regiones pueden ser determinantes para las comunidades", escribió.

Según las fuentes consultadas, la nueva gerente de Inravisión, Ángela María Mora, ha sostenido que es necesario evaluar los contenidos antes de definir una nueva parrilla. EL PAÍS buscó a Mora para conocer su posición sobre esta determinación, pero no obtuvo respuesta a los mensajes enviados.

La medida se enmarca en un escrutinio más amplio sobre Inravisión. El Ministerio de las TIC y la nueva gerencia han lanzado críticas contra la administración saliente. El 22 de agosto, la ministra Alexandra Falla reveló el hallazgo de convenios firmados con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia por cerca de 7.255 millones de pesos, destinados a servicios de "pauta, plan y/o contenido digital". De acuerdo con la cartera, una parte de esos recursos se ejecutó en meses que coincidieron con la campaña presidencial de 2026, lo que consideran un indicio sospechoso de uso indebido del sistema. El Ministerio anunció que seguirá examinando la contratación.

Sin embargo, más allá de esa indagación, el Gobierno no ha vinculado hasta ahora a las emisoras de paz con esos convenios ni les ha atribuido conducta irregular alguna. Así se lo recordó la Defensoría del Pueblo este domingo. El organismo de derechos humanos pidió reevaluar la suspensión de manera prioritaria y subrayó que estas frecuencias "no son emisoras públicas ordinarias".

La decisión ya activó dos frentes institucionales. El congresista de izquierda Alejandro Toro convocó un debate de control político contra la ministra Falla y la gerente Mora. El legislador del Pacto Histórico, partido del anterior presidente, advierte que la medida podría constituir un incumplimiento de compromisos de Estado consignados en el Acuerdo y vulnerar el derecho a la información de las comunidades cubiertas por las señales, que agrupan a casi medio millón de colombianos. También objetó otras determinaciones de la reestructuración del sistema de medios públicos.

De manera paralela, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, de la misma colectividad, anunció una acción de tutela contra MinTIC e Inravisión para revertir la suspensión, al considerar que lesiona los derechos fundamentales a la información, la libertad de expresión y la paz.

Todo esto sucede en el marco de la "batalla cultural" proclamada por el presidente Abelardo de la Espriella para disputar las narrativas públicas, los valores sociales y reivindicar ciertos mensajes tradicionales frente a una agenda más progresista. Aunque esa "batalla cultural" aún no se ha materializado en una política definida sobre los medios públicos, el Ejecutivo ha anticipado un giro en los contenidos estatales y ha criticado lo que interpreta como un sesgo ideológico de la administración anterior. Este lunes, las cuentas de RTVC en redes sociales promovieron una jornada de oración por las víctimas del terremoto del 10 de agosto, un gesto que algunos leen como parte de esa nueva línea editorial.